Lecciones de Chaco. ¿Quién defiende los derechos humanos de los ciudadanos?

Otro femicidio conmueve al país. Al igual que en casos anteriores de gran resonancia pública, la tragedia de Cecilia Strzyzowski vuelve a enfocar la atención ciudadana sobre los abusos del círculo gobernante de una provincia del interior. Los estrechos vínculos de sus presuntos asesinos con la elite dirigente del Chaco tornan al crimen aún más espantoso porque al horror se suma la percepción de impunidad. Primero con su silencio, y luego con declaraciones que apuntan a quitarle significación política al femicidio cometido en el hogar de sus aliados, la conducta de Jorge Capitanich, tres veces gobernador y hombre fuerte de la provincia, parece avalar las peores sospechas.

Chaco es uno de los principales bastiones del justicialismo en el noreste. La provincia nació en 1951 con el nombre de Presidente Perón, y es gobernada por los herederos políticos del fundador del justicialismo de manera ininterrumpida desde 2007. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la vida cívica del Chaco es muy distinta a la de su vecina del norte, la monocorde y asfixiante Formosa, dominada desde hace casi cuatro décadas por el eterno Gildo Insfrán.

La diferencia tiene bases estructurales, tanto sociales como políticas. Con una ciudad capital de cerca de medio millón de habitantes, que dobla en población a la capital de Formosa, Chaco cuenta con una sociedad civil más autónoma y más compleja y un sistema de medios más plural que el que, del otro lado del río Bermejo, tiene por misión principal describir el mundo con los ojos de Insfrán. En la universidad chaqueña, una institución políticamente diversa, que regularmente produce líderes opositores, también se escucha con fuerza la voz de los disidentes (es el caso, por ejemplo, de Delfina Veiravé, dos veces rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, que acompañó a Juan Carlos Polini como candidata a vicegobernadora por Juntos por el Cambio en las PASO del domingo pasado). Sobre estos pilares se apoya un sistema político provincial que, pese a la indudable gravitación del justicialismo, es más abierto y competitivo de lo que suele afirmarse.

De hecho, en la era democrática inaugurada en 1983, Resistencia, principal teatro de la vida pública chaqueña, y donde reside más de un tercio de los habitantes de la provincia, estuvo más tiempo bajo el control de la Unión Cívica Radical (20 años) que del peronismo (14 años). Un partido provincial, Acción Chaqueña, también gobernó el distrito capitalino (1989-95) y también la provincia (1991-95). Entre 1995 y 2007 la ciudadanía eligió, en tres elecciones sucesivas, gobernadores radicales. En Chaco, la reelección del titular del Poder Ejecutivo provincial, sancionada en 1994, no fue un invento justicialista. Y el caudillo radical Angel Rozas (1995-99 y 1999-2003) fue el primero en disfrutarla.

Desde 2007 gobierna el justicialismo, que supo aprovechar la enorme expansión del gasto público durante las presidencias de Cristina Kirchner para retornar al poder. El torrente de recursos federales que ingresaron a la provincia en esos años le sirvieron a Jorge Capitanich para erigirse en la figura dominante de la política chaqueña. Esta plataforma no le alcanzó para tallar en la escena política nacional (todavía muchos recuerdan sus traspiés como Jefe de Gabinete de Cristina entre 2013 y 2015), pero su ascendiente en el distrito es tal que tiene buenas chances de conquistar un cuarto mandato al frente del Ejecutivo provincial.

Sin embargo, el predominio de este sagaz dirigente siempre encontró límites, que se hicieron más visibles cuando la economía del cuarto kirchnerismo entró en caída libre, dejando al descubierto el hecho de que sus ambiciosos proyectos de modernización del Estado y la economía chaqueñas rindieron pocos frutos (las tasas de pobreza e indigencia de Resistencia continúan entre las más altas del país). En las elecciones nacionales de 2021, la boleta de Juntos por el Cambio cosechó casi tantos votos (42,9%) como la del Frente de Todos (44,1%). Hace pocos días, los resultados de las PASO, que dejaron al oficialismo detrás de los candidatos de Juntos por el Cambio, volvieron a revelar que el ascendiente electoral del peronismo es acotado. Teniendo en cuenta estos factores, hablar de Chaco como de una provincia feudal, como se escucha a diario en el debate público y en muchos medios de comunicación, es ofrecer una visión sesgada de la naturaleza del sistema político provincial.

Dicho esto, es indudable que el enorme peso del sector público en la vida económica chaqueña concede enormes ventajas a un gobierno que no solo es por lejos el principal empleador de la provincia (más de la mitad del empleo registrado es estatal) sino que concibe al Estado como un instrumento que debe ser utilizado en provecho del oficialismo. Un efecto similar producen la legislación electoral y la cultura política local, que no se llevan del todo bien con el ideal de una sociedad plural, respetuosa de los derechos de las minorías, o con la idea de gobierno limitado. Todo ello resiente la calidad de la democracia chaqueña y resta vigor a su vida cívica.

En este ambiente estado-céntrico florecieron proyectos políticos como el que encabeza Emerenciano Sena, que Capitanich promovió desde el comienzo con el fin de ganar autonomía respecto a la estructura política del peronismo local. Sena y su esposa Marcela Acuña cosecharon grandes beneficios gracias a esta alianza, que les permitió expandir el radio de sus actividades, hasta comprender un territorio que va desde la construcción de viviendas sociales a la producción de bienes y la educación inicial. Se trata de otro caso en el que el empleo sin mayor control de los recursos públicos, el enriquecimiento personal y el abuso de poder forman parte integral de un estilo de gestión que atenta contra el carácter universal y transparente de los programas sociales de los que dependen tantos conciudadanos.

La economía popular

Figuras como Sena desprestigian al vasto universo de la economía popular nacido como resultado del ingreso de nuestro país en la era de la desocupación estructural. Tras dos décadas de fuerte expansión, dañado por incompetencias y abusos, este modo de administrar los programas sociales se ha convertido en objeto de críticas muy justificadas, que anuncian la necesidad de reformarlo. Sin embargo, al momento de hacer el balance histórico de sus logros y limitaciones, no hay que olvidar que el sector comunitario todavía hoy constituye no un obstáculo, sino un peldaño que nos acerca al ideal de un país que asegura inclusión y un umbral mínimo de bienestar para todos sus habitantes.

Pero no desviemos la atención de la cuestión del así llamado feudalismo chaqueño, el concepto a partir del cual muchos observadores analizan la política provincial. Teniendo en cuenta el carácter relativamente abierto y competitivo de la política local, queda claro que la tarea de mejorar la calidad de las instituciones provinciales recae sobre los hombros de la dirigencia política, los animadores de la vida pública y la ciudadanía chaqueña. Los aspectos más reprochables del orden político provincial, aunque irritantes (y para algunos también quizá incomprensibles), no constituyen un obstáculo insalvable para avanzar por esta senda. Por cierto, este programa también puede y debe ser apoyado por iniciativas impulsadas desde fuera de la provincia.

A este propósito contribuyen diversos actores, como la prensa, los partidos políticos y un conjunto de organizaciones no gubernamentales. Pero la responsabilidad primera es de las instituciones federales que fueron diseñadas para proteger los derechos de los ciudadanos y para darle más vigor a la democracia constitucional en todo el territorio nacional. En este punto, por desgracia, las lecciones que deja el caso de Cecilia Strzyzowski son desalentadoras. En particular, la inacción y los silencios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Mujeres deshonran nuestras mejores tradiciones políticas. La evidencia nos confirma, una vez más, que Horacio Pietragalla y Ayelén Mazzina, sus titulares, solo son capaces de promover los derechos de las víctimas de abusos de poder en tanto y en cuanto coincidan con los intereses políticos del gobierno nacional. Si este no es el caso, miran para otro lado. Con funcionarios públicos que se comportan como militantes, los oficialismos y sus aliados políticos tienen las espaldas cubiertas. No es nada seguro que en el futuro las cosas sean tan distintas.

Por este motivo, es importante explorar otros caminos. Entre las muchas asignaturas pendientes de nuestra democracia una muy destacada es la falta de un Defensor (o Defensora) del Pueblo de la Nación. Este cargo fue creado por la reforma constitucional de 1994 pero, por el desinterés de la dirigencia política, y en alguna medida también por la desidia de los formadores de opinión y la indiferencia de la ciudadanía, la silla se encuentra vacante desde hace casi una década y media.

Protección de derechos

La función del Defensor del Pueblo es representar el interés ciudadano. Su principal obligación es la protección de aquellos derechos que puedan ser objeto de violación por parte de autoridades nacionales, provinciales o municipales. Además de estabilidad en el cargo, el Defensor posee importantes prerrogativas. No solo es autónomo tanto del gobierno como de los partidos de oposición sino que tiene la facultad de iniciar causas judiciales.

El ombudsman posee, además, las inmunidades y privilegios de que gozan los legisladores nacionales. No puede ser detenido por las fuerzas de seguridad, ni federales ni provinciales. Por supuesto, el Defensor tiene la potestad de intervenir en cualquier rincón del territorio nacional: en Resistencia, pero también en Jujuy, en La Matanza o en CABA. Está facultado para llevar a cabo investigaciones e inspecciones donde puedan estar cometiéndose delitos o violaciones a los derechos humanos. Y posee la facultad de querellar ante la Justicia a cualquier funcionario público que, a su criterio, atente contra un derecho consagrado por nuestras leyes.

A la luz de lo que sabemos sobre el cruel femicidio de Cecilia Strzyzowski, pero también de muchos otros casos que en los últimos años involucraron a funcionarios públicos, debería quedar clara la importancia de contar con un Defensor del Pueblo que sirva de apoyo y aliado de todos aquellos que reclaman mejor democracia y mayor observancia de la ley, en cualquier punto del territorio nacional. Al insistir en este punto conviene recordar que la verdadera medida del valor de nuestra civilización política no la ofrece la retórica grandilocuente de aquellos que, desde algún atril, se arrogan el derecho de interpretar los verdaderos intereses del pueblo, la ciudadanía o de alguna minoría. Más bien, la ofrece el modo concreto en que el Estado custodia, de la manera más amplia y sistemática posible, sin cegueras y exclusiones, los derechos y las libertades de cada ciudadano y, en particular, los de los integrantes más desaventajados de la comunidad.

Para avanzar en esta tarea, que no es otra cosa que un necesario complemento para nuestra vigorosa pero siempre perfectible democracia electoral, es importante contar con el respaldo de instituciones diseñadas para salvaguardar los derechos consagrados por nuestras leyes, que permitan ponerlos al abrigo de los caprichos de los poderosos, los avatares del choque de opiniones y las miserias y miopías que son parte inescindible de la disputa partidaria. La Argentina las tiene incorporadas a su Constitución pero, por desgracia, en el caso que estamos considerando, no ha hecho lo necesario para hacerla funcionar. Estamos en vísperas de un cambio de gobierno, con todo lo que ello implica como instancia de reflexión y esperanza de renovación. En homenaje a las víctimas de las violencias del presente y del pasado, pero también inspirados en el deseo de fortalecer la democracia del mañana, la próxima administración debe asumir el compromiso de designar un Defensor del Pueblo de la Nación.

Historiador e Investigador Principal del CONICET