El boomerang de la precariedad, con La Salada como epicentro

La vida en Ingeniero Budge no es para cualquiera. En esta ciudad del partido de Lomas de Zamora, del cual Martín Insaurralde fue intendente durante más de diez años, los vecinos saben que ni las ambulancias ni los bomberos ingresarán al barrio en caso de emergencia. Por experiencia, saben que solo funciona un pequeño hospital para un territorio densamente poblado y que para ir a trabajar dependen de un transporte público que cubre apenas una pequeña porción de su territorio y suele dejar de funcionar cuando las calles se inundan.

Ellos también saben que en esta ciudad, gobernada desde 1983 casi exclusivamente por el peronismo, la distribución de la tierra es un problema grave, que se expresa en que solo un puñado de personas tienen la titularidad de sus viviendas o poseen un contrato de alquiler legalmente válido. La consecuencia de esto es un sentimiento de inseguridad existencial profundo, que aflora cuando los habitantes tienen dificultades para demostrar dónde viven, por ejemplo, al momento de contratar servicios como la electricidad, internet o telefonía. Este panorama se completa con una desconfianza generalizada hacia una fuerza policial local que, desde hace mucho tiempo, ha descubierto que es más rentable cobrarles protección a las cocinas de paco o a otros negocios oscuros que hacer cumplir la ley.

Ingeniero Budge, sin embargo, es el escenario en el que ha surgido uno de los fenómenos sociales con alcance nacional más importantes de los últimos treinta años: La Salada. Este mercado, denostado por unos y exaltado por otros, se ha convertido en una fuente de ingresos para millones de personas a lo largo del país en un contexto de progresivo deterioro económico.

La Salada es el epicentro de una economía informal con ramificaciones en todo el territorio nacional que ofrece una solución a un problema tan acuciante como concreto: el acceso a la ropa a precios razonables.

Solo hace falta que usted, lector, ensaye una respuesta a interrogantes tales como, por ejemplo, ¿dónde compran los padres la indumentaria para sus hijos cuando comienza el año lectivo?, o ¿quién puede hoy en día comprar ropa de “marca” en shoppings céntricos? Con independencia de cualquier juicio moral, no le será difícil reconocer la importancia de esta economía y que su relevancia como fuente de empleo y consumo ha escalado al ritmo del maltrecho poder adquisitivo de la población. Miles de talleres informales dispersos por todo el conurbano, especialmente en los partidos de La Matanza, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, proveen ropa a este mercado dedicado a la venta al por mayor.

Y hacia ese rincón del conurbano llegan semanalmente cientos de ómnibus de larga distancia a comprar toneladas de prendas que luego son revendidas en las famosas saladitas dispersas por todo el territorio nacional y más allá. La economía en torno a La Salada no solo es una fuente de ropa accesible para una población empobrecida que abarca todas las clases sociales, sino también fuente de empleo informal que ofrece ingresos regulares.

Esta economía comenzó a gestarse a principios de los años 90, fue un refugio social y económico durante 2001 y llega a nuestros días cumpliendo un rol nada desdeñable. No hace falta celebrar La Salada y tampoco denigrarla, pues hay razones valederas para ambas cosas. De cara al futuro, sin embargo, quizá sea más productivo preguntarse por qué los gobiernos municipal, provincial y nacional han permanecido indiferentes durante tantos años ante esta dura realidad. O por qué, incluso, han enaltecido una economía que, al final del día, no promueve ni una ciudadanía plena, ni un progreso integral y mucho menos una integración progresiva al resto de la economía del país. En última instancia, por qué en los hechos se defienden condiciones laborales que distan tanto del código laboral, estandarte del partido que decide los destinos de ese municipio.

Estos son interrogantes válidos en un contexto de profunda desafección política, descreimiento de la acción estatal efectiva y exaltación del mercado como único formato válido de distribución de la riqueza.

En lo que sigue el lector podrá encontrar una explicación a estos interrogantes, aunque se puede adelantar la respuesta: a la clase política dirigente le conviene esta situación.

El Estado en el conurbano

“El problema es que la precariedad es útil”, me dijo un experimentado dirigente peronista de Lomas de Zamora allá por el año 2013 y continuó “nosotros teníamos otro proyecto político, pero ahora lo único que importa es hacer caja”.

Todo comienza con la necesidad de miles de personas con dificultades laborales que ven en la costura y la venta informal de ropa una salida laboral. Y sigue con un cálculo racional que consiste en pensar que fabricar ropa y pegarle el logo de una marca famosa permitirá vender más: los productores conocen a los consumidores, saben que gran parte de la población desea ropa de marcas famosas, que a los niños les gustan los personajes infantiles que ven en la televisión y que hay un universo de preferencias que se mantienen vigentes aún en una situación de crisis.

Y no se equivocan. Alrededor del cincuenta por ciento de los ocho mil puestos que tiene el predio de veinte hectáreas de La Salada vende, de un modo u otro, ropa de marcas famosas.

¿De qué manera han respondido los gobiernos ante esta realidad? Al menos de dos maneras que podrían resumirse con expresiones gráficas: “dejar hacer” y “cobrar peaje”. En el primer caso, diferentes agencias estatales y gubernamentales –como los inspectores laborales, el fisco o los municipios– han permanecido estratégicamente inmóviles frente al vertiginoso aumento de la cantidad de talleres informales dedicados a la manufactura de ropa. Hoy en día en la Argentina hay más trabajadores dedicados a la fabricación de ropa en el sector informal que en el sector formal. Y no se trata únicamente de un problema de ilegalidad, sino de la obligación gubernamental de encauzar la necesidad, la capacidad y el deseo de trabajar de miles de ciudadanos para así poder mejorar sus condiciones laborales y perspectivas de vida. La pregunta por la legalidad tiene sentido cuando un gobierno pone a disposición los medios para hacerla realidad. Pero si la respuesta es “dejar hacer”, que no es más que rehusarse a hacer cumplir la ley y no desarrollar una política transformadora de esa realidad, el único resultado posible es la reproducción de la precariedad.

Pero esta precariedad, además de ser útil para crear puestos de trabajo informales y promover la actividad económica de manera descontrolada, ha servido también como plataforma de financiamiento de actividades y carreras políticas.

Una de las mejores fuentes de recursos para “hacer caja” en La Salada se llama “marca” y consiste en un impuesto ilegal que diversos personajes –policías o empleados de las ferias– tradicionalmente les han cobrado a todos aquellos que venden ropa con el logo de marcas famosas.

Lo que sucede es simple: si usted alquila un puesto de La Salada y exhibe prendas con el logo de una marca famosa, pronto pasará un supuesto cobrador que amablemente le pedirá una suma fija de dinero con el pretexto de que usted está contraviniendo la ley.

Acá lo importante es que a usted no le aplican la ley como está previsto, que consistiría en confiscar su mercadería por infracción a la ley de marcas, sino que se aprovechan de su necesidad de vender y le cobran un “peaje”. En otras palabras, usted va a poder seguir infringiendo la ley siempre y cuando pague religiosamente la módica suma de dinero que le exigen. Por cierto, si advierte alguna similitud con el comportamiento de la policía que cobra por protección a los narcos es pura casualidad. Es el comportamiento típico de la mafia, que basa su poder en la desconfianza generalizada para vender protección y mantener cautivo a un sector de la población. Acá vuelven a tener sentido las palabras del dirigente peronista aludido antes: la precariedad, resultante de la necesidad, la falta de oportunidades o la falta de calificaciones laborales, se transforma en un rasgo útil para quienes detentan el poder.

Pero quienes han construido su carrera política en Lomas de Zamora saben que la recaudación de este impuesto ilegal no se queda en el predio de La Salada, o al menos no toda. Los cobradores entrevistados señalaron que la recaudación, que en el año 2013 ascendía a 750.000 dólares mensuales (según estimaciones propias, basadas en el conteo pormenorizado de los puestos que venden marca y de los montos que se pagan en cada sector del mercado) luego se distribuía entre diez agencias estatales y gubernamentales a nivel municipal y provincial. Se trata de un gigantesco sistema de recaudación informal al servicio de la política de turno. Pero las prestaciones de los productores de ropa no terminan ahí. Por orden de los jefes de los predios de La Salada, según cuentan dirigentes sociales del distrito, los fabricantes de indumentaria informales han hecho donaciones masivas de ropa con motivo de las inundaciones en La Plata y para el recordado programa gubernamental “Ropa para Todos”. En síntesis, si uno toma distancia y adopta una mirada de conjunto, es difícil no ver aquí una pirámide social en cuyo vértice hay unos pocos que continuamente extraen recursos generados por otros; que hacen usufructo del trabajo y de las duras condiciones de vida de una mayoría que está en la base de la pirámide. También resulta evidente que esa pirámide permanece integrada porque no existen incentivos para producir un cambio: miles de personas necesitadas de trabajo han encontrado una ocupación y necesitan producir prendas con logos famosos para poder vender (¡porque a usted, lector, le gustan esas prendas!), los jefes de las ferias manejan un negocio inmobiliario millonario que consiste en alquilar miles de puestos y las autoridades han descubierto que cobrarles un “peaje” a los infractores de la ley es una inagotable fuente de recursos al servicio del enriquecimiento personal y del financiamiento de sus carreras políticas.

Las consecuencias

Han pasado treinta años de lo que podríamos llamar una política industrial informal basada en dos pilares: una clase política que no hace cumplir normas básicas y que, más allá de discursos estatistas, en los hechos tiene una confianza casi ciega en que las dinámicas del mercado informal generarán empleo y bienestar.

En este contexto, no debería sorprender que el resultado sea un sinnúmero de cuentapropistas, pequeños empresarios informales y comerciantes profundamente convencidos de que el estado es un estorbo y que el mercado es la solución. En verdad, ellos son el producto del mercado puro y duro.

Ahí no hay experiencia o registro de la acción positiva de un gobierno que enseña el valor de las normas de convivencia al tiempo que ofrece instrumentos efectivos para cumplir con las mismas. Por el contrario, lo que ha surgido con fuerza son narrativas individuales de éxito a pesar y no gracias al estado y los gobiernos. Esta acción política ha sentado las bases de una subjetividad que prefiere la prestación de servicios privados en lugar de servicios públicos: hasta en los barrios más humildes, quien puede paga la educación privada, prescinde del transporte público, invierte en seguridad privada y evita el pago de impuestos porque impera la desconfianza.

No es una rareza entonces que sea en este contexto del conurbano bonaerense en donde los discursos fundamentalistas acerca de la supremacía del mercado encuentran eco, en donde la furia de un panelista televisivo con rasgos autoritarios es recibida con algarabía y en donde las andanzas del “Isidorito” lomense vienen a confirmar lo que ya se sabía.

Sociólogo e investigador senior en la Universidad de San Gallen, Suiza. Autor de El orden clandestino: política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina (Katz).