Narcotráfico: un Estado corrupto que no impone la ley y ya no puede “gerenciar” el delito

Desde hace mucho tiempo sabemos que hechos como la amenaza que sufrió la familia de Messi en Rosario no surgen de un supuesto vacío estatal, sino de exactamente lo contrario. Lo que esconde este suceso, así como el ataque narco en el que fue asesinado el niño Máximo Gerez, es una relación intensa entre la policía, el sistema judicial y los partidos políticos rosarinos con grupos dedicados al narcotráfico y demás negocios ilegales. A raíz de la experiencia con la policía de la provincia de Buenos Aires, diversos estudios han puesto de manifiesto que esas relaciones se componen de un intercambio particular. El Estado –representado por policías, el sistema de justicia y dirigentes políticos– vende a los narcotraficantes una mercancía muy preciada, que se paga con gusto y que he definido como una forma de protección basada en la “suspensión de la ley”. Por sumas variables de dinero, narcotraficantes, reducidores de vehículos, traficantes de armas o dueños de talleres clandestinos, entre otros, pagan de manera sistemática a policías, jueces o políticos para que no se los haga cumplir con la ley. A cambio, estas autoridades ofrecen suspender normas que están obligadas a cumplir, así como desviar patrullajes, no investigar, falsificar documentos, suministrar información sobre allanamientos y otros servicios.