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De 1983 a hoy, la democracia mantiene una deuda ética
Un país pobre y desigual condiciona el grado de autonomía de los ciudadanos y sus posibilidades de autorrealización como individuos libres
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PARA LA NACIONDamián Toschi
Para Alexis de Tocqueville, autor del célebre libro La democracia en América, una sociedad democrática es aquella que se apoya sobre dos pilares fundamentales: la igualdad y la libertad. En su teoría, desarrollada luego de estudiar el sistema político y social de los Estados Unidos en 1831, Tocqueville vincula el primer concepto con los hábitos de la mente, donde se imponen la razón y la identidad. La libertad, en tanto, es un hábito del corazón, un sentimiento que se genera cotidianamente.
Celebrar los 40 años de democracia trae aparejado el desafío de recuperar la movilidad social”
En Argentina actual, la tesis del pensador y jurista francés está lejos de confirmarse. Desde hace cuatro décadas, y luego de haber superado en este lapso distintas asonadas castrenses y levantamientos de fuerzas insurreccionales, la democracia constituye un mecanismo procedimental, formal y saludablemente naturalizado. En los hechos, los ciudadanos eligen a sus representantes en elecciones periódicas, libres, limpias y competitivas. Esta sana costumbre cívica, sumada a la sostenida decisión de los gobernados de renunciar al socorro militar para poner fin gobiernos que no colman sus expectativas, le brinda estabilidad y legitimidad al andamiaje político.
En contraposición, el engranaje institucional de la República presenta algunas falencias insoslayables. En efecto, no siempre se da cumplimiento a la letra constitucional. De igual manera y con frecuencia, las leyes, reglamentos y disposiciones representan letra muerta al servicio de la anomia general. Más aún, en diversas circunstancias, los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– caen en la ineficacia, toda vez que se apartan de sus roles específicos o no logran interpretar las demandas de la población.
En el plano social, en tanto, las mediciones oficiales reflejan el retroceso que experimentó el país en los últimos ocho quinquenios. Algunos datos dan cuenta de ello. Tomando las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, un reciente informe de Unicef determinó que, en el segundo semestre de 2022, el 51,5% de los chicos argentinos son pobres por ingresos, vale decir: las familias no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos y servicios.
Asimismo, si se considera a quienes sufren privaciones no monetarias, ligadas con derechos básicos vulnerados como acceso a la educación, protección social, vivienda adecuada, agua y un hábitat seguro, el valor alcanza el 66 %. En consecuencia, sumando ambos relevamientos, el total de carenciados infantiles asciende a 8.800.000.
Teniendo en cuenta las expectativas de transformación que generó en su instancia refundacional, la democracia mantiene, desde 1983 hasta hoy, una deuda ética: no logró garantizarles a todos los habitantes niveles mínimos e indispensables de bienestar material. Esta situación, de alguna manera, condiciona el grado de autonomía de las personas y sus posibilidades de autorrealización como individuos libres. Así, pues, mientras aseguró su continuidad en tanto forma de gobierno, el sistema naturalizó obscenos niveles de pobreza, indigencia y marginalidad, entre otros males característicos.
Celebrar 40 años ininterrumpidos de vida en democracia trae aparejado un desafío medular para toda la dirigencia política: no quedarse en la mera evocación del pasado reciente y sus protagonistas. Mientras avanza un nuevo año electoral, el aniversario es una buena oportunidad para cumplir con la Constitución Nacional, pensando sobre todo en cómo mejorar el presente y diseñar un horizonte alentador, cimentado sobre movilidad social ascendente, para quienes viven rodeados de penurias y desventajas estructurales.
En este punto, entonces, se impone el cuestionamiento: ¿qué democracia se construye en un país pobre y desigual? Este interrogante, interpretado con honestidad intelectual y sin demagogia, debe ser un catalizador moral para los gobernantes actuales y futuros.
Licenciado en Comunicación Social (UNLP)
