A diez años de la reforma constitucional

Por Eduardo Menem Para LA NACION
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30 de agosto de 2004  

Al cumplirse un nuevo aniversario de la reforma constitucional de 1994, considero oportuno formular algunas reflexiones sobre el que fue uno de los acontecimientos institucionales más importantes del último siglo en nuestro país.

Con la jura de la Constitución, en el Palacio San José de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), el 24 de agosto de 1994, por parte de todos los convencionales constituyentes y autoridades de los tres poderes del Estado, culminaba un largo proceso de numerosos proyectos frustrados, con una nueva Constitución sancionada en 1949 y anulada en 1955, con una muy limitada en 1957 y con encendidos debates, polémicas y desencuentros entre los argentinos acerca de la necesidad de otro cambio y sobre los alcances y contenidos que debía tener.

La reforma de 1994 realizada por la Convención Nacional Constituyente reunida en Santa Fe y Paraná entre el 25 de mayo y el 22 de agosto de 1994 fue la más importante introducida en la Constitución nacional a partir de su sanción, en 1853, y estuvo investida de indiscutible legalidad y legitimidad, como surge del análisis de todo el proceso.

En primer término cabe recordar que la ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma, fue sancionada por la mayoría calificada de la totalidad de los miembros de ambas cámaras (no sobre los legisladores presentes). Así se dio por tierra con esa vieja polémica sobre la forma de computar esas mayorías, lo que había sido una de las principales objeciones que se le formularon a la Constitución de 1949.

Esa ley había sido precedida por acuerdos entre las dos principales fuerzas políticas del país, lo que posibilitó un trámite consensuado.

Igualmente irreprochable fue el proceso electoral que conformó la Convención Constituyente, con participación de todas las fuerzas políticas del país que quisieron hacerlo, lo que trajo como consecuencia la presencia de 18 bloques políticos. De ese modo, fue la asamblea constituyente más pluripartidista y representativa en la historia nacional.

La Convención se ajustó estrictamente en su funcionamiento a las condiciones establecidas por la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Contra muchas predicciones negativas -que se realizaron incluso durante el desarrollo de la Convención-, las modificaciones se limitaron a los temas autorizados por la ley y se realizaron dentro del plazo de 90 días que ella establecía. Sólo quedó fuera de la reforma, por falta de acuerdo dentro del plazo legal, la referida a la creación de un consejo económico y social con carácter consultivo.

Resulta también interesante señalar que las reformas fueron votadas por amplias mayorías de los convencionales. Tres de las flamantes normas fueron votadas por unanimidad: la de defensa de la democracia, del artículo 36, la del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, del artículo 75, inciso 17, y la cláusula transitoria primera, que ratifica la soberanía sobre nuestras islas australes.

La Convención Constituyente de 1994 mantuvo los valores pétreos de la Constitución de 1853 en cuanto a sus principios, forma de gobierno, derechos y garantías, pero amplió estos últimos de modo tal que mereció justamente el calificativo de "garantista".

En ese sentido, merecen destacarse los derechos y garantías incorporados en un nuevo capítulo, tales como los derechos de iniciativa (artículo 39), la consulta popular (artículo 40), el derecho a un ambiente sano (artículo 41), los derechos de los usuarios y consumidores (artículo 42) y el amplísimo espectro de derechos y garantías introducidos a través de los principales tratados sobre derechos humanos, a los que se les asignó la misma jerarquía que a las normas constitucionales (artículo 75, inciso 22). Pero, además de la consagración de tales derechos, se aseguró su efectividad y operatividad mediante la regulación de la acción de amparo, para la defensa de la población, en general; del hábeas data, para la protección de los datos personales, resguardando el honor y la intimidad de las personas, y el hábeas corpus, para defender la libertad (artículo 43).

Resultan también destacables las nuevas normas tendientes a eliminar todo tipo de discriminación, como la que establece la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios. Se autorizaron medidas de acción positiva para lograrlo (artículo 37), del mismo modo que para evitar la discriminación de niños, ancianos y personas con discapacidad, otorgándose la acción de amparo no sólo a los afectados sino también al defensor del pueblo y a las asociaciones de ciudadanos constituidas a esos fines (artículo 43).

No hay que olvidar, en este rubro, la eliminación de la exigencia de pertenecer a la religión Católica Apostólica Romana para ser presidente de la Nación.

Desde otro punto de vista, la reforma fortaleció el principio republicano, al establecer con jerarquía constitucional nuevos mecanismos de control, como la Auditoría General de la Nación (artículo 85), el defensor del pueblo (artículo 86), el Consejo de la Magistratura (artículo 114) y el Ministerio Público (artículo 120). Asimismo, se acortaron los mandatos del presidente de seis a cuatro años, con una sola reelección, y el de los senadores nacionales, de nueve a seis años, estableciéndose en este último caso la incorporación de un tercer senador en representación de la minoría.

Además, se fortaleció el federalismo, al darle jerarquía constitucional y establecer las bases de la coparticipación federal de impuestos, al determinar que la intervención federal sólo puede ser dispuesta por el Congreso de la Nación y al reconocerles a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, el derecho a celebrar convenios internacionales (artículo 124) y a constituir regiones (artículo 125).

En este orden, también cabe incluir el reconocimiento expreso de la autonomía municipal y el establecimiento de un régimen de gobierno autónomo para la ciudad de Buenos Aires (artículo 129).

La precedente enumeración no pretende agotar los contenidos de una reforma tan amplia como la de 1994, sino, simplemente, señalar algunos de sus aspectos más relevantes, lo que no significa restar trascendencias a las normas referidas a la integración con otros países ni a aquellas tendientes a agilizar la sanción de las leyes.

Una consideración especial merece, desde mi punto de vista y como autor del proyecto, la cláusula transitoria primera, que consagró constitucionalmente nuestros inalienables derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, estableciendo las bases para su recuperación.

Finalmente, como lo señalé en mi discurso de clausura de la Convención Constituyente el 22 de agosto de 1994, la reforma no tuvo buena prensa y fue a menudo atacada y denigrada, incluso antes de su sanción. Nuestra respuesta fue la consagración constitucional del secreto de las fuentes de información periodística (artículo 43), elevando a su máxima jerarquía los derechos a la libertad de expresión y a la información.

Todavía quedan pendientes algunas leyes por sancionar para poner en vigencia algunas de las instituciones incluidas en la reforma de 1994, tales como la de coparticipación federal y la regulación de los decretos de necesidad y urgencia. Pero, desde luego, esa carencia no es atribuible a la Constitución reformada, sino a intereses políticos circunstanciales que obstaculizan la labor parlamentaria.

Considero que a diez años de la sanción de la reforma mantienen plena vigencia los propósitos que guiaron a los integrantes de la Convención Constituyente de tener una Constitución que respondiera a las exigencias de la realidad nacional y mundial, pero que, fundamentalmente, como lo expresaba en el discurso de clausura, "sea prenda de paz y de unión de los argentinos y de todos los hombres del mundo que quieran habitar este suelo patrio".

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