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El repliegue de Trump es la oportunidad de las democracias
Es apresurado ir firmando el acta de defunción del orden internacional basado en normas; la suerte electoral del magnate será un factor clave
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Detrás de la performance de un presidente que es una usina inagotable de memes están ocurriendo cambios profundos. Desde su retorno al poder, Donald Trump no solo ha emprendido dos intervenciones militares -la primera en Venezuela y la segunda en Irán-, sin autorización ni del Congreso de su país ni del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino que también ha retirado a los Estados Unidos de decenas de organismos y acuerdos internacionales, reducido drásticamente su financiamiento a las Naciones Unidas -afectando particularmente a su pilar de derechos humanos- y declarado en la práctica la obsolescencia del multilateralismo como principio.
Lo que está en juego es el orden internacional basado en normas, construido con enorme esfuerzo tras la Segunda Guerra Mundial. El genocidio en Gaza, perpetrado en abierto desafío a las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y amparado en el veto y la cobertura diplomática de Estados Unidos, es la imagen más cruda de ese derrumbe: la demostración de que los Estados más poderosos han decidido que el derecho internacional es optativo. Vivimos en el mundo que George Orwell retrató en 1984: un mundo donde los valores han sido deliberadamente trastocados, donde “la guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza”.
Las intervenciones en Irán y Venezuela son ilegítimas, ya que el hecho de que un país tenga un gobierno autoritario no justifica una intervención unilateral. El derecho internacional contempla condiciones bajo las cuales puede autorizarse una intervención multilateral: la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, adoptada por la ONU en 2005, establece que la comunidad internacional puede actuar cuando un Estado comete crímenes de lesa humanidad o no puede proteger a su propia población. Pero esa autorización requiere el aval del Consejo de Seguridad y responde a criterios humanitarios estrictos, no a la voluntad unilateral de una potencia.
El futuro también depende de lo que otros actores hagan con el vacío que deja Estados Unidos
Cabe subrayar, además, que en ninguno de estos casos se ha siquiera simulado convincentemente que la intervención estuviera motivada por la restauración de la democracia o la protección de los derechos humanos. Lo que mueve al gobierno de Trump son los intereses económicos -incluidos sus propios intereses personales- y los intereses estratégicos de los Estados Unidos, en la forma estrecha en que él mismo los concibe. Trump representa el retorno de la realpolitik más descarnada: no actúa en nombre de valores -ni siquiera de valores con los que uno podría estar en desacuerdo-, sino en nombre del poder y del beneficio.
Las alianzas de Trump confirman este diagnóstico. El gobierno estadounidense fundó un Consejo de la Paz, al que la Argentina se sumó en el Foro de Davos, que es lo más parecido que cabe imaginar a un club de amigos de Trump. La mayor parte de los países que fueron invitados -y casi todos los que aceptaron la invitación- tienen un pésimo historial de derechos humanos. Entre ellos se cuentan Arabia Saudita, Bahréin, Bielorrusia, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Qatar, Uzbekistán y Vietnam. De más está decir que en esos países no habrá intervención militar de los Estados Unidos. Tampoco la habrá en China o Corea del Norte, países donde hay pruebas documentadas de la existencia de campos de concentración, porque ello derivaría en un conflicto bélico mundial.
No obstante, sería apresurado ir firmando el acta de defunción del orden internacional basado en normas. Este fue siempre un orden imperfecto: sus normas con frecuencia se aplicaron con doble rasero y muchas veces fueron abrazadas hipócritamente. Pero contaba con marcos normativos que muchas veces lograban impedir la imposición sin mediaciones de la voluntad del más fuerte. Lo que ocurra con ese orden de aquí en adelante depende de varios factores: en lo inmediato, de las elecciones de medio término de este año en los Estados Unidos, y luego, de las presidenciales de 2028. Pero también depende de lo que otros actores hagan con el vacío que deja Estados Unidos. Y aquí hay tanto riesgos como oportunidades: el vacío puede ser aprovechado por actores autoritarios -en particular China- para remodelar las instituciones internacionales a su medida, pero también puede ser ocupado por democracias comprometidas con el multilateralismo y los derechos humanos. El Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2026 de Civicus, publicado el 12 de marzo, analiza este momento de quiebre: el ataque deliberado al orden multilateral, la impunidad normalizada en los conflictos y, al mismo tiempo, el auge de una resistencia global que se niega a aceptar este estado de cosas.
En este contexto, los Estados democráticos tienen una oportunidad histórica -y una responsabilidad urgente- de articular una posición común en materia de derechos humanos y defensa de la democracia. El objetivo no es exportar la democracia por la fuerza, lo que por demás raramente funciona, sino negarle al autoritarismo la impunidad diplomática y económica que lo sostiene. Pero esta agenda solo será creíble si se aplica con coherencia: una coalición democrática que exija rendición de cuentas en forma selectiva, castigando a sus adversarios y escudando a sus aliados, no ofrecerá una alternativa al orden de Trump sino a lo sumo una versión más prolija del mismo problema. Los dobles estándares han sido históricamente el principal agente de erosión del sistema que hoy debemos defender.
Esta iniciativa cuenta con ilustres antecedentes intelectuales. Anticipándose en más de un siglo a la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, Juan Bautista Alberdi argumentó que los derechos humanos deben primar sobre la soberanía de los Estados cuando esta se ejerce en contra de la dignidad humana. René Cassin, uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, propuso en su borrador inicial el concepto de que no puede haber paz internacional sin respeto por las libertades y los derechos humanos. Y la Declaración Universal sobre la Democracia, adoptada en 1997 por la Unión Interparlamentaria, establece que las democracias deben defender los principios democráticos en sus relaciones internacionales, solidarizarse con otras democracias bajo ataque y extender su solidaridad a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos bajo regímenes no democráticos.
El desafío es encarnar esa solidaridad declarada en mecanismos concretos. Václav Havel, el primer presidente de la República Checa, sostuvo que el régimen interno de un Estado no es un asunto meramente doméstico, porque determina su comportamiento internacional: un Estado que reprime a sus ciudadanos no tiene ni los incentivos ni la cultura institucional para respetar los derechos de otros pueblos. En otras palabras, la paz internacional no puede sostenerse sobre la tiranía doméstica. Traducida a política concreta, la Doctrina Havel indica que las democracias deben coordinar posiciones en los organismos multilaterales en vez de negociar cada una por separado; condicionar sus acuerdos comerciales y de inversión al cumplimiento de estándares mínimos de derechos humanos y libertades civiles; suspender la venta de armas y tecnología de vigilancia a gobiernos que las usan contra sus propios ciudadanos; y ofrecer protección efectiva a activistas y periodistas perseguidos y en el exilio. Nada de esto es nuevo ni utópico: son compromisos que las democracias asumieron en el pasado y luego fueron abandonando. El mundo orwelliano no es nuestro destino inexorable; la comunidad democrática aún puede actuar.
Pousadela es directora de Investigación y Análisis de Civicus, profesora de Política Comparada en Universidad ORT Uruguay y vicepresidenta de CADAL; Salvia es director general de CADAL (www.cadal.org)
