El fallo de la Corte Suprema que frenó las candidaturas de Uñac y de Manzur en sus respectivas provincias puso el foco en los caudillos atados al mando que impiden la alternancia
Hay una Argentina que ignora los límites. Que es voraz a la hora del poder. Que se vale de las reglas siempre y cuando se ajusten a sus ambiciones. En ese país hay gobernadores, intendentes, políticos en general, pero también sindicalistas, empresarios y hasta directores de escuela o rectores de universidades que se resisten a pasar la posta. Y logran su objetivo porque han sabido crear círculos de confianza con gente que vive de ellos y los cree indispensables.
La decisión de la Corte Suprema de frenar las candidaturas de Juan Manzur y Sergio Uñac, para vicegobernador de Tucumán y gobernador de San Juan, respectivamente, reavivó el análisis en torno de esta Argentina feudal donde, como síntoma del hartazgo social, toman relieve candidatos como Javier Milei, que ha construido su capital electoral –por ahora en potencial– criticando a la casta política.
"Desde 1983, excepto Mendoza y Santa Fe, todas las provincias han habilitado, mediante reformas constitucionales, la posibilidad de una reelección consecutiva para gobernador"
Horas después del fallo de la Corte, la vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que se trató “de una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias”. El comunicado oficial precisó que “la Corte Suprema se alineó con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán”; asimismo, consignó: “Vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos”.
Desde 1983, excepto Mendoza y Santa Fe, todas las provincias han habilitado, mediante reformas constitucionales, la posibilidad de una reelección consecutiva para gobernador. Salvo Catamarca, Santa Cruz y Formosa, donde la reelección de una misma persona es indefinida. Eterna. San Luis y La Rioja la eliminaron recién en 2007.
Sin embargo, que haya límites a la permanencia del poder en la mayoría de los casos no es sinónimo de que se cumplan. Las Cortes Supremas provinciales, conformadas por jueces que llegan a sus puestos por obra y gracia de esos gobernadores o de otros personajes influyentes del círculo rojo local, saben cuándo tienen que devolver los favores recibidos y habilitar los deseos de perpetuación de los políticos.
"Hay un vínculo perverso entre la Nación y las provincias que alimenta este círculo vicioso: la relación fiscal"
En el caso de Tucumán, por ejemplo, la sentencia que allanó la postulación de Manzur lleva la firma de Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, designados por él. Por su parte, el máximo tribunal sanjuanino que habilitó a Uñac está integrado entre otros por los jueces Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto, nombrados por el gobernador en su primera gestión. Yapur es además oriundo del departamento de Pocito, igual que Uñac. Nieto fue asesora letrada del mandatario en la gobernación antes de llegar al tribunal. Además de estos dos jueces, que también son parte del tribunal electoral, integra la Corte provincial un exvicegobernador de Uñac, Marcelo Lima (lo acompañó en la primera gestión).
“Son Cortes advenedizas”, como las llama el constitucionalista Daniel Sabsay. “Esas Cortes fallan en contra de lo que la propia Constitución Nacional dice, que impide esas posibilidades a los gobernadores”. Porque “conforme a los principios generales, la naturaleza electoral es local” y esa es “la regla general”, aunque “no es aplicable frente a la supremacía de la Constitución Nacional, que en el artículo 31 determina que las provincias deben conformarse a ella y no contradecir lo que dice”. Sabsay reafirma que eso “no es lo que ocurre cuando superan los límites de la forma republicana de gobierno y dan lugar a las reelecciones indefinidas”.
El freno de la Corte
El jurista defendió la competencia que asumió la Corte Suprema en este asunto: “Es una intervención razonable que no altera ningún artículo de la parte dogmática de la Constitución. El máximo tribunal lo que expresa es que la alternancia en el ejercicio del gobierno es la esencia de un sistema republicano”.
"Hay un factor más determinante que está de su lado: el clientelismo político"
Pero los gobernadores, además del célebre “hacete amigo del juez”, corren con otras ventajas para conseguir sus reelecciones. Juan Negri, master en ciencia política de la Universidad de Pittsburgh y director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, reconoce las “ventajas de los oficialismos” a la hora de mantenerse en el poder. En primer término, “el manejo de recursos les da más aire para hacer campaña que el que puede tener la oposición”. Además, los gobernadores cuentan con la posibilidad de “diferenciar la gestión provincial de la gestión nacional, separando la fecha de las elecciones y consiguiendo, al desdoblarlas, que la campaña pase a ser muy local”. Con ese simple recurso, consiguen “aislarse del efecto negativo que puede implicar ser del mismo sector político que el gobierno nacional”.
Pero hay un factor más determinante que está de su lado: el clientelismo político. Dice Negri: “En sociedades muy dependientes del empleo público, los gobernadores pueden establecer mucho más fácilmente una red clientelar en la que muchos de los ciudadanos perciben que están más seguros votando al gobernador, al oficialismo. Y por eso se reproduce una dinámica de reelección de los oficialismos”.
Mantener ese statu quo pasa a ser una deformación institucional convalidada por el electorado (en buena medida cautivo) y hasta por el empresariado local. Que Gildo Insfrán haya conseguido mantenerse como gobernador de Formosa desde 1995 con un porcentaje mayoritario de votos habla del alcance que puede lograr este comportamiento.
No parece ser este un juego exclusivo de los jefes distritales devenidos en señores feudales. Hay un vínculo perverso entre la Nación y las provincias que alimenta este círculo vicioso: la relación fiscal.
“La eficacia de los gobernadores para reproducir su poder está sostenida en la relación entre los distritos y la Nación –señala el analista político Marcos Novaro–. Es fruto de una dinámica fiscal que necesita a la Nación para intermediar entre los contribuyentes y el gasto público. La Nación recauda, las provincias gastan. Lo que hace que los gobernadores no tengan mucho conflicto en situaciones de crisis, porque ellos pueden seguir gastando. Las provincias en este momento prácticamente no tienen déficit. Tienen un enorme poder. Lo tuvieron en la época de Néstor Kirchner y en tiempos de Mauricio Macri, que intentó negociar con ellos un nuevo pacto fiscal, y fue el prolegómeno de la crisis financiera del 2018. Muestra de esto es que el peronismo está en crisis a nivel nacional y en las provincias goza de buena salud”.
Clientelismo, coparticipación, y una realidad en la que también tienen parte de responsabilidad la oposición y el propio electorado. “Muchas veces vemos que las oposiciones provinciales tienen serios problemas de coordinación e incapacidad de formar alianzas más poderosas desde lo electoral. Esto ha sido muy visible en Juntos por el Cambio en provincias como Santa Fe o Córdoba, donde, por las diferencias que surgen a la hora de definir los liderazgos, no terminan formado un único frente opositor que tal vez les permitiría ganar”, dice Negri.
Mario Riorda, reconocido consultor en campañas electorales, advierte sobre otros factores que no ayudan a cultivar la alternancia. Lo dice en calidad de miembro de la Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Política que se gestó en Córdoba durante la crisis provincial del 2007, ante la sospecha de fraude en la elección entre Juan Schiaretti y Luis Juez, cuando se creó un dictamen llamado “Así no va más”, del que surgieron cambios al régimen electoral y la boleta única de sufragio.
“Córdoba, Neuquén, en menor medida Mendoza, son claros ejemplos de alternancia con indicios de cooptación institucional, incluso severa en algunos casos –detalla Riorda–. Son provincias que no tienen una estigmatización como otras provincias a las que se las suele calificar como ‘feudales’, pero realizan las mismas prácticas que en aquellas que se critica. En el caso de Córdoba, por ejemplo, la institucionalidad, en una alternancia entre dos líderes que llevan 24 años en el poder, generó condiciones de ‘cancha inclinada’ en las definiciones electorales, marchas y contramarchas a conveniencia, ausencia de controles en los fueros anticorrupción, altísimo condicionamiento de la Justicia, nombramiento de partidarios en espacios de control, alta dependencia del sistema de medios, asimetrías en la composición legislativa, solo por citar algunas cuestiones estructurales que no tienen nada de virtuoso”, explica.
Otros trucos
Novaro avanza en este mismo sentido y habla de los atajos construidos en los últimos años para sortear las limitaciones jurídicas. “Las constituciones provinciales reeleccionistas pero con límites aparecieron con el menemismo y se ampliaron con el kirchnerismo, que es una fase más degradada de esta política peronista de provincias. Hoy lo que buscan es romper los límites que ellos mismos se pusieron en los años 90″. Y así sucede que “donde no hay reelección indefinida, hay una serie de mecanismos de reelección por interpósita persona, por intermedio del vicegobernador, de la esposa, de otro pariente, de otro tipo con el que tienen garantía de lealtad”. El mecanismo así es el de “reeleccionismo permanente con algún subterfugio”.
Fue una mecánica a la que el propio Néstor Kirchner apeló cuando impulsó a Cristina como su sucesora tras su primer período en la presidencia, con la idea de generar una alternancia que no rompiera el eje de su proyecto político.
Las reelecciones que buscan sortear los límites, además de ir en un sentido inverso a lo que manifiesta la gente públicamente (no siempre en las urnas), hablan también de otros bloqueos de la sociedad, de la concentración del poder, de las carencias del sistema político, de la inmadurez de la democracia argentina a pesar de sus 40 años ininterrumpidos como sistema político.
El editor y ensayista Alejandro Katz lo explica así: “Las elecciones continuas de gobernadores en algunas provincias son el caso extremo de un fenómeno más amplio, el de sociedades con élites que son a la vez sumamente reducidas y cerradas. La reelección de los gobernadores atrae nuestras miradas porque hay un requisito de alternancia que la idea republicana trae consigo y que esas reelecciones ignoran. Pero lo cierto es que en esas sociedades no solo está bloqueada la circulación del poder político sino también del poder en general: político, económico, profesional, religioso, cultural... Y poner el foco en ‘los gobernadores’ implica dejar de lado esos problemas estructurales”.
La Argentina manifiesta una realidad que tiene un origen global. Como señala Carlos Gervasoni, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la UTDT, “la norma en la política global es perpetuarse en el poder, ya que la rotación es un concepto más moderno. Todavía hoy en la mitad del mundo no hay democracia. El poder convoca a gente con ambición que no quiere dejarlo”. Por ese motivo, “la democracia y la república fueron una invención para domar el instinto, muy natural en las elites políticas, de gobernar absoluta y eternamente; las instituciones, en cambio, limitan y controlan”.
Los gobernantes siempre encuentran la forma de sortear los límites políticos y jurídicos que les impiden perpetuarse en el poder (en particular aquellos que consiguieron alinear a los órganos de control constitucional con sus intereses). La tarea de romper el vínculo con el Estado falsamente benefactor recaerá en el voto. Es una aspiración en la que la Argentina no está sola.