¿Hasta qué punto es la Argentina un país corrupto?

Dos grandes escándalos de corrupción, los últimos de una larga lista, sacudieron la vida pública argentina en 2025. Primero fue el caso Andis, en el que se ventila si Karina Milei y sus colaboradores más estrechos lucraron gracias a un sistema de adquisición de medicamentos con coimas y sobreprecios. Para alivio del gobierno, desde hace algunas semanas el foco de atención giró hacia las fechorías de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, que han hecho de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) una muy redituable fuente de beneficios personales. Todo esto bajo la protección, y quizá la complicidad, de importantes figuras de la dirigencia peronista.

No es fácil determinar cuál será el saldo de estos episodios, que comprometen tanto a figuras centrales del oficialismo como de la principal fuerza de oposición. Y no es fácil entre otras cosas porque los escándalos de corrupción hace tiempo que no asombran a nadie y causan, en verdad, más revuelo que sorpresa o indignación. Parte del problema radica en el doble estándar con que los delitos contra el patrimonio público son abordados por los principales actores de nuestra degradada élite gobernante. El principio según el cual los ilícitos de los rivales son los únicos que vale la pena denunciar también tiñe el tratamiento del problema por el periodismo faccioso que tanta gravitación ha alcanzado en estos tiempos, y cuyos ecos en las redes inyectan veneno en la conversación ciudadana. Son demasiados los políticos y comunicadores cuyos esfuerzos para exponer o enfrentar la corrupción no se comparan con el celo con que explotan de manera selectiva el malestar que ella provoca.

Frente a este panorama, conviene tomar distancia del griterío interesado que suele dominar la discusión sobre el tema corrupción para interrogarnos sobre cuál es la naturaleza y qué envergadura tiene esta problemática en Argentina. Una vía posible para encuadrar estos interrogantes es preguntarse qué nivel de corrupción sería esperable en un país de características similares, y en qué medida estamos alejados de ese umbral. Comparar las diferencias de la Argentina en los rankings de desarrollo y de corrupción es una buena manera de comenzar este ejercicio.

El Índice de Desarrollo Humano elaborado por Naciones Unidas sitúa a la Argentina en el puesto 47 entre 193 países. Según esta conocida medición, que califica a los países según sus principales indicadores de salud, educación e ingreso, y cuya última edición data de 2023, nuestro país forma parte de un pelotón de naciones que también incluye a Chile y Uruguay, que ocupan las posiciones 40 y 48, respectivamente. Visto desde este ángulo, la Argentina tiene, al igual que sus vecinos, un nivel de desarrollo medio-alto.

Nuestra posición en los rankings de corrupción, en cambio, nos traslada a un vecindario menos agraciado. La evaluación más difundida es la elaborada por Transparencia Internacional, que en su última medición, de 2024, situó a nuestro país en el puesto 99 sobre 180 naciones. Según este indicador, los niveles de corrupción argentinos no se corresponden con el de las naciones de desarrollo alto o intermedio (Chile ocupa el puesto 37 y Uruguay un muy meritorio número 13) sino con países mucho más pobres, como la India, Marruecos e Indonesia.

El índice de corrupción de Transparencia Internacional es menos confiable que el de desarrollo humano de Naciones Unidas. La naturaleza misma del fenómeno, difícil de cuantificar y de asir con información pública, hace que su elaboración dependa mucho de percepciones y estimaciones. Pero más allá de las razonables objeciones que pueda suscitar la evaluación de Transparencia Internacional, el mensaje es inequívoco: Argentina es significativamente más corrupta de lo que sería esperable de acuerdo a su nivel de desarrollo. El desarrollo está asociado con un estado dotado de más capacidades y más resistente a la captura por parte de intereses privados, un capitalismo más dinámico y mercados más transparentes, una sociedad civil más organizada y una ciudadanía más informada y más consciente de los lastres que vienen con la corrupción y, por ende, menos tolerante hacia los negocios oscuros de los poderosos. Cuanto más desarrollado un país, en líneas generales, menos corrupto es. En nuestro caso, sin embargo, esta correlación no se verifica enteramente: entre nuestro nivel de desarrollo y nuestro nivel de corrupción hay una brecha. El precio que pagamos por esta minusvalía es mucho mayor que el dinero que se va en coimas. Mucho más dañino que ese 3 o 10 por ciento es la mala asignación de los recursos públicos y la promoción de dirigentes venales, a los que no les interesa el bien común.

El alto nivel de corrupción argentino no admite explicaciones sencillas. Hay que escapar a la pereza intelectual que supone creer que existe un “gen de la corrupción” inscripto desde el origen en nuestro ADN. No hace falta romantizar el pasado para concluir que, a lo largo de un siglo y medio, el país fue construyendo, con avances y retrocesos, con dificultades y limitaciones, un estado capaz de poner en marcha políticas públicas más eficaces, así como un cuerpo de funcionarios responsable y competente. Algo cambió, sin embargo, en el curso del último medio siglo. El período en el que, en muchos otros planos, nuestro país acumuló más fracasos y frustraciones.

El problema, sin embargo, no está solamente de ese lado del mostrador. La acción ciudadana importa, por acción u omisión. Y en nuestra experiencia histórica reciente, muchas veces cuenta para mal. Para comprobarlo basta recordar que, desde el retorno de la democracia en 1983, ningún oficialismo fue castigado en las urnas por escándalos de corrupción, por más notorios que estos fueran. Ni siquiera las administraciones de Carlos Menem (1989-1999) y Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), que llevaron esta práctica a un umbral superior, y fueron ampliamente denunciados por ello.

Ese martilleo no le impidió a Menem ganar todas las elecciones que se disputaron entre 1989 y 1995, reformar la Constitución y hacerse reelegir en la presidencia. Los escándalos de corrupción tampoco fueron obstáculo para que los Kirchner ganaran dos reelecciones presidenciales seguidas. En ambos casos, la declinación de sus proyectos de poder se produjo como consecuencia de un malestar más profundo, asociado al estancamiento de la economía, el crecimiento del desempleo y la caída de los ingresos.

Estas experiencias sugieren que, al momento de tomar decisiones políticas, los electores valoran más lo que ofrece el crecimiento económico que los beneficios más indirectos, si no etéreos, de la mejora de la calidad institucional. Esta preferencia debe entenderse a la luz de la incidencia de otros dos factores, de naturaleza económica y política-ideológica, respectivamente. El primero remite a una de las características más singulares de nuestra vida económica: la Argentina combina un desempeño muy mediocre en el largo plazo con uno muy volátil en el corto y mediano plazo. No solo es uno de los países que menos ha crecido en el último medio siglo sino que es, además, uno de los más inestables. Antes que un país gris y estancado, semeja una montaña rusa, con grandes desbarajustes macroeconómicos, caídas profundas y auges breves pero intensos. Ningún país de similar envergadura y complejidad ha vivido en las últimas décadas bajo el imperio de un ciclo tan endiablado.

Este desempeño deprimente y ciclotímico tiene importancia para el tema que nos ocupa toda vez que, con la memoria todavía fresca de las desgracias pasadas, los breves pero intensos períodos de bonanza producen un romance entre ciudadanía y gobierno que quita audibilidad a las denuncias de corrupción. Mejor no importunar el despliegue de una recuperación tan añorada como frágil, parece ser el deseo de muchos. Aunque usualmente percibida como un mal incurable, la corrupción sólo se torna verdaderamente irritante en la fase descendente del ciclo; esto es, cuando el optimismo se esfuma y las dificultades económicas vuelven más penosa la vida cotidiana.

A tono con la frustración de expectativas de mejora que caracteriza esos momentos de dificultades, suele producirse un cambio de humor y la perspectiva más bien pasiva –que en los momentos de auge del ciclo se asentaba sobre razonamientos del tipo del cínico “roban pero dejan vivir” o incluso del más resignado “esto es así, no tiene arreglo”– es desplazada por otra de impronta más contenciosa, estructurada sobre la premisa de que “lo que ellos se roban es lo que me falta a mí, es lo que me sacan a mí.” Es entonces cuando el tema se vuelve más irritante, y se convierte en un atractivo objeto de explotación política. En su momento, no solo Fernando de la Rúa (1999) sino también Mauricio Macri (2015) y Javier Milei (2023) lograron sacaron provecho de ese clima.

Estos tres nombres sugieren que el peso relativo de la corrupción como tema de interés ciudadano se vincula con el ciclo económico, pero también con determinadas preferencias político-ideológicas. Pese a que en todas partes suele primar el doble estándar, pese a que se trata de un fenómeno ubicuo, no hay duda de que la corrupción, como cuestión de política pública, suscita más preocupación entre los dirigentes y simpatizantes del campo no-peronista que entre los del polo peronista.

En esta distinta valoración inciden factores político-ideológicos y sociológicos. Para el mundo político estructurado en torno al ideario de la justicia social, la primacía del estado y lo nacional, las cuestiones asociadas a calidad institucional constituyen una preocupación de segundo grado. El cerrado rechazo del peronismo a encarar una evaluación honesta de las razones que llevaron a Cristina Kirchner a la cárcel, o de los numerosos ilícitos que comprometen a sus máximos dirigentes (los negociados con las Siras en el caso de Sergio Massa, o de los seguros en el caso de Alberto Fernández, para mencionar solo algunos) corrobora que ese examen de conciencia tiene escaso valor para esa comunidad política.

Por su condición históricamente minoritaria, por su mayor valoración del legado liberal, la preocupación por el mal uso de los recursos públicos se conecta mejor con los valores que imperan del otro lado de nuestra principal cerca política. Por supuesto, las diferencias en el origen social de dirigentes y votantes de uno y otro polo refuerzan esas preferencias. Al igual que en otros países, la temática de la corrupción preocupa menos a las clases trabajadoras que a las clases medias y los grupos mejor posicionados en la pirámide social. Teniendo en cuenta estos factores, no parece casual que las iniciativas más ambiciosas en el plano de la asignación más transparente de los recursos públicos en las últimas décadas hayan surgido del espacio no-peronista (es el caso, por ejemplo, de Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, mérito de la presidencia Macri).

La política argentina está cambiando, y es difícil hacer pronósticos sobre qué nos deparará el futuro. Hoy nos gobierna una fuerza muy crítica de la manera en que está organizado el estado. Poniendo el foco en la colusión entre funcionarios públicos y actores privados, y los irritantes privilegios de “la casta” gobernante, la receta de La Libertad Avanza para combatir la corrupción es ampliar el espacio del mercado y reducir al mínimo el tamaño del estado. Pero como muestra el caso Andis, sus prácticas sugieren que las viejas mañas también anidan en el nuevo oficialismo. El decreto presidencial de 2024 que limita el acceso ciudadano a la información, así como la renuencia a dar explicaciones por el caso Libra, que involucra directamente al presidente, revela que el gobierno se siente más a gusto con la opacidad que con la transparencia. Una motosierra desafilada. Como vimos en las elecciones del 26 de octubre de 2025, la ciudadanía no le impuso una penalidad demasiado alta por estas conductas.

En esta Argentina que, en lo referido a corrupción, ha cambiado menos de lo que algunos proclaman y muchos deseamos, la experiencia de décadas también debiera habernos enseñado que el escándalo posee poca eficacia para combatir la corrupción. Ofrece combustible, muchas veces efímero, para el debate partisano y las acusaciones cruzadas, pero no produce la energía suficiente como para impulsar una renovación de nuestra degradada clase dirigente o para mejorar la calidad de la política pública. Para avanzar por esta senda hacen falta instituciones de control sólidas e independientes que, junto a una justicia más proba, constituyen un instrumento indispensable para combatir la rapacidad y el egoísmo de la clase dirigente. Hoy no las tenemos. Ojalá en las próximas décadas nos toque ver un país que crece de manera sustentable y que ese contexto de mayor normalidad abra un mayor espacio para una agenda de cuestiones públicas menos dominada por la urgencia económica, paso imprescindible para que un sector más amplio de la ciudadanía tome un mayor interés en el asunto. Porque sin la presión combinada de un estado más sólido y una ciudadanía más comprometida, la Argentina va a seguir hundida en la parte inferior de la tabla, como el gran ejemplo de país más corrupto de lo que debiera y podría ser. Y salir de ese lugar es importante porque, además del baldón que la corrupción hoy representa, en las próximas décadas ese lastre se tornará más dañino como consecuencia del avance del narcotráfico y otras formas del crimen organizado de escala transnacional. La corrupción no es el principal problema argentino pero, a la luz de nuestros fracasos de las últimas décadas y las amenazas que penden sobre el futuro, está muy lejos de ser un asunto trivial.

Por Roy Hora

---

Conforme a