“El mayor problema de la Justicia empieza en las universidades”

El debate sobre la calidad de la Justicia tiende a ser espasmódico y a girar alrededor de casos resonantes. La voz cantante la suelen llevar jueces o abogados de alto perfil que generalmente intervienen en la órbita federal y en los departamentos judiciales de mayor peso territorial. Para enriquecer esa discusión, sin embargo, es imprescindible escuchar otras voces y prestar atención a actores que viven y sufren la degradación del sistema en el ejercicio cotidiano de la profesión. Una de esas voces es la de Santiago Bertamoni, presidente del Colegio de Abogados de Junín, profesor universitario e integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

Alejado de los reflectores y de la gran escena mediática, como la mayoría de los dirigentes y académicos del interior, Bertamoni aporta una valiosa perspectiva a partir de su propia experiencia, pero también desde un lugar institucional preservado de los juegos de poder y de los intereses políticos coyunturales.

“En nuestro colegio no hay reelección y ningún presidente ha ocupado jamás un cargo político o partidario mientras cumplía esa función: asumimos un mandato sin aferrarnos a un cargo y con absoluta independencia profesional”, dice como carta de presentación.

Bertamoni ejerce la abogacía desde hace veinte años. En ese lapso ha visto un pronunciado deterioro del sistema judicial en todos sus eslabones, aunque asegura que todavía son muchos los buenos jueces y los buenos abogados.

Se atreve a proponer debates incómodos y asegura que, antes de poner el foco en la selección de los jueces, tenemos que mirar con atención la formación universitaria de los abogados. En ese sentido, se anima a decir algo que parece tabú: las facultades de Derecho han privilegiado la cantidad por encima de la calidad. “Hoy se reciben abogados con una formación muy deficiente. Y eso ha degradado todo el servicio de justicia y el propio ejercicio de la abogacía. Dejamos a un Poder del Estado en manos de profesionales mal preparados”, advierte.

Bertamoni llama la atención, además, sobre otro grave peligro: “Muchos jueces hoy buscan parecer justos ante la sociedad y agradar a la opinión pública en lugar de aplicar la ley y garantizar el debido proceso. Eso pasa por una ideologización de la Justicia, que amplía los márgenes de arbitrariedad y debilita la seguridad jurídica”.

De la calidad del sistema, de los dogmas que obstaculizan su propia transformación y de los riesgos que implica una Justicia que falla “según las modas ideológicas”, habla en esta entrevista.

–En la sociedad hay un alto índice de desconfianza hacia la Justicia. Lo marcan todos los estudios de opinión pública, donde aparece una asociación muy fuerte con la ineficacia, la lentitud e inclusive la corrupción. Desde la mirada de un abogado, ¿es un juicio justo o exagerado?

–Yo creo que es un juicio mal planteado. Muchas veces, lo que la sociedad o la mayoría quiere escuchar no es exactamente lo más justo. La justicia no siempre coincide con la percepción social de lo que se considera “justo”. Yo creo que el foco no debe ponerse en la percepción de justicia, muchas veces influida por las corrientes mediáticas y por las redes sociales, sino en la necesidad de que haya seguridad jurídica. Son dos cosas totalmente distintas. Se ha instalado la idea de que lo importante es el valor “justicia”, y entonces se les demanda a los jueces que la solución del caso concreto sea “justa”. Eso es una moralización del derecho, con el peligro de caer, además, en la ideologización del derecho. Porque ¿qué es lo justo? La respuesta nos remite al ideario, los valores y las visiones que cada uno tenga. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Justicia todos los días? Resolver expedientes, dirimir conflictos y controversias: ver si un contrato se cumplió o no se cumplió, si es pertinente pagar daños y perjuicios, si un empleado está bien despedido o no, si le corresponde una indemnización a una víctima de accidente de tránsito… Y eso requiere que los jueces prescindan de lo que ellos consideran que es lo justo, desprendidos también de lo que la sociedad consideraría justo, y resolver de acuerdo con las circunstancias del caso, según las pruebas y constancias del expediente y en el marco de las pretensiones que plantean las partes. En este mundo ideologizado, hay algo que resulta incómodo decir, pero que debemos asumirlo: a veces, lo mejor para el sistema es que pierda un juicio alguien que tiene derecho a ganarlo y que tenía razón para ganarlo.

–¿Cómo es eso?

–Veámoslo en un ejemplo simple: supongamos que una mujer mayor de edad tiene un accidente de tránsito. Promueve una demanda contra el individuo que la chocó y le provocó lesiones, pero su abogado se olvida de ofrecer la prueba pericial mecánica, que es la prueba clave. Llega al final del proceso y el juez debe dictar sentencia. La pregunta es, ¿el juez debe suplir la negligencia del abogado para garantizarle el derecho a la indemnización a esa víctima? ¿O debe resolver lo que corresponde, que es desestimar la demanda porque estuvo mal planteada y no se ofreció la prueba indispensable? El valor justicia diría que “es justo” que la señora que resultó herida igual tenga una indemnización, pero la seguridad jurídica exige que esa persona pierda el juicio, aún cuando resulte injusto desde el punto de vista moral. Lo mismo cabe aplicar al derecho penal. Abrir el grifo a que los jueces suplan la negligencia de las partes nos lleva a un terreno muy peligroso. ¿Qué pasa si los jueces tienen la potestad para resolver mas allá de lo que las partes plantean y de lo que se prueba en el expediente? ¿Qué tranquilidad podríamos tener los ciudadanos si los jueces toman esa atribución en algunos casos y no en otros según su discrecionalidad? El movimiento actual, en el que se exalta el valor de “lo justo”, lleva a que algunos jueces, por la presión social que reciben, dicten sentencias desmesuradas. Y ahí es donde se puede tener una “percepción de justicia”, pero se pierde lo esencial del sistema, que es la garantía de ecuanimidad y seguridad jurídica. Entonces, ¿la acción judicial debe ser juzgada por la sociedad? Es una pregunta que debemos formularnos. Y ojo que no estoy haciendo una defensa de cómo funciona hoy la Justicia.

–De todas maneras, la sociedad no hace un juicio técnico, por supuesto, pero sí tiene derecho a evaluar la calidad y la confianza que el sistema inspira. Y esa confianza hoy parece quebrada por hechos muy concretos: cualquier ciudadano al que le toque litigar o enfrentar un juicio, sea por un accidente, un conflicto laboral o un litigio de familia, se encuentra con un sistema ineficiente, lento, burocratizado, ideológica y políticamente contaminado, en el que una sentencia puede demorar veinte años. Entonces hay una desconfianza que parece basarse en una realidad tangible…

–Sí, estoy de acuerdo. Hay un sistema desmadrado. Nosotros, la dirigencia en general, tenemos una responsabilidad. Tenemos un problema cuando la construcción de poder, que requiere ganar votos, influye sobre el deterioro del sistema. Dicho de otro modo, a la hora de buscar apoyos, los dirigentes plantean los temas que la sociedad aprueba, prescindiendo de lo que está bien. Y lo que estaría bien es discutir qué queremos y qué esperamos de la Justicia. Este es un debate que la dirigencia no da: ¿queremos que los jueces fallen de acuerdo con el principio de legalidad y con las reglas del debido proceso o que se guíen por sus sesgos ideológicos y por su propia visión moral? Veámoslo en un ejemplo concreto: los jueces laborales declaran constantemente inconstitucionalidades de oficio a favor del trabajador, y sin embargo a ninguno se le ocurre declarar la inconstitucionalidad de oficio de la ley de convenios colectivos de trabajo, que es una ley completamente destructiva para las pymes. ¿Cómo funciona esa ley? Las cámaras y sindicatos de la Capital Federal firman los convenios colectivos de trabajo, y al taller mecánico de mi ciudad, Junín, le aplican el mismo convenio que firma Toyota para su planta de Pilar. Y no pueden tener el mismo régimen salarial. Pero la ley le impide al taller de Junín discutir mano a mano con el sindicato de su jurisdicción un convenio local. Pero no hay ningún juez que declare la inconstitucionalidad de oficio de esa norma porque, claramente, perjudica a la Pyme. Obviamente, eso pasa porque en la provincia de Buenos Aires la gran mayoría de los tribunales de trabajo tienen un sesgo ideológico que hace que para despedir a un trabajador haya que encontrarlo in fraganti matando con un hacha al empleador.

–Para muchos, la Justicia laboral es una cuestión que merece un tratamiento aparte.

–El juicio laboral se ha convertido en un refugio de los malos trabajadores. Y hoy es un terreno fértil para el dictado de sentencias multimillonarias con un efecto muy destructivo para el trabajo. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que los ciudadanos, sea en un proceso civil, penal, de familia o laboral, tengan la certeza de que los jueces fallan de acuerdo con la ley, respetando los planteos de las partes y valorando, con las reglas de la sana crítica, las constancias objetivas de la causa. Es decir, si no está la prueba, el juez no puede inventarla. Hoy tenemos un “producto final” cuestionable porque los jueces han tomado un rol preponderante y muchos pasaron a creer que ellos pueden determinar qué es “lo justo”. Hoy tenemos jueces que dicen en sus sentencias que debemos pasar del “Estado de derecho” al “Estado de justicia” y se arrogan la facultad de prescindir de las reglas del proceso para hacer justicia. Eso abre una caja de Pandora que no le da seguridad jurídica a nadie. Ninguna persona que vaya a un litigio podrá estar tranquila, entonces, de que el proceso se va a resolver de acuerdo con lo que la ley manda y lo que las partes han planteado en el expediente, sino que el juez va a resolver lo que él cree que corresponde. Y a eso hemos llegado por la demanda y la presión social que dice que el juez “debe hacer justicia”.

–En algunas cuestiones es la Corte Suprema la encargada de unificar la interpretación de la ley a través de sus fallos...

–Hoy tenemos una gran Corte Suprema de la Nación. Pero ¿qué pasa? No se respetan los precedentes ni los criterios que establece el máximo tribunal. Los tribunales inferiores no acatan lo que dice la Corte. Veamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la gestación por sustitución: el legislador no la reguló, de manera que no está permitida. Es una figura que contempló la comisión redactora del nuevo Código Civil, pero que quedó pendiente de regulación a través de una ley específica. Desde 2014, que se votó el código, hasta acá, el Congreso nunca la reguló. La Corte entonces dijo lo obvio: no está regulado, no está permitido. ¿Pero qué pasa en los tribunales inferiores? Muchos aplican sus propios criterios. Así tenemos un sistema desmadrado, a tal punto que se van quebrando las reglas y entonces cada juez se puede arrogar potestades y avasallar límites. Y eso tiene que ver con un sistema cada vez más ideologizado.

–Usted plantea que en muchos casos la Justicia actúa por la presión social y mediática, pero también que hay un fuerte componente de ideologización en la mayoría de los fueros. ¿Qué pesa más? Porque daría la impresión de que en algunos casos especialmente resonantes puede influir la presión de la opinión pública, pero en la mayoría parecería pesar más el sesgo ideológico, en el que muchas veces se confunde el garantismo con el defensorismo.

–El defecto está en el proceso. Hemos perdido de vista la finalidad de la Justica. Y hay un problema con el perfil de los jueces. Y ahí es donde yo digo que tenemos una discusión pendiente: ¿queremos jueces que se hagan notar por sus sentencias o que estén dispuestos a ceñirse a las reglas del derecho, aunque sus decisiones no sean del agrado de la sociedad? Es un debate central para el desarrollo económico del país: ¿“sensación de justicia” o seguridad jurídica? Si no, nos pasa lo que nos pasa: acá una hipoteca no se ejecuta nunca, los créditos no se pagan, los desalojos no se efectivizan, las sentencias no se cumplen. Entonces, ¿qué hace la economía? Mata el crédito. Esto lo vemos todos los días.

–Y desde esa perspectiva, ¿no es fundamental el proceso de selección de jueces para garantizar profesionalismo, ecuanimidad, ajuste a las reglas del proceso?

–Es fundamental, pero el proceso de selección de jueces llega tarde. ¿Qué puede revertir un Consejo de la Magistratura si tenemos un problema grave con la formación de los abogados? Hay preguntas que debemos hacernos: ¿cuántos abogados hay? El otro día un especialista nos daba este dato: en Inglaterra hay 20.000 abogados; solo en la provincia de Buenos Aires hay 65.000: un abogado cada 260 personas. Es imposible que ese profesional tenga un trabajo que le asegure rentabilidad y le permita ejercer dignamente. Es imposible que, además de vivir bien, pueda invertir en su capacitación para que su prestación vaya mejorando día a día.

–Pero ahí hay un debate que la universidad se resiste a dar sobre la calidad, el régimen de ingreso, la exigencia y las condiciones de regularidad en el nivel de educación superior.

–Por supuesto. Tenemos una planificación universitaria que consiste en tener más clientes, en ampliar la matrícula estudiantil para acumular presupuesto, porque el presupuesto se asigna según la cantidad de estudiantes. Esta es la gran crítica que yo le hago en este tema al gobierno nacional: respetemos el presupuesto, pero cambiemos la pauta de asignación. Porque con el sistema que tenemos, las universidades no le hacen perder la regularidad a nadie porque necesitan muchos estudiantes para tener más presupuesto. Y entonces se baja la exigencia para ampliar la matrícula.

Tenemos que mirar qué pasó con la abogacía: antes era aspiracional ser abogado; era un camino de ascenso social en todo sentido. Hoy, muchos estudian abogacía como una segunda actividad: son martilleros, policías o penitenciarios que estudian abogacía. En algunas universidades privadas, estudiar Derecho hoy sale más barato que un curso de repostería. Entonces, si miramos el eslabón final, que es la selección de jueces, pero no ponemos el foco en la formación universitaria, empezamos mal. Hoy tenemos abogados que salen de la facultad casi sin saber leer ni escribir porque la universidad les permitió ingresar sin esas herramientas básicas. Y esta no es una carrera difícil como las ingenierías, donde el propio sistema hace de filtro y en primer año quedan muy pocos. Acá pasás.

–¿Y por qué los colegios de abogados no plantean un gran debate alrededor de este tema?

–Bueno, yo trato de plantearlo. Pero detrás de esto hay una serie de intereses. Yo defiendo la universidad pública, creo que no hay que quitarle recursos y mucho menos, autonomía, pero debería haber examen de ingreso y un replanteo del modelo. Porque voy a decir algo que suena feo, pero hemos ido a un sistema como el cubano: una reproducción de profesionales pobres. Y normalmente se pone el foco en la medicina, que está muy bien y es muy importante, ¿pero cuánto controlan los abogados de la vida pública? El Poder Judicial lo manejan los abogados, de manera que un tercio del Estado ya está en manos de ellos. Un alto porcentaje de los legisladores y de los funcionarios del Ejecutivo son abogados. Entonces, arriesguemos: el 50 por ciento del Estado está manejado por abogados. ¿No es importante la formación de los abogados? ¿Qué podemos esperar si los profesionales que manejan el 50 por ciento del Estado tienen una formación de baja calidad? Solo podemos esperar un desastre. Y esto es lo que nos está pasando. Mal que nos pese, el ingreso irrestricto y la gratuidad universitaria atentan contra la calidad. Porque hay una relación entre cantidad y calidad. Pero además tenemos que pensar en términos estratégicos: ¿cuál es nuestra matriz productiva? Energía, minería… Necesitamos ingenieros, pero tenemos superpoblación de abogados. Y así se produce una estafa a los estudiantes: les das un título que no les garantiza el ejercicio digno de una profesión. Hoy hay miles de abogados que hacen trabajo de gestoría o lo que antes hacia un procurador. Creo que tenemos que discutir, entre otras cosas, un nuevo sistema de incorporación a la profesión. Tenemos que ir, por un lado, a un examen para ingresar a la facultad, para que las universidades se fortalezcan en la calidad, y por otro, pensar algún mecanismo similar al de las residencias médicas en el proceso de matriculación y de exigencias de formación y posgrado para acceder a determinados niveles de ejercicio profesional. Por ejemplo, para litigar ante la Corte. Hoy tenemos un sistema automático de habilitación profesional, sin garantía de idoneidad. Todo eso conspira contra la calidad.

–La superpoblación de abogados genera además un exceso de litigiosidad, con una sobrecarga de demandas judiciales.

–Claro, con tal de que tengamos trabajo, todo se judicializa. Por una necesidad de subsistencia, se desnaturaliza el sistema. Esto repercute, además, en el régimen jubilatorio, porque muchos abogados, en la provincia de Buenos Aires, no pueden cumplir con el pago de la cuota anual obligatoria para la Caja previsional, entonces a otros se les aplica un descuento casi confiscatorio para compensar los desequilibrios del sistema. Es un indicador de la inviabilidad económica de la profesión. ¿No habría que discutir una reforma estructural y un aumento de la edad jubilatoria? Este también es un debate que no damos.

–¿Por qué hay tanta resistencia a encarar esas discusiones de fondo?

–Una sociedad que no se abre a pensar y a debatir es una sociedad que no mejora. Y nosotros estamos dominados por dogmas y tabúes: esto no se toca, esto no se discute. En buena medida, esto ocurre porque caímos en la ideologización. Entonces, si sos mujer, tenés que ganar el juicio. La llamada perspectiva de género atenta contra la juridicidad, contra las reglas del proceso y, en definitiva, contra la seguridad jurídica. Hoy tenemos un sistema que toma los temas que están de moda y busca congraciarse con la sociedad. Esto empieza a penetrar desde el nivel universitario y moldea la formación de los abogados. Por supuesto que tenemos que asegurar la igualdad y la equidad de género, pero caer en la ideologización es un peligro.

–¿La politización y la ideologización no afectan también a los colegios de abogados?

–Hay que hacer un análisis de cada colegio. Yo puedo dar fe de nuestra institución: nosotros, en 65 años de historia, nunca permitimos la reelección de presidentes y aseguramos nuestra propia independencia. Desde ahí tratamos de plantear estos debates: ¿queremos dejar un poder del Estado, como la Justicia, en manos de profesionales mal preparados? ¿Podemos permitir que un fiscal, por tener algunas horas como docente, se pueda jubilar en la provincia de Buenos Aires a los 55 años? ¿Vamos a dejar el proceso judicial en manos de la inteligencia artificial? ¿Convalidamos la “justicia de género” por encima de las leyes? Estos son algunos de los temas que debemos discutir.

UN ABOGADO PREOCUPADO POR EL SISTEMA JUDICIAL

PERFIL: Santiago Bertamoni

Santiago Bertamoni es abogado, graduado en la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Derecho Empresarial de la Universidad Austral.

Ejerció la docencia en la cátedra de Sociedades Comerciales de la Facultad de Derecho de la UBA.

Preside desde 2022 el Colegio de Abogados de Junín.

Integra el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires en representación de los abogados del interior.

Ejerce la profesión de abogado en forma independiente desde 2006 en distintas esferas del derecho civil y comercial.

Por Luciano Román

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