Alberto Fernández clonó a Cristina y abrió una caja de Pandora

La mimetización entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner quedó esta semana de manifiesto con los discursos del Presidente ante la Asamblea Legislativa y de la vicepresidenta frente a los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, que la investigan en la causa del dólar futuro. El punto de reencuentro entre las dos figuras del oficialismo lo marcó la vocación del primer mandatario por hacer propia la agenda judicial de la multiprocesada expresidenta, pero lo evidenció mucho más el estilo beligerante que exhibió el titular del Poder Ejecutivo.

Alberto Fernández no solo abogó para que el Poder Legislativo trate las reformas del fuero federal y del Ministerio Público que duermen en la Cámara de Diputados tras ser aprobadas por el Senado, se cree un Tribunal de Garantías y se avance hacia los juicios con jurados populares en los casos federales. Fue incluso más allá de estas propuestas objetadas en buena parte del Poder Judicial y abrió una verdadera caja de Pandora al pedirle al Congreso que “asuma su rol de control cruzado” sobre los jueces “para ver lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república”.

Esa sorpresa del Presidente derivó en las últimas horas en la posibilidad de que se constituyera, por iniciativa del oficialismo, una comisión bicameral legislativa que controlara el funcionamiento del Poder Judicial. El senador Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner, fue el primero en hablar, después del mensaje presidencial, de la necesidad de conformar ese grupo de tareas parlamentario.

Se trataría de una comisión viciada de nulidad desde el punto de vista constitucional. En ninguno de los 32 incisos del artículo 75 de nuestra Ley Fundamental, referido a las atribuciones del Congreso, se menciona la posibilidad de que este controle la labor de los jueces. La única salvedad sería el derecho de la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, con una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes.

Lo burdo de la idea provocó que hasta la ministra de Justicia, Marcela Losardo, buscara bajarle el tono a la iniciativa cuyo debate abrió su propio jefe. Tuvo que salir a aclarar que la mentada comisión no podría arrogarse atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias, y que “no va a poder sancionar jueces”, porque “eso no es constitucional”.

Sin embargo, el mensaje que había lanzado el Presidente llegó a los destinatarios elegidos. En primer término, a los propios magistrados que tienen a su cargo causas contra exfuncionarios kirchneristas. En segundo lugar, a la propia Cristina Kirchner y su núcleo duro, a quienes Alberto Fernández les demostró alineamiento y vocación por la unidad interna de la coalición gubernamental bajo el liderazgo no solo político sino también ideológico de la vicepresidenta.

Lo cierto es que la misteriosa comisión bicameral, esa caja de Pandora que, de ser abierta, podría depararles consecuencias catastróficas al sistema institucional y al principio de división de poderes, reconoce su origen en usinas del kirchnerismo. Fue un hombre cuyas opiniones son siempre muy escuchadas por la vicepresidenta, como Eugenio Zaffaroni, quien no hace mucho planteó que debía conformarse una “comisión parlamentaria de la verdad” con el propósito de investigar la actuación de los jueces en las causas en las que se encuentran involucrados Cristina Kirchner y otros exfuncionarios de la era K.

El objetivo velado de esa propuesta, semejante a la planteada en términos menos precisos por Alberto Fernández en su mensaje a los legisladores, no es otro que avanzar desde el Congreso en la teoría del “lawfare”, según la cual las causas judiciales abiertas contra dirigentes kirchneristas fueron armadas desde el gobierno de Mauricio Macri. Una hipótesis disparatada si se tiene en cuenta que muchas de esas causas se iniciaron con anterioridad a la llegada de Macri a la Casa Rosada. El caso de Amado Boudou es uno de los más emblemáticos.

Una vez que la imaginada comisión parlamentaria de la verdad dictamine que el “lawfare” guió la acción de los jueces, si las reformas judiciales impulsadas por el oficialismo no logran frenar las causas contra Cristina Kirchner para entonces, se generarían, en la hipótesis zaffaroniana, las condiciones para que el Congreso sancione una ley de amnistía, que borre cualquier delito cometido desde los gobiernos kirchneristas.

Zaffaroni había sugerido en su momento la necesidad de un indulto presidencial, facultad del titular del Poder Ejecutivo que implica un perdón para condenados por la Justicia. Más tarde, consideró que una ley de amnistía del Congreso “le podría sacar de encima toda la responsabilidad al Presidente”. Alberto Fernández se opuso públicamente a dictar cualquier indulto, pero aclaró que el Poder Legislativo tenía la facultad de amnistiar a procesados, aunque sus voceros siempre dejaron trascender que Cristina no quiere esa solución, sino que busca que la Justicia la absuelva o que los juicios se declaren nulos.

Cualquiera sea la puerta de escape, el propósito de la embestida contra el Poder Judicial no es otro que la impunidad. La estrategia puede pasar tanto por la expulsión, el reemplazo, la jubilación o el condicionamiento de los jueces sospechados de indóciles y, llegado el caso, por una amnistía sancionada por el Congreso, para lo cual el cristinismo debería ver crecer su número de legisladores nacionales después de las elecciones de este año.

Paralelamente, Alberto Fernández, en sintonía con Cristina, intenta acorralar a Macri. El objetivo primario de esa estrategia es inocular en la opinión pública la percepción de que los únicos corruptos no están en el actual oficialismo. Probablemente, con la hipótesis de propiciar un eventual intercambio de prisioneros o procesados entre oficialistas y opositores mediante la misma amnistía general.

Cualquier tentativa de esta clase choca hoy con un amplio rechazo de la sociedad y requeriría de amplios y dificultosos acuerdos con la oposición. Sin embargo, ateniéndose al libreto cristinista, el Presidente se encargó de dinamitar los puentes hacia un diálogo con sus adversarios políticos.

El tono enérgico de Alberto Fernández contra jueces, dirigentes opositores, periodistas y hasta empresarios a los que identificó como representantes de “poderes económicos concentrados” –una de las expresiones predilectas de la vicepresidenta– lo diferenciaron de aquel jefe de Estado que, en sus mensajes iniciales ante el Congreso, cultivaba el mismo perfil de moderación que atrajo a no pocos votantes independientes en las elecciones de 2019.

¿Se olvidó el Presidente de que en ese año logró llegar a la Casa Rosada gracias al apoyo electoral de una porción de la ciudadanía que, aun renegando de la presencia de Cristina Kirchner, se ilusionó con la posibilidad de un gobierno que terminara con las grietas? Seguramente no dejó de tenerlo presente, pero su prioridad pasa hoy por aprobar sus exámenes ante la vicepresidenta. Después de todo, faltan aún muchos meses para la contienda electoral y la propia Cristina nos ha enseñado que, a medida que la hora de las urnas se acerca, el líder no debe dudar en moderar su discurso y mostrarse con piel de cordero, como lo hizo ella antes de cada elección que protagonizó.