La patria, los bosques y aquellos que aplauden sin leer
La modificación a la ley de fuego se frustró y eso puede perjudicar a productores inocentes
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Un miércoles cualquiera, Lali Espósito, Ca7riel, Tini, Nicki Nicole y hasta la cantante española Rosalía descubrieron que tenían algo en común: un proyecto de ley con el mismo grito, “La Patria no se vende”. Se les sumó Fito Páez, que a esta altura funciona como el abuelo que valida cualquier causa que parezca progre. Todos unidos contra la amenaza extranjera. Hay un problema: el proyecto que repudian no tiene nada que ver con vender la Patria a nadie. Es una modificación a la ley de manejo del fuego, y podría uno apostar a que ninguno de ellos la leyó.
“La Patria no se vende” es una frase que despierta likes. Sirvió contra las privatizaciones, contra el FMI, contra media docena de causas, y tiene una ventaja: no obliga a saber nada del tema al que se la aplica. Un comodín emocional.
Así funciona cierto reflejo que aspira a ser patriótico: basta con que alguien mencione algo relacionado con la tierra para que se active el pánico a su “extranjerización”. Los datos, sin embargo, son claros: la superficie en manos extranjeras nunca llegó a representar el 6% del territorio argentino. La Constitución, en su artículo 20, reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los argentinos, incluido el de adquirir, poseer y disponer de bienes raíces. Confundir eso con vender la Patria no es patriotismo; es, simplemente, no saber de qué se habla y, aun así, hablar. Nadie puede llevarse ni un lago, ni un glaciar ni el acuífero Guaraní a su país de origen.
Si el miedo fuera realmente al avance extranjero sobre el territorio, la ocasión perfecta para indignarse ya pasó, y nadie la aprovechó. En 2014, el gobierno de Cristina Kirchner le cedió al Estado chino -no a un empresario privado sino al Estado chino, con Ejército incluido- doscientas hectáreas en Neuquén por cincuenta años, para instalar una estación de espacio profundo que opera el propio ministerio de Defensa de Beijing y a la que los científicos argentinos acceden con un cronómetro. Ahí sí hay una potencia extranjera que controla un pedazo de la Patagonia por medio siglo, con opacidad militar de por medio. No recuerdo ningún cantante (Fito ya vivía) que haya salido a decir que la Patria se vendía. O se regalaba.
Ahora bien, la ley vigente -diseñada por Maximo Kirchner- establece que, después de un incendio en un bosque, un humedal o un área protegida, el uso del suelo queda congelado por sesenta años; en otras superficies, por treinta años. Nadie puede lotear, urbanizar ni cambiar su destino. La razón es evitar que un desarrollador prenda fuego un humedal y lo compre después a precio de remate, sobre las cenizas, para construir un country.
La reforma que se proponía recortaba buena parte de esa protección. El reclamo aquí tiene sustancia: no podemos dejar los humedales a merced de un encendedor y un plan de negocios.
El problema real, que nadie entona, es otro: la norma actual no distingue entre quien provoca un incendio, intencionalmente, para hacer un negocio y el chacarero que pierde el campo por un rayo, un cable pelado o un fuego que le llegó del vecino. Los dos reciben el mismo castigo: perder durante generaciones el uso de lo que es suyo, sin juicio, sin prueba de intención y sin un peso de indemnización. Eso no es cuidar el ambiente: es tratar a la mala suerte como si fuera un delito. Un régimen serio distinguiría al productor que perdió el galpón y la hacienda de quien calculó el negocio con los fósforos. Hoy la ley trata a los dos como si hubieran provocado el mismo incendio.
Hay un aspecto más, que no suena ni Spotify ni en Instagram: el presupuesto necesario para prevenir y combatir los incendios. Después de los desastres de los últimos veranos -Córdoba, Corrientes, la Patagonia-, y de los que vendrán, los recursos siguen sin reforzarse y los brigadistas siguen siendo escasos. Legislar sobre la tierra quemada es la mitad de la tarea; evitar que arda o apagar el fuego antes de que sea noticia -tarea imprescindible- al parecer, no interesa a nadie.
Ahí es donde el debate fracasó por ambos lados: algunos legisladores proponían anular la protección contra la especulación y dejar el campo libre para que el fuego vuelva a ser un negocio; los cantantes, mientras tanto, defendían la absurda ley vigente, como si el peligro fuera un noruego comprando hectáreas y no un empresario argento con un bidón de nafta o un tal Lázaro acumulando miles de hectáreas patagónicas al amparo del poder. El oficialismo, que explicó torpemente el proyecto, debió resignar las modificaciones a la ley de manejo del Fuego y la limitación de venta de tierras a extranjeros. La oposición vitoreó y hasta saltó como un inglés al final de la sesión. Unos y otros dejaron indefenso lo que de verdad importa: el suelo argentino.
Luis Castelli es abogado especialista en derecho ambiental, miembro fundador de la Fundación Naturaleza para el Futuro
