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Lo que con Bullrich cambió para siempre
Pero el desmantelamiento del aparato de amedrentamiento de los piquetes fue el hecho eternamente imposible que, de repente, se hizo posible
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PARA LA NACIONCarlos Manfroni
Primero, la declaración de intereses, por lealtad al lector. Este columnista fue jefe de Gabinete de la ministra Patricia Bullrich durante su última gestión, hasta el 2 de diciembre pasado. También fue su compañero de fórmula en la elección a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2003. Es a lo que le llaman, en ámbitos judiciales, “las generales de la ley”.
En la historia de las gestiones ministeriales de la Argentina, algunos ministros provocaron un quiebre en el curso de los acontecimientos del país. Es lo que ocurrió con Victorino de la Plaza cuando se desempeñó como ministro de Hacienda de Julio Argentino Roca, después de la crisis de la deuda con la Baring Brothers. Estabilizó la moneda y acompañó el proceso que culminó con la ley de conversión, en 1899; con Domingo Cavallo, cuando impulsó la ley de convertibilidad; o con Dalmacio Vélez Sársfield, autor del Código Civil Argentino.
Imposible olvidar a Roca cuando, como ministro de Guerra, condujo la Campaña del Desierto y aseguró el reconocimiento y control de la Patagonia argentina. También Pablo Riccheri, quien desde el mismo cargo modernizó el ejército e impulsó, en 1901, la ley del servicio militar obligatorio, una institución que contribuyó no sólo a la defensa, sino también a la civilización y a la igualación social.
Aunque no fue ministro, Juan Vucetich, como jefe de la Oficina de Identificación Antropométrica, generó una transformación de la seguridad en el mundo con la creación del sistema de identificación de huellas dactilares. Tampoco fue ministro Ramón Falcón, pero desde su puesto de jefe de la Policía de la Capital, antecedente inmediato de la Policía Federal, modernizó la fuerza, mejoró su disciplina y estableció un escalafón jerárquico.
Pueden haber existido avances y retrocesos respecto del legado de aquellos hombres, pero la obra de cada uno forjó la grandeza de la Argentina.
Bullrich llegó a su cargo, que le había sido ofrecido por el flamante presidente Javier Milei pocos días antes, y comenzó su tarea como si la hubiera dejado en la víspera. Habían pasado cuatro años desde el final de su gestión anterior. Cada uno de sus colaboradores se sentó en su puesto sabiendo lo que había que hacer.
En el minuto uno del 10 de diciembre de 2023, me dio la orden de redactar el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación”, popularmente conocido como “Protocolo Antipiquetes”, que firmó enseguida después de algunos intercambios de ideas. Diez días después, los mal llamados “movimientos sociales” desplegaron su primera avanzada multitudinaria. Más que una marcha, era un ataque al Congreso de la Nación, un verdadero clásico de la insurgencia a la que habían acostumbrado a la ciudad de Buenos Aires y al país entero. Pero esta vez el resultado no fue el mismo.
La ministra ya había organizado un dispositivo de pinzas que funcionó como una máquina perfectamente aceitada. Por un lado, un despliegue de todas las fuerzas policiales y de seguridad federales que, esta vez, no retrocedieron ante el avance de los atacantes. Y no retrocedieron porque sabían que contaban con respaldo político. Quienes arrojaban piedras contra las fuerzas del orden fueron detenidos e imputados.
Desde la sala de situación, dotada de decenas de pantallas, en presencia de los jefes de las fuerzas, Bullrich se aseguraba de que no hubiera un solo carril ocupado.
Paralelamente, se reforzó la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional, para permitir que los manifestantes que no deseaban ser parte de esos actos violentos pudieran denunciar a quienes los forzaban a serlo. El sistema de operadores no daba abasto para recibir las denuncias de quienes antes solo se limitaban a masificarse en las columnas que cortaban rutas, calles y avenidas. Decenas de miles de denunciantes dieron cuenta de la extorsión a la que eran sometidos: amenazas de perder su plan social, prohibición de concurrencia a los comedores populares, extorsión con los medicamentos, “multas” y obligación de derivar a los punteros una parte del plan social. Algunos incluso proporcionaban los números de cuentas a los que debían transferir los fondos o los teléfonos de los extorsionadores.
Con esas denuncias, el área de enlace con el Poder Judicial del ministerio, rearmada y reforzada por la propia ministra ante la urgencia, realizó miles de presentaciones ante los tribunales en las que incluyó los datos que los denunciantes iban proporcionando. Se derivaron copias al Ministerio de Capital Humano, desde donde se adoptaron las medidas correspondientes contra los que malversaban los beneficios que el Estado destinaba a los pobres y el auxilio económico fue independizado de los intermediarios de la pobreza.
Por su lado, la Gendarmería Nacional, juntamente con los organismos encargados del control vial y del transporte, detenía en las rutas a los micros cargados de gente a la que conducían a la revuelta. La mayoría eran vehículos escolares, que no debían ser destinados a esa finalidad, o transportes que no llevaban sus papeles en regla o, lisa y llanamente, no los tenían.
Para quienes acudían en tren, desde los parlantes de las estaciones de ferrocarril se los exhortaba a no ceder a las presiones de los extorsionadores y se les avisaba que no perderían su plan social por no hacerlo.
El resultado fue que los principales líderes piqueteros fueron procesados por la justicia y embargados. A algunos se les encontraron grandes sumas en sus cuentas, procedentes de la expoliación de los desvalidos.
En tres meses, los piquetes se terminaron. Lo mismo que en el cuento del rey desnudo, un extraordinario mecanismo de extorsión se desmoronó como un castillo de naipes.
Los argentinos habíamos estado veintidós años sometidos a la voluntad de unos pocos. Bastaba con que diez o veinte personas se situaran en medio de la avenida 9 de Julio o en cualquier ruta, para que se interrumpiera el tránsito de decenas de miles de vehículos. Los que pagaban impuestos para sostener los planes eran bloqueados por quienes se beneficiaban de ellos.
¿Por qué esto no había ocurrido antes? El delito de estorbar –no solo interrumpir– el tránsito en la vía pública estaba penalizado desde hacía más de medio siglo; pero parecía que la ley había sido derogada por la anomia.
Todos los ministros que a lo largo de la historia del país promovieron grandes cambios tuvieron el apoyo de los respectivos presidentes. Patricia Bullrich contó con el de Javier Milei, quien sabía, como ella, que un gobierno que proclama la libertad no puede dejar bloqueados a los ciudadanos.
La gestión de Bullrich en Seguridad alcanzó numerosas metas, como la pacificación de la ciudad de Rosario, el fin de los bloqueos a empresas, el combate a la droga, el protocolo de máxima seguridad en las cárceles, la ampliación del registro de ADN para todos los delitos y la contribución a la mejora de muchas normas penales. Pero el desmantelamiento del aparato de amedrentamiento y extorsión de los piquetes fue el hecho eternamente imposible que, de repente, se hizo posible.
