¿Al peronismo le interesan los derechos humanos?
Las posiciones frente a Venezuela, Nicaragua y Formosa se deben evaluar en perspectiva histórica
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PARA LA NACIONDaniel Santa Cruz
“Como Presidente de la Nación, vengo a pedir perdón (en nombre) del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”, dijo el expresidente Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004 en la ESMA, cuando formalizó allí la creación del Museo de la Memoria.
Esas palabras, que cayeron muy mal en el expresidente Raúl Alfonsín y en todos aquellos que hicieron lo imposible por llevar a juicio a las Juntas Militares en 1984, estaban basadas en una mentira: el Estado no había hecho silencio; al contrario, había juzgado y condenado las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. En todo caso, quienes hicieron silencio fueron muchos dirigentes del Partido Justicialista que promovieron en la campaña presidencial de 1983 el compromiso por sostener el decreto de autoamnistía promulgado por la Junta Militar en caso de que su candidato, Italo Luder, llegara a la presidencia, y que, además, ya en democracia, se negaron a formar parte de a CONADEP. Muchos dirigentes peronistas callaron y no acompañaron a Raúl Alfonsín en esa gesta, pero con el tiempo se envalentonaron y gritaron fuerte, entre ellos Néstor y Cristina Kirchner.
Tampoco existen condenas públicas de parte de los Kirchner al indulto promulgado por Carlos Menem. En ese momento el líder riojano tenía votos y captaba mayorías, así que mejor fue acompañarlo cuando el interés mayor era gobernar Santa Cruz. Incluso, años después del indulto y de las privatizaciones, Néstor Kirchner definió a Menem en un acto “como el mejor presidente desde Perón”.
El Estado no había hecho silencio; al contrario, había juzgado y condenado las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. En todo caso, quienes hicieron silencio fueron muchos dirigentes del Partido Justicialista
Ya con Kirchner en la presidencia, hubo una sobreactuación con el tema de derechos humanos que le permitió al kirchnerismo captar voluntades entre los más jóvenes. Algunos apoyos se dieron de modo incomprensible, como el de aquellos Organismos de Derechos Humanos que supieron darle la espalda a Alfonsín, quien junto con Graciela Fernández Meijide y Alfredo Bravo, entre otros, había presentado habeas corpus por los desaparecidos durante la dictadura y que luego tuvo la valentía de llevarlos a juicio cuando las Fuerzas Armadas aún eran un actor político preponderante. Le dieron la diestra -en cambio- a quien calló durante todo ese tiempo y a partir de 2003 se mostró como el gran justiciero, pero que, para la mirada de muchos que sí le pusieron el cuerpo al tema, hacerlo 20 años después, con las Fuerzas Armadas en pleno declive, era “como cazar elefantes en un zoológico”.
Tampoco existió una condena del peronismo en democracia y una apertura clara para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el gobierno de Perón e Isabel, vinculados a la Triple A.
Recordar estos hechos sirve como punto de partida para analizar las razones del comportamiento que tiene el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner respecto a los pronunciamientos ambiguos y negacionistas sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y también en nuestra Formosa, que nos llevan a realizarnos una pregunta: ¿Realmente le interesan los derechos humanos al peronismo? Porque los cambios de posiciones constantes. o circunscribir esa defensa de los DDHH solo a lo que reditúa políticamente en determinados momentos de la historia, puede generar un gran interrogante sobre las reales convicciones.
El ejemplo más reciente, donde esa oscilación por interpretar y defender derechos humanos de parte de la dirigencia del PJ quedó evidenciado, se advirtió cuando no mostraron el mismo interés por los casos de Facundo Astudillo, en Bahía Blanca, ni por Luis Espinoza, en Tucumán, mientras permanecían desaparecidos, que el manifestado por Santiago Maldonado, una causa que fue “militada” hasta después de que la justicia se expidiera, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Argentina, que en la década del 80 era observada por el mundo como un ejemplo único de salida democrática con juicios históricos, comparados con aquellos de Nüremberg sobre quienes violentaron todas las normas de convivencia con flagrantes violaciones a la integridad humana, hoy es colocada como aliada de países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos y las libertades políticas, como Rusia, que solo en lo que va del año encarceló 11.000 manifestantes y al principal opositor, Aleksei Navalny, a quien se le niega acceso a atención médica independiente luego de un sospechoso intento de envenenamiento antes de apresarlo. Un país donde, entre otras cuestiones, se prohíben los derechos de las minorías sexuales, normas agregadas recientemente en su Constitución.
También el compromiso por el respeto hacia los DDHH se pone en duda cuando se sostienen posiciones internacionales en favor de Nicaragua y Venezuela. Como fue no acompañar en la OEA (Organización de Estados Americanos) la firma de un documento emitido por 59 países en el cual se repudiaron las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, además de realizar un llamado a elecciones libres. No firmar ese pronunciamiento es darle la espalda al pedido de justicia por 328 muertes y centenares de presos políticos que, según organizaciones de derechos humanos, fueron el resultado de las represiones de los últimos años, que además generaron 100 mil exilios desde que el régimen de Daniel Ortega comenzó a parecerse a la dictadura de Anastasio Somoza, la misma que el Frente Sandinista de Liberación Nacional desalojó del poder. Paradojas del destino, Ortega compartió la primera junta de gobierno post dictadura con Violeta Chamorro, madre de Cristiana Chamorro, hoy encarcelada por el régimen de Ortega a partir de anunciar su precandidatura a la presidencia. También el régimen detuvo arbitrariamente a los opositores Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz y a centenares de militantes políticos opositores.
El régimen de Daniel Ortega comenzó a parecerse a la dictadura de Anastasio Somoza, la misma que el Frente Sandinista de Liberación Nacional desalojó del poder.
La no condena de las violaciones a los DDHH en Venezuela no debería ser sorpresa. Estos atropellos a los derechos civiles y las flagrantes violaciones a los derechos humanos se cometen desde la llegada del propio Chávez, el padre de la patria grande, presentado como el resultado de un proceso revolucionario y no como lo que es para los ojos de las democracias del mundo: una dictadura cruel. Días atrás, Argentina se retiró de la demanda en la Corte Penal Internacional de La Haya contra la dictadura de Nicolás Maduro que incluye la investigación de 131 asesinatos en manifestaciones, 8292 ejecuciones extrajudiciales, más de 12.000 prisiones arbitrarias, 289 casos de tortura, 192 casos de violación y 6 desapariciones. Sin embargo, para las voces más sonantes del kirchnerismo. como la dirigente Victoria Tolosa Paz, en Venezuela “hay un estado de derecho”. Algo que las víctimas, entre ellos cinco millones de exiliados, podrían desmentir categóricamente. No se puede tapar el sol con un dedo.
Formosa es el ejemplo local de la poca importancia que el peronismo les otorga a los derechos humanos cuando no es de su conveniencia. Las medidas tomadas por el gobierno formoseño durante la pandemia, denunciadas por dirigentes opositores, llevaron a organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Humans Rights Watch, a identificarlas como “medidas abusivas”, y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a realizar una investigación donde se habla de “preocupaciones críticas de derechos humanos”. Curiosamente, la cancillería argentina convirtió la crítica en un elogio por el trabajo en conjunto. De todos modos, se trata de la misma Formosa que para el presidente Fernández es “un ejemplo a seguir”.
Si el propio Presidente llama a seguir como ejemplo a un gobierno provincial denunciado por prestigiosos organismos internacionales, y su gobierno calla ante las más de 200 denuncias sobre violaciones a los derechos civiles realizadas por fuerzas de seguridad durante la pandemia, no podemos menos que preocuparnos sobre los valores republicanos y el respeto a los derechos humanos que un gobierno debe sostener, tanto en su país como en cada foro internacional donde exista representación.
Por eso, recordar el comportamiento respecto a un tema tan delicado como los derechos humanos de parte del partido de gobierno en los primeros 20 años de democracia, sirve para no sorprendernos con el presente. Parece ser que nuevamente la conveniencia va más allá de las convicciones, y quizá sea por eso que no se condenan las violaciones a los DDHH que suceden en cualquier lugar del mundo priorizando un alineamiento político.
De todos modos, se trata de una pésima decisión de la administración de Fernández, porque, como decía Martin Luther King, “la injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”. De eso se trata.
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