Delia Ferreira Rubio: “No hay voluntad política para combatir el problema de la corrupción”

“La Argentina está aplazada en materia de corrupción: no llegamos al 4″, dice Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, la organización que mide todos los años la percepción de corrupción en 180 países del mundo. Con 38 puntos sobre 100 – siendo 100 el número máximo de transparencia, un podio ocupado por los países escandinavos y Nueva Zelanda–, la Argentina se ubicó en 2022, dato que acaba de darse a conocer, cerca de Etiopía, Moldavia, Marruecos, Tanzania y Brasil.

Para la especialista, en la Argentina se combinan varios factores que explican este fracaso, entre otros, la escasez de voluntad política para lograr una mayor transparencia, la ausencia de un compromiso ético de los funcionarios, el cuestionamiento a la Justicia y a otras instituciones de la democracia y la poca demanda social en exigir soluciones. “Esto no es un caldo de cultivo: es una espiral”, afirma Ferreira Rubio, consultora internacional de larga trayectoria en temas de integridad, valores y Estado de Derecho. “Y las víctimas somos nosotros”.

Aunque la Argentina arrastra desde hace tiempo un aplazo en esta materia, corrupción, el contexto actual presenta elementos adicionales que empeoran las perspectivas: el enfrentamiento del oficialismo con la Justicia potenciado por la condena a Cristina Kirchner y el juicio político a la Corte Suprema.

Este show del juicio político a la Corte en la Cámara de Diputados es absolutamente violatorio de las normas constitucionales”, sostiene Ferreira Rubio. Y explica: “Lo que tienen que hacer las autoridades políticas –como todos los ciudadanos– es respetar los fallos de la Justicia. El lawfare es un invento para tratar de frenar la acción de la Justicia o deslegitimar la acción de la Justicia. Acá no hay acá ninguna proscripción. Hasta que esa sentencia no esté firme, la pena no se cumple. O sea que, si Cristina quisiera ser candidata a lo que se le ocurra, puede serlo. Si la sentencia quedara firme, lo que habría es una simple aplicación del Código Penal que dice que si una persona ha sido condenada por este tipo de delitos no puede ejercer la función pública”.

–La corrupción estatal ha modificado sus formas y sus mecanismos. ¿Cómo la definiría hoy?

–Sí, cambian las formas o los mecanismos, pero la definición de corrupción es siempre la misma: es el aprovechamiento del poder en beneficio personal, de los amigos, de los familiares o del partido político al que uno pertenece. Y esto abarca beneficios económicos como el enriquecimiento ilícito, cobrar una coima o un retorno, pero también otro tipo de abusos de poder en beneficio personal, como, por ejemplo, la fiesta de Olivos en plena cuarentena.

En la Argentina estamos repitiendo el mismo puntaje. Tenemos exactamente los 38 puntos sobre 100 posibles. O sea que estamos aplazados: no llegamos al cuatro

–Pero combatir estas nuevas formas de corrupción exige nuevas herramientas y estrategias, ¿no?

–Sin duda, porque todo el fenómeno de la globalización financiera y la digitalización de los sistemas financieros ha permitido, por ejemplo, el lavado de dinero a una escala increíblemente grande y estos mecanismos de ocultamiento del dinero son cada vez más sofisticados. Eso implica pedir que los Estados adopten otro tipo de medidas. El círculo de corrupción es el círculo que va entre robar, esconder y disfrutar. Pero hay una parte muy importante que es cómo esconder esos recursos mal habidos. Por eso se usan estructuras corporativas complejas, que son especies de mamushkas, donde una cuenta o una empresa depende de otra, y esta de otra y de otra. Todos esos esquemas, que hoy se facilitan por la digitalización, e incluso a través de las cibermonedas, suponen que hay que empezar a trabajar acorde a esto.

- ¿Cómo sería?

Por ejemplo, si para pedir información a otro país hay que seguir un procedimiento que está pensado con las reglas procesales del siglo XIX vamos a llegar siempre tarde para tratar de captar el fenómeno. ¿Por qué? Porque el pedido del juez va a la Cancillería, de la Cancillería a la Cancillería del país que recibe, de ahí al juez correspondiente, el juez dice “me falta un dato en este pedido” y otra vez el circuito procesal. En un mundo en donde el lavado de dinero, que es el socio de la corrupción, se hace de manera tan rápido como un clic en una computadora, hay que reformar los procedimientos de ayuda legal mutua y de cooperación en la investigación para estar a tono con la velocidad a la que se mueve el dinero para ser escondido, lo que después permite ser disfrutado. En ese sentido, hoy se trabaja como prioridad en la apertura de los registros de propiedad de las acciones, para saber quiénes son los dueños reales de las compañías, no esas compañías que están inscriptas a nombre de Mickey Mouse, como mostraron los Panamá Papers o Paradise Papers.

-Hay una ingeniería muy compleja y sofisticada en pos del ocultamiento.

-Sí, y esa etapa del esconder es una etapa muy problemática porque hace difícil descubrir los casos, seguir la trama y encontrar a los responsables. Por eso todos estos esquemas de lavado de dinero, de estructuras corporativas complejas, de cuentas bancarias en lugares que mueven el dinero a gran velocidad, lo que hace es poner capas de opacidad en los actos de corrupción que dificultan la detección.

–Muchos gobiernos, incluida la Argentina, no han hecho avances en la lucha contra la corrupción. ¿No han podido o no han querido?

–En el Índice de Percepción de Corrupción nosotros analizamos 180 países, medimos una situación global. Hay países que han avanzado. Poco, pero han avanzado. Globalmente, la situación está estancada. Los gobiernos no han sido efectivos en aprobar las leyes necesarias o, aquellos que las han aprobado, no han sido efectivos en implementarlas, o una vez implementadas no han logrado que la Justicia condene a los responsables. En la Argentina estamos repitiendo el mismo puntaje. Tenemos exactamente los 38 puntos sobre 100 posibles. O sea que estamos aplazados: no llegamos al cuatro.

–Pero en esta trama hay actores interesados en que el statu quo se mantenga. ¿Por qué habrían de combatir la corrupción si muchos de ellos son los beneficiarios?

–Uno de los problemas es la famosa voluntad política para combatir el tema de la corrupción. Los resultados de la Argentina muestran que estamos escasos de voluntad política; y otro problema es que no haya un compromiso ético de los funcionarios. Vamos a tener elecciones a finales de año, sea quien sea, es un cambio de gobierno y una nueva oportunidad. Esperemos que quienes compitan y ganen tengan un verdadero compromiso ético, porque sin eso, todo lo demás es muy difícil. Tampoco hay una voluntad política de poner al frente de los organismos de control a personas realmente independientes y darles los recursos que necesitan para hacer su trabajo.

–¿En la Argentina hay una demanda social de lucha contra la corrupción? ¿Cree que hay conciencia de su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos?

–La corrupción está en la base de todo lo que funciona mal, porque obviamente si yo utilizo mal los recursos públicos y los pierdo en corrupción, eso implica peor educación, peor salud, peores vacunas, peores respiradores –para ponerlo en tema con el Covid–, peor infraestructura. La corrupción nos afecta a todos porque el dinero que se pierde en corrupción no es de un empresario, es la plata de nuestros impuestos que debería estar al servicio de los ciudadanos. Cuando se producen escándalos de corrupción, las demandas por integridad, transparencia y controles suben en la población, pero obviamente no es la única demanda en países como el nuestro. ¿Qué porcentaje de la población está realmente preocupado por la corrupción? ¿Qué porcentaje se maneja con el slogan “roban, pero hacen” o “roban, pero me dan un subsidio” o “roban, pero me dan los contratos”? Si seguimos votando corruptos, condenados, enjuiciados, sospechosos o participantes, el mensaje que la ciudadanía les está dando es “sigan adelante muchachos”. Lo que tenemos que saber es que las víctimas de la corrupción somos nosotros. La corrupción hace que te mueras en el tren que te traía a trabajar o el día que fuiste a escuchar a tu grupo de rock preferido. El día que nos demos cuenta de eso la demanda va a ser mayor.

–En los gobiernos con altos índices de corrupción, las instancias de control están colonizadas, neutralizadas o desarticuladas, y los tribunales, cuestionados. Un ejemplo, en la Argentina: el titular de la Oficina Anticorrupción está designado por el Poder Ejecutivo, a quien debería controlar.

–Hace años que venimos hablando de esto, cualquiera sea el presidente de turno. La Oficina Anticorrupción tiene que ser independiente del poder político de turno. Si la persona a cargo de la Oficina, más allá de su honestidad personal y su compromiso depende de un ministro que depende del Presidente de la Nación no puede controlar la corrupción de ese gobierno. Podrá mirar para atrás, pero no puede cumplir su misión porque no es independiente. Otro caso que tenemos que podría servir para movilizar las estructuras estatales cuando se produce corrupción, aunque no se trata de un organismo especializado, es la figura del Defensor del Pueblo. Está acéfalo hace más de 10 años. El último Defensor del Pueblo fue muy eficiente en su tarea, Eduardo Mondino que además dejó la Auditoría para ser candidato a senador. Pero tan eficiente fue que la política dejó vacante el cargo.

–¿Cuánto obstruye en la lucha contra la corrupción la judicialización de la política y la politización de la Justicia?

–Obstruye mucho. Sobre todo, los últimos intentos de tratar de atacar la independencia del Poder Judicial. Lo estamos viendo con este show del juicio político a la Corte en la Cámara de Diputados, un show absolutamente violatorio de las normas constitucionales. En general, cuando la política no puede resolver los conflictos y los lleva a la Justicia, saca la discusión política democrática de su ámbito natural. Y lo que tienen que hacer las autoridades políticas –como todos los ciudadanos– es respetar los fallos de la Justicia. Esto no es un círculo vicioso, es una espiral: mala calidad de las instituciones, más corrupción. Más corrupción, peor calidad de las instituciones. Y cuando me refiero a instituciones democráticas no me refiero solo a los jueces, los fiscales, el parlamento y la presidencia. Me refiero en sentido global: respeto a la libertad de prensa, a la libertad de opinión y de pensamiento, respeto a la existencia de la oposición y la libertad de asociación, y la no utilización del poder para perseguir al que piensa distinto o al que investiga.

–¿Qué le sugiere que la Argentina tenga 38 puntos, cerca de países como Etiopía, Moldavia, Marruecos, Brasil?

–Significa que tenemos un mayúsculo trabajo que hacer para solucionar este problema, que supone que tenemos que trabajar fuerte también en solucionar nuestros déficits democráticos. Además, hay que mejorar el acceso a la información pública. Los contratos de las vacunas contra el Covid siguen siendo un gran secreto. Al gobierno le encanta –a este y a los anteriores– la digitalización, internet y demás. Bueno, acceso a la información pública es que hoy la información esté cargada en internet, actualizada, completa y que las personas puedan acceder a ella a la velocidad de un clic. Si la digitalización está tan bien para que la AFIP controle absolutamente todo, también podemos usarla para que la información esté accesible y no inventar excusas para ocultar información sobre ejecución del presupuesto y compras públicas, por ejemplo. Además, hay que trabajar en materia de Justicia para que los juicios no duren veinte años y que las sanciones sean efectivas porque si no el mensaje que damos es que no hay sanción. Tenemos una cultura “cambalache”, donde todo es lo mismo, nada es mejor. Entonces, tenemos también que trabajar en construir ciudadanía. Las víctimas somos nosotros: somos los que pagamos los impuestos y somos los que los votamos para que hagan un trabajo, no para que se transformen en nuestros capataces.

–¿Qué piensa del lawfare?

–El lawfare es un invento para tratar de frenar o deslegitimar la acción de la Justicia.

–A la luz de la historia argentina, ¿cree que ha sido más fácil luchar contra los abusos en derechos humanos que luchar contra la corrupción?

–Hubo un gran consenso social en el caso de los abusos a los derechos humanos. Y ahora estamos con esta película, Argentina, 1985, que vuelve a ponernos en el tapete esos temas. El famoso “Nunca Más” fue una representación de un acuerdo social para no tolerar más los abusos a los derechos humanos. No tenemos ese acuerdo para la corrupción.

–Pero hubo un liderazgo, el de Raúl Alfonsín, que tomó este tema como bandera y luego la sociedad se apropió de él.

-Sin duda alguna. Me encanta que lo menciones porque es un problema de liderazgo. Obviamente que las situaciones históricas no son repetibles, pero estábamos hablando de la calidad de las instituciones democráticas. Alfonsín recitaba el preámbulo de la Constitución como mensaje de campaña. Ahora escuchamos eslóganes: “Yo soy la víctima”, “Soy el mejor”, “Fulanita es perfecta”, “Síganme que no lo voy a defraudar” y “La inflación la soluciono en dos días”. El liderazgo de Alfonsín en esa lucha fue determinante, también en la recuperación de las instituciones democráticas. El “Nunca Más” fue el nunca más a los abusos contra los derechos humanos, pero también hubo una especie de consenso tácito, y que se va debilitando, sobre la importancia de mantener la democracia. Según la encuesta de Latinobarómetro que se hace anualmente, el apoyo a la democracia, en la década del 80 rondaba el 80% o 90%. Ese apoyo a la democracia en la última encuesta del año pasado rondó los 50 puntos. O sea: viene bajando. Pero más horrible es la cifra de aquellos a los que les es indiferente vivir en democracia o en un autoritarismo, que es el 28% de la población. Tenemos que tener en cuenta que las instituciones se deterioran por falta de liderazgos, políticos que no son buenos, jueces que no hacen su trabajo, pero también de una población que deja de exigir.

–Con el alegato del fiscal Diego Luciani y la condena a Cristina Kirchner, algunos hablaron del “Nunca Más” de la corrupción. Y cada tanto se menciona la idea de una Conadep de la corrupción. ¿Qué piensa de estas expresiones?

–Son nada más que eso: expresiones. No creo que haya que hacer ninguna Conadep de la corrupción. Acá hay que dejar trabajar a la Justicia como corresponde y garantizar su independencia y que no se la ataque en función de los fallos o las recomendaciones que hace. El fiscal Luciani estaba cumpliendo su tarea de pedir una pena después de haber investigado, y lo atacaron. Él no decidía nada y, sin embargo, el ataque de todo el arco político afectado es brutal. Y una cosa muy importante: no dejemos que floten en el ambiente interpretaciones erradas sobre lo que la Justicia resuelve.

–¿Por qué lo dice?

–Porque lo que resolvió el tribunal después del pedido del fiscal Luciani fue una sanción de prisión más una inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Hasta que la sentencia no esté firme, para lo cual falta mucho tiempo, la pena no se cumple. Acá no hay ninguna proscripción. Si Cristina quisiera ser candidata a lo que se le ocurra, podría serlo. Y si la sentencia queda firme no es una proscripción, que es la prohibición arbitraria de participar en una elección. Eso es lo que pasó en Nicaragua con todos los que quisieron competir en elecciones que fueron no solo proscriptos sino metidos presos y ahora deportados, y se les ha quitado la nacionalidad. Acá no hay nada de eso: hay una simple aplicación del Código Penal que dice que si una persona ha sido condenada por este tipo de delitos no puede ejercer la función pública. Eso es todo.

PERFIL: Delia Ferreira Rubio

. Delia Ferreira Rubio nació en Córdoba en 1956, donde se recibió con honores de abogada. Luego se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En esa ciudad publicó, en 1984, su tesis: Buena fe como Principio General del Derecho.

. Tras retornar al país con la llegada de la democracia, trabajó como asesora de diputados y senadores. Fue miembro de Poder Ciudadano, asesora de la Auditoría General de la Nación y trabajó para la OEA, el PNUD y el BID, entre otros organismos.

. En 2017, fue elegida presidenta de Transparencia Internacional, ONG que busca combatir con el impulso a la adopción de medidas la lucha contra la corrupción. Fue reelecta para un segundo mandato en 2020.

. Es autora de numerosas publicaciones sobre transparencia en el financiamiento de la política, ética pública y ha llevado adelante proyectos de auditoría y lucha contra la corrupción en Nicaragua, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Honduras y Jamaica.

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