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El Gobierno debe respetar el proceso legislativo
Un proyecto de ley de más de 600 artículos requiere de un profundo debate entre quienes respresentan al ciudadano
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A fines de 2008 se advertía sobre “la subversión del proceso legislativo en la Argentina”, luego de la estatización exprés de los fondos de las AFJP y un blanqueo de capitales, y en general del recurso de imponer la mayoría alterando el principio de publicidad en la formación y sanción de las leyes. Aquello que se le criticaba al kirchnerismo se aplica hoy al gobierno de Javier Milei.
En el caso del nuevo gobierno, con la gravedad de empezar con un decreto de necesidad y urgencia que viola la independencia de poderes y crea el precedente para que un próximo presidente de otro signo político apele al mismo recurso, pero con reformas en sentido contrario. ¿Dónde quedó la defensa del Estado de derecho y la seguridad jurídica que siempre pregonaron los liberales?
Tanto para el DNU, que requiere consideración del Congreso, como para el proyecto de mega ley enviado al Poder Legislativo para ser tratado en las sesiones extraordinarias, se exige desde el Poder Ejecutivo celeridad para su tratamiento, en una demostración de “fatal arrogancia libertaria” y en clara violación al período de publicidad del proceso legislativo.
Al respecto, al igual que durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, vale la pena recordar las lecciones que sobre el tratamiento parlamentario de las leyes ofrecía el economista Luigi Einaudi, un opositor al fascismo italiano y presidente de la Italia de la posguerra, entre 1948 y 1955.
En 1922, Einaudi reflexionaba lo siguiente: “El Congreso vale solo porque es el eco de la gente que no se sabe quién es, que no cuenta para nada, pero que hace llegar su voz admonitoria durante el breve o largo intervalo que transcurre entre el momento en que un proyecto de ley es depositado sobre la mesa del presidente de la cámara de diputados o senadores y el momento que llega a ser ley. La verdadera garantía de la vida, de la libertad y de los bienes de los ciudadanos es ese intervalo de publicidad. Esta es la principal virtud de los parlamentos y no debemos destruirla…No por amor al congreso sino en salvaguarda de la gente común, trabajadora, de los productores que crean la riqueza del país, de quienes no intrigan pero quieren solo que se les deje vivir, es necesario que se garantice un lapso de discusión pública”.
Ese período de publicidad al que hace referencia Einaudi, debe darse principalmente en la discusión de los proyectos de ley en comisiones, donde además de los puntos de vista de cada uno de los legisladores, apoyados por sus respectivos asesores en la materia, se incluyen los de los sectores y organismos involucrados e individuos y entidades que pueden aportan sus valiosos conocimientos sobre el tema, más las opiniones, debates e informaciones ofrecidas en los medios de comunicación.
Como se señaló entonces, un proyecto de ley cuya sanción tendrá profundas implicancias económicas requiere de un largo debate, donde previo al dictamen de la comisión debe producirse un análisis profundo y un debate riguroso. Y antes de ser tratado en el recinto, el proyecto debe tener un plazo que permita tanto las observaciones por parte de los legisladores que no integran la comisión como de la opinión pública. El mismo proceso debe luego realizarse en la otra cámara.
Ya en 1950, Einaudi profundizaba sobre los aspectos republicanos que hacen a la calidad institucional legislativa. “La existencia en muchísimos países de dos cámaras, la discusión en esos países mediante tres tratamientos, en algunos mediante comisiones, el rigor de los reglamentos destinados a garantizar la libre expresión de todas las opiniones y a tutelar a las minorías contra las mayorías, son instrumentos inadvertidos que tuvieron que introducirse para regular el flujo de las leyes nuevas, haciendo difícil su aprobación rápida y sometiéndolas a un tamizado más o menos riguroso –señaló–. Este tamizado puede ocurrir accidentalmente, pero responde a la necesidad de impedir la subversión demasiada rápida de las normas que regulan un país”.
Durante la campaña presidencial de 2023 se advirtió algo elemental sobre un eventual triunfo de Javier Milei: que no podría implementar las reformas que proponía por carecer de apoyo legislativo y que solo sería posible afectando la institucionalidad democrática. ¿Puede sorprender entonces que quienes se definen como liberales atenten, en nombre de la “necesidad y urgencia económico-social”, contra la independencia de poderes y limiten el debate público?
Milei, sus asesores y funcionarios, pero en especial sus propios legisladores y aliados en el Congreso, si de verdad son liberales y no disciplinadas ovejas levanta manos como sus pares kirchneristas, deberían recordar las palabras de Juan Bautista Alberdi: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobiernos de provincias, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que queden a merced de gobiernos o persona alguna las fortunas de los argentinos”.
Salvia es director general de Cadal (www.cadal.org)
