
Si los decretos son buenos o malos es una discusión necesaria, pero solo una interpretación disociada de la realidad jurídica puede negar que la Constitución los permite y que la práctica constitucional los ha aceptado
La decisión del presidente Javier Milei de dictar un DNU que modifica o deroga sucesivas capas de regulaciones, muchas de ellas originadas en gobiernos de facto de inspiración organicista, provocó críticas de varios políticos y abogados. No por su contenido, solo atacado por la CGT y la izquierda, sino por supuestas cuestiones de forma: abarcar demasiados temas y no explicar las circunstancias de necesidad y urgencia que lo justifican. Según sus críticos, esto pone en riesgo a las instituciones de la república. En esencia, ahora rechazan que los DNU sean plenamente constitucionales y que el Ejecutivo pueda dictarlos ante situaciones críticas, olvidando que incluso antes de la reforma de 1994 ya habían sido aceptados y hasta Frondizi los defendió respecto de los contratos petroleros.

