En China, la vigilancia social online es integral y constante
El gobierno busca detectar la protesta y la disidencia antes de que se propaguen y resuelve “incidentes en línea” con la ayuda de empresas y particulares
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Hace unas décadas, cuando “conectarse a Internet” se convirtió por primera vez en un fenómeno importante en la República Popular China (RPC), comenzó a correr el rumor de que había multitudes de jóvenes acampados en cibercafés llenos de humo, listos para encubrir o neutralizar cualquier contenido que criticara al Partido Comunista Chino (PCCh) o lo presentara de manera desfavorable. Además, se rumoreaba que los miembros de este ejército de reserva de desempleados recibían una pequeña suma de las arcas del PCCh por cada publicación, lo que les valió los apodos de “los de cincuenta centavos” o “el ejército de los cincuenta centavos” (wumaodang). En la República Popular China de hoy, esa fuerza de campo heterogénea de publicistas a destajo que cumplen las órdenes del PCCh se ha convertido en una industria en toda regla y lucrativa, con un valor de cientos de millones de dólares al año.
Es evidente que en la República Popular China existe una gran demanda de monitorear y moldear las opiniones en línea. La práctica engañosa de intentar que las campañas de mensajes orquestadas parezcan espontáneas puede haber surgido en el mundo empresarial, pero a los gobiernos también les encanta, y en ningún lugar más que en China. El país cuenta con el mayor grupo de usuarios de Internet del mundo dentro de un solo territorio nacional. El gobierno de China y el Partido Comunista inundan habitualmente a esta población con contenido manipulado a través de plataformas de redes sociales, sitios de noticias y blogs, diseñando el flujo para que funcione de maneras novedosas y complejas.
El partido-Estado chino -es decir, los comités del PCCh y las agencias de la República Popular China, desde los niveles más altos hasta los más bajos y desde el ámbito central hasta el local- sabe que la disidencia suele manifestarse primero en línea antes de extenderse a las calles. Por lo tanto, las autoridades le dan gran importancia a la vigilancia digital. La eficacia de esa vigilancia, sin embargo, no se deriva de la capacidad burocrática del gobierno, sino más bien de su capacidad para cooptar las fuerzas del mercado. Como señalo en un nuevo libro escrito en colaboración, el partido-Estado utiliza a las empresas con fines de lucro para detectar palabras “sensibles” con software de detección, inundar Internet con propaganda y lidiar con publicaciones y usuarios problemáticos.
En cualquier autocracia, la opinión pública es un arma de doble filo. Incluso en un sistema político que no es libre, los gobernantes saben que es más seguro tener ciudadanos satisfechos que insatisfechos. Pero, ¿cómo saber si los ciudadanos están satisfechos o qué es lo que podría estar molestándolos? La autocracia, por definición, restringe o elimina los canales a través de los cuales puede fluir este tipo de información. Los autócratas pueden intentar compensar esta limitación recopilando datos de la opinión pública, pero en un sistema autoritario invitar a la gente a expresar sus preferencias siempre es arriesgado. Pueden mentir por temor a represalias si dicen algo “incorrecto”, lo que introduce información falsa en el sistema. O peor aún (para los autócratas), podrían empezar a expresar en masa sus opiniones sin tapujos, tal vez incluso desestabilizando al régimen con un torrente de rechazo y desprecio públicos. En la República Popular China, además, el partido-Estado es muy susceptible: le importa mucho su imagen pública y su legitimidad popular, y le aterroriza la disidencia social. Esto agudiza aún más el problema. La vigilancia y la censura constantes de la expresión pública en línea son la forma preferida de manejarlo.
En lugar de desarrollar su propia capacidad técnica de vigilancia -con la necesidad de actualizaciones frecuentes que esto implica-, al partido-Estado comunista le ha resultado más fácil subcontratar. Las empresas de vigilancia con fines de lucro se han convertido en una industria en crecimiento, a medida que se esfuerzan por satisfacer las interminables exigencias oficiales de vigilancia constante de Internet en un país de 1400 millones de personas. El big data, el aprendizaje automático y agentes humanos capacitados monitorean las tendencias de la opinión pública para sofocar debates delicados y allanar el camino para las campañas de astroturfing.
¿Cuáles son algunos de los temas que se consideran demasiado delicados para mencionarlos en línea? Entre ellos se incluyen la vida personal y profesional de líderes políticos como Xi Jinping (incluido su posible parecido con Winnie the Pooh), la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989 (un tema de gran preocupación para las autoridades a medida que se acerca cada año el aniversario del 4 de junio) y la más reciente debacle de la política de “cero covid” del PCCh. Además de la primera semana de junio, el mes de marzo marca un período de especial vigilancia en línea por parte del régimen, ya que es cuando se reúnen en Pekín la Asamblea Popular Nacional (el órgano legislativo de la República Popular China) y un importante órgano consultivo del PCCh.
Las estimaciones indican que ya en 1997 el partido-Estado había contratado, a través de diversas entidades, a más de dos millones de personas para monitorear y analizar la opinión en línea. Entre 2016 y 2021, el sector creció un 10 por ciento anual a medida que aumentaba el interés oficial por la vigilancia en Internet. Para investigar nuestro nuevo libro, Outsourcing Surveillance, recopilamos y analizamos miles de documentos de licitaciones públicas en las que se buscaba a postores que proporcionaran al partido-Estado servicios de moderación y vigilancia en línea centrados en las expresiones públicas de opinión. Descubrimos que la vigilancia está a cargo de una combinación de empresas privadas, divisiones con fines de lucro de grupos de medios estatales como Xinhua Daily y el Diario del Pueblo, y organizaciones del sector público como las universidades. La subcontratación de la vigilancia a entidades privadas y otras con fines de lucro aporta conocimientos técnicos que ayudan a detectar la disidencia antes de que se propague, aplicar medidas de moderación según el nivel de amenaza, decidir qué hacer con los infractores y resolver “incidentes masivos en línea”.
La escasez de canales para la rendición de cuentas pública en China hace que la opinión en línea sea importante como barómetro del estado de ánimo social y del sentimiento público. Pekín quiere saber si hay quejas persistentes sobre la mala administración local (corrupción, violencia policial, abusos en el lugar de trabajo, etc.) para que las autoridades locales puedan rendir cuentas. El gobierno central también quiere poder prevenir cualquier “incidente masivo en línea” que pueda hacer que la ira pública se vuelva viral, se centre en los funcionarios y amenace la posición del PCCh. Si se permite que un incidente que se difunde en línea lleve a la gente a las calles, podría ser necesaria una costosa represión para recuperar el control.
Tras las protestas democráticas de Tiananmen en 1989, se reformó el Departamento Central de Propaganda para fortalecer el papel de los medios de comunicación en el mantenimiento de la estabilidad social. A mediados de la década de 1990, el PCCh no solo promovió el nacionalismo para reforzar el apoyo popular, sino que también se esforzó por dirigir ese nacionalismo contra objetivos extranjeros. A medida que los funcionarios locales se volvieron más corruptos y abusivos en la década de 2000, el PCCh amplió la “supervisión de la opinión pública” (yulun jiandu) para alentar a los medios de comunicación a informar sobre la mala conducta de los funcionarios oficiales. Sin embargo, la prevalencia de los medios en línea, que no pueden controlarse mediante herramientas tradicionales de propaganda como las licencias y las directivas, ha planteado nuevos desafíos para el partido-Estado.
Hay más de 1100 millones de usuarios activos de redes sociales en China. Entre las plataformas de redes sociales más populares se encuentran WeChat (con una tasa de penetración de mercado del 92 por ciento en 2024), Douyin (83 por ciento), QQ (63 por ciento), Baidu Tieba (60 por ciento), Kuaishou (50 por ciento) y Weibo (46 por ciento). Weibo, lanzado por Sina en 2009, es la versión china de Twitter (ahora X) y Bluesky. Su formato de publicaciones breves tiene como objetivo promover la formación de la opinión pública. De 2012 a 2018, el número de usuarios de Weibo creció a un ritmo acelerado del 30 por ciento anual. Luego, el gobierno comenzó a preocuparse por el fenómeno emergente de las “celebridades de Internet” o líderes de opinión con gran número de seguidores en la plataforma, y tomó medidas enérgicas. WeChat ya ha superado a Weibo en popularidad, aunque este último sigue siendo importante para moldear la opinión pública debido a su naturaleza de plataforma abierta.
Encontramos evidencia de la formidable capacidad del partido-Estado de China -con la ayuda de la vigilancia digital subcontratada- para convertir a la sociedad china en algo parecido a un panóptico, donde los ciudadanos están sujetos a una vigilancia integral y constante. Las autoridades no solo toman el pulso a la opinión pública, sino que también anticipan y desactivan los conflictos sociales antes de que puedan extenderse.
Existen dos razones para externalizar la represión: una es aumentar la capacidad del partido-Estado para llevarla a cabo, mientras que la otra es reducir los costos de la represión (tanto en términos de costo político como de otro tipo). Además, la represión digital exige un alto nivel tecnológico. Cuando las ramas del partido-Estado chino se ven sometidas a presiones políticas y burocráticas para gestionar un contenido en línea, pero carecen de los recursos humanos o las habilidades técnicas para hacerlo, externalizar la vigilancia a entidades con fines de lucro se convierte en una solución lógica.
La subcontratación del monitoreo digital no augura nada bueno para la disidencia en China. Los brotes de disidencia social contra el régimen del PCCh se están frenando antes de que puedan comenzar. Si alguno llega a ocurrir, el régimen cuenta con la capacidad de precisión (gracias a la subcontratación) para responder sin necesidad de bloquear todo Internet. Mientras las empresas estén dispuestas a colaborar con el Estado, será difícil para la sociedad encontrar un contrapeso frente a la represión digital potenciada.
Lynette H. Ong es profesora distinguida de Política China en la Universidad de Toronto y directora del Laboratorio de Gobernanza de China en la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas. Es autora (junto con Huihua Nie y Jesslene Lee) de Outsourcing Surveillance: Online Opinion Management in China (2026).
Esta es una versión resumida del artículo completo, elaborada por La Nación. La versión completa será publicada este mes por la Fundación Fernando Henrique Cardoso en el Journal of Democracy en Español. (Ver QR: https://fundacaofhc.org.br/es/colecao/journal-of-democracy-en-espanol/
