¿Cuánto incide la calidad de las instituciones en el desarrollo sostenido del país?
El funcionamiento de la Justicia, los organismos de control y la creación de regímenes especiales, entre otros factores, siembran dudas que minan el crecimiento de la Argentina
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
Los premios Nobel de Economía Daron Acemoglu y James Robinson plantearon que la prosperidad o el fracaso de las naciones no se explica por la geografía, la cultura o la dotación de recursos naturales, sino por la calidad de sus instituciones políticas y económicas. Su libro Por qué fracasan los países confirmó una intuición que venía planteándose desde hacía años: allí donde rigen reglas claras, previsibilidad jurídica, controles efectivos y límites al poder, el crecimiento puede transformarse en desarrollo sustentable; donde esas condiciones faltan se perpetúa la pobreza e incluso los ciclos de expansión terminan en crisis recurrentes. La Argentina aparece como un caso de estudio paradigmático de esa tesis, y no precisamente como ejemplo a seguir.
Reglas de juego que cambian con cada gobierno, contratos que se firman y luego se revisan, fallos judiciales que no llegan nunca o no se cumplen, corrupción impune, organismos de control colonizados políticamente, un Congreso en el que se negocian votos por favores, un Estado que interviene de manera discrecional y una cultura política que naturaliza la excepción forman parte de un paisaje conocido en el país. En ese contexto, la inversión de largo plazo llega con cuentagotas, por más esfuerzo que se ponga en atraer capitales, mientras la economía oscila entre aperturas y cierres sin lograr sostener un rumbo estable.
Delia Ferreyra Rubio, consultora y expresidenta de Transparencia Internacional, refuerza el vínculo entre instituciones e inversión. “Los índices de desarrollo económico y calidad de las instituciones muestran una clara correlación -afirma- La solidez institucional de un país, sin dudas, contribuye a generar condiciones favorables para la inversión, que, como motor del crecimiento, demanda seguridad jurídica, reglas claras y estables y una justicia independiente eficaz para proteger los derechos, la libertad y la propiedad. Además, por supuesto, de condiciones geopolíticas y de ordenamiento económico”.
Pero la calidad de las instituciones no solo es importante para la economía, agrega. “Es esencial para todas las personas en su vida diaria. Cuando fallan, la libertad y los derechos de los ciudadanos corren peligro”. Con el foco en lo local, plantea que la Argentina “viene de años de retroceso y deterioro institucional, lo que ha facilitado la corrupción, el clientelismo y el derroche de los recursos públicos, todo ello amparado por altos niveles de impunidad”.
El inconveniente, señala, no es normativo: “En general contamos con las normas necesarias; el problema es la brecha entre la norma y la práctica, alimentada por una cultura social caracterizada por la anomia”.
Graciela Römer, socióloga y directora de Saving Democracy, coincide con ese diagnóstico. “En la genética cultural argentina hay un problema serio de subordinación moral a la ley; se denosta la ley y se endiosa la ‘viveza criolla’”.
Juego de intereses
Römer cita al filósofo y jurista Carlos Nino, quien sostenía que la Argentina es un país anómico. “Lo vio con enorme claridad -dice-. Cuando Raúl Alfonsín plantea que con la democracia ‘se come, se cura y se educa’, entendimos mal. No quería decir que la democracia se iba a convertir en un proveedor, sino que era el único sistema que genera condiciones para que esto ocurra. Entendemos nuestro compromiso democrático de manera acotada, como el votar y el recambio de gobierno. No es así. La institucionalidad plena es crucial, es una condición que tiene todo que ver con el crecimiento sustentable”.
Los ciclos de crecimiento e implosión de la economía argentina separan al país de vecinos como Chile o Uruguay, que crecieron sostenidamente, aun teniendo sus crisis, dice Römer. A su criterio, esta dinámica abre interrogantes respecto a qué tipo de liderazgo necesita el país “para sostener y proyectar crecimiento”. No duda de que la Argentina crecerá en los próximos años, pero no tiene claro si será en forma sostenible. “Esta gestión tomó decisiones valiosas para salir de la trampa. Sin embargo, no veo que sea un liderazgo prospectivo, que pueda sostener instituciones, valores republicanos”.
Entre los desafíos concretos, Ferreyra Rubio señala como un área clave a mejorar la administración de Justicia. “Es indispensable cubrir los cargos vacantes y revisar las normas de procedimientos que, pensadas para garantizar los derechos de las partes, se han transformado en mecanismos para dilatar los procesos o son utilizadas para el forum shopping. Además, hay que revisar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que no ha cumplido el objetivo de despolitizar el nombramiento y remoción de los jueces con el que fue creado en 1994”.
La experta señala también que se deben “reforzar los mecanismos de transparencia, la ley de acceso a la información y la de ética pública, para crear de una buena vez una Oficina Anticorrupción que sea independiente del poder político de turno”. En esa línea, recuerda que uno de los compromisos asumidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es la reforma de la ley de ética pública.
“La Corte Suprema es la institución madre de la república, una especie de lo que es el super yo para la persona, clave en los valores que se transmiten, así que completarla es muy importante -subraya Römer-. La Justicia en su conjunto y el Parlamento son dos instituciones axiales de la democracia, con lo que debe importar la calidad de sus representantes. El mundo, y la Argentina no es una excepción, lleva 20 años de resentimiento hacia la democracia”.
El politólogo Juan Negri distingue entre crecimiento y desarrollo, remarcando que el segundo “surge de reglas claras y sostenidas en el tiempo. ”Esto es algo que la Argentina no logra consolidar, y que se traduce en la capacidad del Estado de hacer cumplir los contratos y de contar con una burocracia estable. Pese a los reclamos de más previsibilidad, todos buscan aferrarse a privilegios particulares. Es la manera de sobrevivir, son como codazos en el bote salvavidas. Así, proliferan beneficios selectivos, privilegios corporativos y se desalienta la competencia genuina”.
Las “reglas claras” son un reclamo que está hace años incluido en la agenda de las entidades empresarias. Sus referentes lo repiten invariablemente en actos donde participan y participaron funcionarios de todas las administraciones. Por ejemplo, las autoridades de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) enfatizan que el “fortalecimiento de la institucionalidad es un factor central para mejorar el clima de negocios y generar las condiciones necesarias para un crecimiento sostenible. En un contexto global desafiante, la previsibilidad, la seguridad jurídica y la calidad de las instituciones resultan claves para atraer inversiones, potenciar la competitividad y construir una Argentina con bases sólidas de desarrollo”.
La Cámara señala que “unas instituciones sólidas y transparentes son la base de una economía sostenible, facilitan el acceso al financiamiento, impulsan la innovación y promueven un crecimiento con impacto económico y social”.
Consolidar la institucionalidad como una política de Estado es esencial para una Argentina competitiva, destacan. Y llaman a tejer “consensos”, un pedido que en los últimos meses tanto desde el gobierno de Estados Unidos como desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) hicieron al presidente Javier Milei.
Transparencia
El economista Esteban Domecq comparte que la institucionalidad es relevante para el crecimiento sostenible. “Los inversores de largo plazo lo preguntan más allá del interés en la macroeconomía”, define. Y desglosa los factores que, a su entender, el país necesita resolver: reglas de juego claras y estables (“que cada gobierno que llegue no las defina de nuevo, porque eso atenta contra la planificación a largo plazo de las empresas”) y cumplimiento de contratos (“que se respete lo firmado es elemental, así como saber que si se va a la Justicia, esta hará respetar lo acordado)”.
Incluye también el funcionamiento ”independiente y previsible” de la Justicia, “que no haya injerencia del poder político”. También, el respeto por el derecho a la propiedad en sentido amplio: que no se bloqueen activos, que se puedan pagar importaciones, que se puedan girar dividendos. En suma, “que el Estado no intervenga de manera discrecional, que no controle precios, que no fije cuotas de exportación”.
Norma Morandini, expresidenta de Poder Ciudadano y exlegisladora nacional, plantea que la Argentina arrastra una falla estructural: “Cumplimos medio siglo de continuidad electoral. Es un mérito haber interrumpido la zaga de los golpes militares. Pero, a la luz de las sucesivas crisis económicas y nuestro atraso social, no hemos rehabilitado la política en el sentido democrático, ni desarrollado como valor el cumplimiento de la ley, sustento de la institucionalidad”.
Para Morandini, “los escándalos de corrupción son la prueba más incómoda de que no han funcionado las instituciones de control como la Auditoría General, el Consejo de la Magistratura, la Sigen o la Oficina Anticorrupción. Se llenaron de cargos partidarios sin requerir independencia política e idoneidad”. Grafica también con la vacante en el Defensor del Pueblo: “Hace 16 años que el Congreso no puede consensuar un nombre”.
Su mirada sobre el Congreso es especialmente dura. “Es la institución más devaluada, ya que siendo un poder autónomo se lo maneja a control remoto desde el Ejecutivo de turno. La palabra del debate ha sido remplazada por el insulto personal y los agravios. Prevalece el trueque, se cambian las votaciones por prebendas o favores. La fragilidad institucional ha cancelado la participación ciudadana, que debe ser también autónoma, respetada en su dignidad y no acarreada para hacer número en manifestaciones partidarias”.
El economista Enrique Szewach dice que estamos en un mundo que ha dinamitado las instituciones, pero que, más allá de eso, la Argentina tiene un problema reputacional. “El país deberá pasar mucho tiempo haciendo buena letra, gobiernos y gobiernos. Para atraer inversiones se echa mano a regímenes especiales; ahora el RIGI, hace años el de Tierra del Fuego. Algo especial, fuera de lo regular, pero esas garantías sirven mientras las cosas funcionan y se cambian después, aunque deriven en un juicio”. Señala además que se debe “mejorar la independencia del Banco Central”.
Las dudas sobre la institucionalidad derivan en “inversiones de renta rápida -dice Carlos March,exdirector ejecutivo de Poder Ciudadano y ahora director de Futuro de Fundación Avina-. Alteran la inversión genuina en todos los sectores. ¿Quién asegura que las reglas que rigen para el primer año de una refinería de biocombustibles se mantendrán hasta el séptimo, que es cuando empieza a recuperarse el dinero?”.
March distingue institucionalidad de gobernabilidad. “Muchas veces el mercado negocia gobernabilidad para su rentabilidad, sin reparar en la institucionalidad. Si a eso se le suma la corrupción, el combo es muy problemático. También las organizaciones sociales hacen lobby. El problema es que esa negociación no es pública. El que no logró poder para incidir en una norma, queda afuera. La democracia pasa de ser un sistema ético a un modelo de moral, deja de tener un marco de valores”.
