Apoyar la investigación científica

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25 de marzo de 2000  

UN área habitualmente ajena al trajín noticioso captó en los últimos días la atención informativa debido a que se ha producido en su seno una infrecuente manifestación de tensiones: la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva se vio envuelta en una controversia con sectores de la vida cultural por motivos vinculados con la distribución de los recursos que el Estado destina habitualmente a la investigación científica.

Una anunciada demora en la convocatoria para la asignación de subsidios vino a desnudar una pugna entre el criterio del secretario Dante Caputo, favorable a volcar el grueso de los recursos al desarrollo de la informática, y otro más tradicional, que propone mantener el centro de gravedad en las tareas de la pura investigación.

Algunas expresiones altisonantes, lesivas para el prestigio de la comunidad científica, han encrespado inútilmente el tono de esta controversia con perfiles crematísticos. Así, al debatirse la financiación de los subsidios que el Estado otorga, se han introducido reflexiones de tipo mercantil acerca de que "las investigaciones no parecen haber tenido, hasta ahora, consecuencias productivas". Asimismo, se ha traído a cuento que casi todo el presupuesto del Conicet se agota en compensar monetariamente a los investigadores.

La secretaría impulsaría, además, la adopción de una política de gastos que aseguraría la asignación del 50 por ciento de sus recursos a cometidos relacionados con la informática y su aplicación a la "actividad productiva", aunque ésta es una propuesta para el futuro, una vez que existan fondos que hoy brillan por su ausencia.

Hay, como se ve, una tendencia a contraponer sectores e intereses que de ningún modo deberían estar enfrentados. El apoyo a la investigación científica _en los términos en que se ha desarrollado hasta ahora en el Conicet_ no puede ni debe aparecer enfrentado a los requerimientos del desarrollo informático. Al contrario: es imprescindible que se advierta la profunda conexión que existe entre dos sectores estrechamente vinculados entre sí e igualmente necesarios para que el país avance hacia metas de progreso y expansión.

Uno de los puntos conflictivos giró en torno de la iniciativa oficial tendiente a establecer mecanismos para que los investigadores que actúan en la esfera estatal se sometan a periódicas evaluaciones. La imposición de un sistema de esa naturaleza podría conducir, en los hechos, a la eliminación del actual régimen de relación permanente entre el Conicet y sus investigadores.

De una vez por todas debe abandonarse la equivocada tendencia a juzgar los aportes de la investigación científica en función de los concretos e inmediatos requerimientos del desarrollo económico e industrial de la Argentina. Es cierto que en la realidad económica actual, los servicios y el sector primario constituyen resortes fundamentales para el crecimiento. Pero es un error suponer que, en ese contexto, sólo debe haber lugar para la ciencia en la medida en que sus contribuciones se traduzcan en innovaciones o conocimientos de aplicación práctica e inmediata. Reflexiones de ese tipo traen a la memoria la desafortunada expresión de un ministro que propició, hace unos años, que los investigadores fuesen "a lavar los platos".

No es razonable negarle fondos a la investigación científica en función de un criterio "resultadista", que sólo valora los avances del conocimiento cuando se trasladan al campo de la producción de manera sistemática y perceptible. Tampoco es lógico que se invoque como argumento para reducir el apoyo presupuestario a la labor científica la necesidad de concentrar el esfuerzo económico en el campo informático, que es justamente el único sector de la tecnología que despierta interés y está en condiciones, por lo tanto, de obtener recursos en el sector privado vernáculo.

En realidad, el Estado debería invertir en ambos campos: en la investigación científica y en la expansión de la tecnología de la información, que debe ser puesta, cada vez más, al alcance de todos. No es sensato ni positivo que estos dos objetivos aparezcan enfrentados o en oposición.

En todo caso, puede aceptarse como alternativa la posibilidad, que alguna vez se planteó, de derivar la investigación científica _en parte o en todo_ a la esfera de las universidades estatales, a fin de ponerlas a cubierto de las exigencias de un mundo obsesionado por la necesidad de obtener resultados a corto plazo. Pero en algún lugar de la sociedad -sea el Conicet, sea el ámbito universitario- debe haber científicos dedicados exclusivamente a producir avances en el conocimiento sin la presión de tener que responder a las expectativas del sector productivo. Debe tenerse en cuenta que el caudal de recursos que el Estado dedica en la actualidad al progreso científico puro no es de ninguna manera holgado; perder un poco de ese caudal puede significar, a la larga, perderlo todo.

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