En Serbia, los estudiantes vencieron en elecciones a un gobierno autocrático

El domingo 25 de octubre, en Serbia, una lista armada por estudiantes universitarios ganó las elecciones legislativas con el 52,5 % de los votos, obteniendo 140 de las 250 bancas. Así, puso fin a catorce años de gobierno del partido de Aleksandar Vučić, que dimitió tras la derrota. El suyo es el tercer gobierno iliberal europeo derrotado en las urnas en los últimos tres años, después del de Ley y Justicia (PiS) en Polonia y el de Viktor Orban (Fidesz) en Hungría. No es casual que Péter Magyar, que derrotó a Orban, el aliado más cercano de Vučić en la Unión Europea, haya felicitado enseguida a los ganadores. La pregunta que se abre luego del triunfo electoral es la que atraviesa a muchas democracias: ¿qué hacer el día después?

Para responderla hay que mirar primero quiénes ganaron y contra qué sistema lo hicieron. El movimiento estudiantil que gestó este triunfo nació de una tragedia producida dos años antes. En noviembre de 2024 se derrumbó el alero recién renovado de la estación de tren de Novi Sad y allí murieron dieciséis personas. La estación había reabierto tan solo cuatro meses antes, luego de una remodelación a cargo de empresas estatales chinas. El gobierno sostuvo que el alero no había sido parte de las obras y se negó a publicar los contratos. Desde entonces, “La corrupción mata” se volvió la consigna de las protestas.

Luego de la tragedia de Novi Sad, los estudiantes ocuparon sus facultades y se organizaron en un movimiento participativo popular sin líderes ni voceros, en asambleas abiertas que votaban cada paso. No pedían una revolución, sino que se publicaran los contratos de la obra, que se juzgara a los responsables y que las instituciones hicieran su trabajo.

En una Europa donde las protestas juveniles se multiplican, de los liceos franceses a las calles de Bolonia y Milán, y donde los partidos se disputan su conducción, el caso serbio tiene dos rasgos propios: los estudiantes no dejaron que una oposición que había fracasado durante una década se apropiara de la protesta, y fueron a las urnas con una lista en la que ellos mismos no eran candidatos.

Frente a ellos tenían un sistema iliberal parecido al de Orban, con una diferencia: Orban reescribió la Constitución y Vučić no lo necesitó. Le bastó controlar el Estado desde el partido: empleo público a cambio de lealtad, medios cooptados y tribunales y fiscalías que funcionaban en los casos comunes, pero se frenaban cuando una causa tocaba al poder. El emblema de la captura sucedió cuando la fiscalía investigó la obra de Novi Sad: en agosto de 2025, detuvo a un exministro de Construcción por el destino del dinero; un mes después, la policía le retiró 17 de los investigadores que seguían esa pista, y en enero la fiscalía denunció que, sin ellos y sin los documentos que se le negaban, reunir pruebas era casi imposible. Las normas seguían vigentes, pero, sin efectividad ni eficacia, se habían convertido en una capa fina sobre una autocracia informal: servían para legitimar al gobierno ante Bruselas, que priorizó durante años la estabilidad regional, sin limitar a quienes ejercían el poder de manera arbitraria.

La propia elección mostró ese mecanismo. Los observadores de la OSCE describieron una votación bien organizada en una competencia sesgada por las ventajas del oficialismo, el uso de recursos públicos, la intimidación y la parcialidad de los medios, y hubo empleados estatales presionados para conseguir votos bajo amenaza de despido. Así se reproduce la captura del Estado: el poder público fabrica el apoyo que luego invoca para justificar su uso partidista.

Que los estudiantes ganaran las elecciones por trece puntos refleja la fuerza del reclamo, que se organizó también con los serbios en el exterior: con apenas 93 mesas fuera del país para más de 100.000 inscriptos, muchos viajaron cientos o miles de kilómetros para votar, ayudados por redes de voluntarios e incluso por VoteBnB, una plataforma que ofreció alojamiento y viajes compartidos.

Sin embargo, ganar no alcanza. No alcanzó aun para Polonia, que lleva adelante un proceso de restauración del Estado de Derecho muy complejo, como tampoco para Hungría, por similares razones. Serbia tiene un antecedente directo que explica por qué ganar no alcanza: en 2000, cuando cayó Slobodan Milošević, su aparato de seguridad quedó intacto y, tres años después, una de sus unidades asesinó al primer ministro Zoran Đinđić. Desarticular un sistema iliberal plantea un dilema que Polonia y Hungría conocen bien: si el nuevo gobierno respeta todas las reglas heredadas, el viejo sistema sobrevive; si las atropella, repite exactamente aquello que vino a terminar.

Para salir de ese dilema conviene distinguir entre violaciones del Estado de derecho, deficiencias y abusos. Hay deficiencia cuando un Estado no cumple porque carece de medios pese a intentarlo; hay violación cuando podía cumplir y no lo hizo, o cuando él mismo se colocó en la incapacidad; hay abuso cuando se respeta la letra de una norma, pero se la usa para frustrar el principio que la justifica.

Una norma válida no guía por sí sola la conducta de los funcionarios, y una orden arbitraria no se vuelve legítima porque se cumpla. En Serbia el problema está menos en el texto de las normas que en su cumplimiento, como cuando a una fiscalía se le quitan los medios para investigar; no hay allí una deficiencia institucional sino una violación del Estado de derecho, provocada por quienes debían garantizar esa investigación. La distinción define el remedio: las deficiencias requieren apoyo; las violaciones y el abuso, rendición de cuentas. La Unión Europea, que durante años trató como deficiencias lo que eran violaciones, debería tomar nota.

De ahí se desprende la agenda del día después. Las instituciones serbias combinan jefes alineados con el viejo oficialismo y profesionales que resistieron; tratarlas como bloques capturados destruiría, por lo tanto, la capacidad que la reforma necesita. El éxito no se medirá por las normas que se dicten, sino por su eficacia y por la capacidad de identificar las trampas y las lagunas que dejó el viejo sistema. En concreto, significará que, cuando un fiscal ordene investigar, la policía investigue aunque el investigado sea poderoso, y que el triunfo electoral no sirva de excusa para convertir acusaciones en condenas.

Esa agenda deberá avanzar en medio de una transición que todavía no terminó. Vučić renunció a la presidencia el 27 de septiembre para intentar volver como primer ministro a través de las elecciones legislativas. Desde entonces, la presidenta del Parlamento, Ana Brnabić, ejerce la presidencia de manera interina, mientras el gabinete saliente, encabezado por Đuro Macut, sigue en funciones hasta que la nueva mayoría parlamentaria elija un gobierno. La renuncia de Vučić desencadenó, a su vez, una elección presidencial separada, que debe celebrarse antes del 27 de diciembre.

Por eso, perder la mayoría parlamentaria no equivale a perder el Estado. La alianza de Vučić conserva alrededor de un centenar de bancas, los funcionarios nombrados durante su gobierno siguen enquistados en las instituciones y su partido todavía tiene chances de ganar la presidencia. El riesgo es que la victoria electoral no llegue a traducirse en instituciones capaces de actuar con independencia. Al fin y al cabo, los estudiantes pidieron algo fundamental y, a la vez, más exigente que un cambio de gobierno: poder vivir y trabajar sin permiso político. Si lo consiguen, esas mismas reglas obligarán también a su propio gobierno.

María Victoria Kristan es profesora de Filosofía del derecho en la Universidad de Bolonia; Bojan Spaić enseña la misma materia en la Universidad de Belgrado (Serbia)

---

Conforme a