Vulnerables. Provincias en problemas ante el ajuste de Milei

Veintiocho años de demora lleva el mandato constitucional de sancionar una nueva ley de coparticipación, la columna vertebral del federalismo económico argentino. A falta de esa norma, todo se resuelve con parches. La nación distribuye entre las provincias parte de la recaudación sin criterios objetivos y las más favorecidas no parecen haber logrado mejoras estructurales. Así, los giros discrecionales terminaron consolidándose como terreno dominado por el amiguismo o por el enfrentamiento.

A este escenario de larga data, en los últimos días se sumaron cruces entre los gobernadores de todos los partidos políticos y el presidente Javier Milei. Bajo la consigna de “no hay plata”, la Casa Rosada apunta a trasladar buena parte del ajuste a las provincias y, ante las dificultades para reunir los votos y aprobar el capítulo económico de la ley ómnibus, optó por retirar el capítulo fiscal, con lo que en principio no habrá coparticipación del blanqueo y tampoco, por el momento, cambio en Ganancias (impuesto que se reparte con las provincias), además de avanzar con la restricción de los giros discrecionales.

El riojano Ricardo Quintela fue el primero en plantear que, con víveres nacionales recortados, imprimirá cuasimonedas. Pagará hasta el 30% de los salarios públicos con “El Chacho”, nombre popular del Bocade (Bonos de Cancelación de Deudas). Hace tiempo que los economistas que siguen los números provinciales advertían que el modelo riojano crujía. Cuando la nación, durante cuatro meses, dejó de transferirle la coparticipación “compensatoria” que recibe, la crisis estalló.

Hay una combinación de factores que deja a la provincia en una situación crítica: déficit financiero del 1% en el primer semestre de 2023 (último dato oficial); alto porcentaje del gasto corriente destinado a personal (52%); la recaudación propia es menor al 10% de sus ingresos totales; altísima dependencia de recursos nacionales (89%) y una deuda pública equivalente a cuatro meses de ingresos (94% de la deuda está nominada en dólares).

El Ieral de la Fundación Mediterránea y la consultora Politikon Chaco, a pedido de LA NACION, elaboraron el ranking de las cinco provincias que presentan indicadores más críticos. La Rioja aparece en ambos listados.

Marcelo Capello, economista del Ieral, determinó que además de La Rioja están en zona de vulnerabilidad fiscal Río Negro, Tierra del Fuego, Salta y Catamarca. A esa conclusión llega analizando el porcentaje de ahorro corriente sobre gasto corriente; el gasto de personal sobre los ingresos corrientes; las transferencias discrecionales de la nación sobre los ingresos totales; el peso de los servicios de deuda sobre los ingresos y las exportaciones en relación con el Producto Bruto Geográfico.

Advierte que si se incluyen las transferencias por coparticipación –cuya dinámica dependerá de lo que suceda con el proyecto que modifica Ganancias–, del ranking sale Catamarca y entra la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, incluye en el listado de las más vulnerables a La Rioja, Jujuy, Chaco, Tierra del Fuego y Buenos Aires. La evaluación la realiza sobre déficit financiero; porcentaje de ingresos corrientes destinado a salarios públicos; recaudación propia sobre ingresos totales; peso de las transferencias nacionales (giros automáticos y discrecionales) y deuda pública.

La caída de ingresos en las provincias comenzó a fines de 2023 y se ha ido acentuando no solo por la decisión de la Casa Rosada de reducir al mínimo los giros discrecionales, sino también porque en diciembre y enero impactó de lleno en la coparticipación el cambio de Ganancias instrumentado por el exministro Sergio Massa (que la mayoría de los gobernadores apoyó ante la promesa de una compensación) a la vez que la recaudación propia sufre por la recesión.

Deterioro fiscal

El gasto en las provincias es bastante rígido; en promedio, se destina entre 55% y 57% de los ingresos a salarios. En un escenario de ajuste, la expectativa de los gobernadores está puesta en la licuación de las erogaciones fruto de la inflación. Esa receta ya funcionó en 2018 y 2019, lo que les permitió a la mayoría de los distritos tener cuentas superavitarias hasta mediados del 2022.

Para Pegoraro, el escenario general se presenta “desafiante” para los gobernadores que, aunque en un mapa muy heterogéneo, ya “arrastran un deterioro de la situación fiscal” que comenzó en el segundo semestre de 2023. Además, este año la deuda pública volverá a “pesar”. Las provincias que la reestructuraron enfrentan vencimientos importantes con el agravante de que, por la devaluación, necesitarán más pesos para comprar dólares.

Capello aporta que hay un problema de base: un modelo macroeconómico que privilegió el consumo y el gasto público. “No se generó un modelo exportador en serio, con valor agregado en todas las regiones; eso nunca pudo ser consolidado en el tiempo”, señala. Plantea que hay provincias a las que les resultó “más cómodo” vivir de los ingresos por coparticipación y los giros discrecionales que encarar reformas.

Son, en definitiva, dice Capello, “recursos nacionales que salen de otras provincias” y que sostienen un alto gasto público que “termina generando trabas a las actividades productivas privadas; compite con el empleo privado. El sector público complica la competitividad. Hay un círculo vicioso. Pasar a otro modelo es lento”.

Dependientes

Las provincias que aparecen más complicadas para los próximos meses comparten características, dice Pegoraro. Por ejemplo, Salta tiene déficit financiero, deuda pública alta, fuerte dependencia de giros nacionales, pero su administración es “más ordenada”. Aunque advierte que “todas” deberán ajustarse, hay algunas “menos comprometidas”, como la ciudad de Buenos Aires y Misiones. Tienen baja dependencia de Nación y, en el caso de la litoraleña, una “estructura tributaria propia muy fuerte”.

Capello agrega que en un escenario donde caerá el consumo y mejorarán las exportaciones, las patagónicas tienen mejores posibilidades. Según sus estimaciones, a las cinco jurisdicciones más vulnerables se les suman Tucumán, Chaco y Corrientes. En cambio, incluye a La Pampa, CABA y Córdoba entre las mejores posicionadas.

Carlos Gervasoni, director del departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, remarca que la política argentina atraviesa un momento de “enorme cambio”. No solo por la llegada de Milei a la presidencia sino porque, a nivel provincial, también hubo un “terremoto” y el peronismo hoy solo controla media docena de distritos. Estos actores nuevos obligan a un “reacomodamiento general”. Con gobernadores que juegan como líberos, “terminan siendo más predominantes los intereses territoriales; hay una territorialización, una desnacionalización de la política”.

Para la ilustrar la coyuntura, le parece apropiado recordar cuando, en 2007, el radical Julio Cobos fue como vicepresidente de Cristina Kirchner: “La UCR se había quedado con tres gobernadores y él rompió con su partido para ir con el histórico rival. Era una dinámica similar a la actual, donde hay una tendencia acentuada a las negociaciones bilaterales”.

A falta de una liga de gobernadores, Gervasoni cree que, en la medida en que el gobierno nacional pueda conservar “fuerza y popularidad” podrá mantener este esquema pero, “si en algún momento cae, habrá una mayor posibilidad de un reagrupamiento”.

Distritos rentísticos

Más allá de la coyuntura, el experto subraya que, como país federal, las provincias argentinas tienen un alto grado de autonomía y “pueden hacer con sus recursos lo que quieran y hacen barbaridades, como también las hace la Nación”. En esa línea, plantea que son los votantes los que deben “censurar” la mala administración, pero advierte que la relación es “muy imperfecta” porque en distritos “rentísticos” todos “dependen” de los gobiernos ya que cobran sueldos, acceden a planes, hacen obras o reciben pauta. “El nivel de control es tan alto que el vínculo está alterado”, resume.

El economista Juan Llach sostiene que el fracaso del esquema vigente se plasma en que las provincias más pobres son siempre, o casi siempre, las mismas. “No se ha podido cambiar en toda la historia argentina”, dice. Cree que una nueva ley de coparticipación podría “ordenar”, pero debería “incluir incentivos” a la producción.

El primer tema que debe tratarse es quién recaudará los tributos; las provincias son “renuentes” y se concentran en cargas “casi ocultas”, como Ingresos Brutos, que recauda cerca del 4% del PIB, tiene “efecto cascada y es distorsivo para la inversión y la distribución del ingreso”. Además, Llach indica que hay que “optimizar” los recursos existentes eliminando superposiciones, lo que daría más margen para descentralizar las responsabilidades de los tres niveles de gobierno.

Sobre los giros no legislados, apunta que “hay que entregarlos automáticamente a provincias y municipios por razones federales y también de reducción de costos para, con lo que se ahorra, aumentar el financiamiento de la educación y la salud de los indigentes”.

Gervasoni comparte que los hechos demuestran que “tirar baldazos de plata no ha resultado en estructuras productivas”.

Sostiene que para cambiar el resultado hay que modificar la ley de coparticipación. “La actual es muy mala, hay consenso entre los expertos –añade–. El problema es cómo se llega a un acuerdo es político; pueden tardarse otros 28 años. El Poder Judicial podría dar un paso; la ley actual constituye una violación abierta a la Constitución y si la Justicia ordena comenzar un proceso de reforma, podría avanzarse. Hasta 1988, cuando se la modificó, había criterios objetivos de reparto; ahora directamente no hay nada”.

Las más complicadas

Las provincias más vulnerables tienen menor ahorro, mayor gasto en personal y son más dependientes de las transferencias del Estado nacional. Los datos de las más comprometidas son los siguientes:

-LA RIOJA: Tuvo déficit financiero del 1% en el primer semestre de 2023 (último dato oficial); el 52% del gasto corriente se destina a personal; solo el 10% de los ingresos provienen de la recaudación propia; 89% de los recursos que gestiona son de origen nacional; su deuda pública equivale a cuatro meses de ingresos (94% de la deuda está nominada en dólares).

-JUJUY: Tuvo superávit financiero del 11% en el primer semestre de 2023; el 70% del gasto va a salarios; solo el 13% de sus ingresos provienen de recaudación propia; 78% de sus ingresos provienen de la nación; la deuda pública equivale a seis meses de recaudación propia (92% nominada en dólares).

-CHACO: Tuvo un déficit fiscal del 2% en el primer semestre del 2023; la recaudación propia equivale a 11% de sus ingresos; destina 51% de sus ingresos corrientes a salarios; 75% de sus recursos dependen de transferencias nacionales; la deuda pública equivale a tres meses de recaudación (70% nominada en dólares).

-TIERRA DEL FUEGO: Resultado financiero negativo (10% de déficit en primer semestre de 2023); 55% del gasto va a salarios; la mitad de sus recursos provienen de Nación; la deuda pública equivale a tres meses de recaudación (85% nominada en dólares).

-BUENOS AIRES: Registró un déficit financiero del 5% en el primer semestre de 2023; el 47% del gasto corriente va a salarios; depende en un 48% de las transferencias (8% de sus ingresos provienen de giros discrecionales); su deuda pública equivale a seis meses de recaudación (93% nominada en dólares).

(Datos del Ieral de la Fundación Mediterránea y la consultora Politikon Chaco)