¿Argentina en un parteaguas? El país, visto a la distancia
Académicos argentinos que trabajan en universidades del exterior buscan las razones más profundas de la crisis originada por la muerte del fiscal Alberto Nisman y alertan sobre su legado más complejo: miedo, menos confianza en las instituciones, más polarización y el riesgo de que los cambios que propone el Gobierno no resuelvan o agraven el problema
Cualquier investigador argentino que trabaja en el exterior sabe que, en algún momento, deberá enfrentar la pregunta ineludible: ¿qué es el peronismo? Por estos días, los académicos que viven fuera del país tienen que responder una mucho más compleja: ¿qué pasa en la Argentina?
Desde lejos, la muerte del fiscal Alberto Nisman y la convulsión que todavía continúa -y que se mueve entre lo policial, lo judicial y lo político- se ven como un punto dramático, pero para nada anómalo, de las debilidades institucionales argentinas, que el kirchnerismo profundizó. Y si una muerte que roza al poder político coloca a cualquier país bajo la lupa mediática global, el contexto de la causa AMIA, para una opinión pública sensibilizada ante el terrorismo, está redoblando la atención negativa sobre la Argentina.
Así lo retrataron investigadores argentinos que viven y trabajan en universidades del exterior, que siguen esta historia de cerca y que, de manera unánime, fueron escépticos sobre el impacto electoral de lo que hoy vivimos como una consternación sin fin.
Por la debilidad de la oposición, por la influencia de las cuestiones económicas en el voto, por la probada capacidad del kirchnerismo para remontar las crisis, la mayoría no cree que las urnas den demasiada cuenta de estos hechos en octubre. Esto no quita, dicen, que sus posibles efectos negativos sean múltiples y de largo alcance: la profundización de la falta de confianza en las instituciones y de la polarización política, la instalación del miedo en quienes trabajan en la Justicia, la desmovilización social a la luz de la impunidad y la posibilidad de que la reforma de los organismos de inteligencia que promueve el Gobierno sólo sirva para instalar funcionarios oficialistas en lugares clave en la campaña electoral y el poskirchnerismo.
"La imagen de la Argentina en el exterior, que había empeorado durante al año pasado con el default técnico y el desacato a los tribunales de Nueva York, se ha dañado aún más. La controversia alrededor de la muerte del fiscal Nisman resalta la incapacidad de las fuerzas de seguridad y la Justicia de avanzar con la investigación del peor atentado terrorista en la historia del país, y deja al desnudo una política exterior perjudicial para la Argentina", afirma Eduardo Alemán, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Houston.
Quizás esa doble lectura -la de la debilidad institucional y la ineficiencia judicial en la causa AMIA- sintetice la percepción que se tiene fuera de las fronteras de lo que sucede en la Argentina, reflejada en distintos medios en las últimas dos semanas. "La muerte de Nisman habla muy mal del país, en dos niveles. Primero, el quebrantamiento de un tipo distinto de reglas de juego en la política argentina. Cuando la muerte se convierte en una opción para dirimir cuestiones políticas, se ha cruzado un límite del que es difícil volver. Con la muerte de Nisman se ha dejado entrever un nivel mucho más oscuro de la política argentina, al que habitualmente los ciudadanos no tenemos acceso -afirma Alejandro Chehtman, doctor en Leyes y profesor del University College London-. El segundo aspecto crítico es la aparente incapacidad de las instituciones argentinas de determinar fehacientemente lo ocurrido, unida a la falta total de confianza de la sociedad respecto de que sus instituciones sean capaces de hacerlo."
Los vaivenes presidenciales sobre la muerte de Nisman -en Facebook y por cadena nacional- y sus intervenciones directas sobre la marcha de la causa parecen funcionar profundizando estas percepciones. "No hay muchos países donde la presidenta se manifieste en un marco tan marcado por la teología política, es decir, donde la política y su narrativa parecen sagradas y reafirman su cambiante palabra por encima de los hechos, donde se habla desde la certeza retórica y no desde la evidencia. En síntesis, no hay muchos países donde los presidentes hablen como si no lo fueran", apunta Federico Finchelstein, director del Departamento de Historia de la New School for Social Research, en Nueva York.
Hay otro componente que abona el desconcierto extranjero: el lugar institucional de la Justicia en la Argentina, bien distinto al que otros países dan por sentado. Como explica Sebastián Linares, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad de Salamanca, especializado en teoría de la democracia, "en una democracia robusta el Estado establece una división en torno a diversas responsabilidades públicas y eso coloca a ciertos agentes, como los fiscales, en una posición de autoridad privilegiada, en virtud del conocimiento especial que tienen, y al hecho de que son los únicos encargados de investigar la comisión de delitos. Esa autoridad viene con ciertos deberes éticos, como no alentar rumores sin evidencias robustas ni señalar responsabilidades antes de formular una acusación formal. Esos deberes conllevan derechos, en principio a que sus investigaciones sean cuando menos tratadas con respeto por parte de las demás instituciones estatales. Un gobierno no debe alentar una campaña de descrédito contra la reputación de un fiscal ni señalar presuntos responsables de delitos".
Para la mayoría, de todos modos, hay que mirar la escena y sus derivaciones con una perspectiva más amplia. "La debilidad de las instituciones argentinas, la inseguridad, la impunidad para aquellos cercanos al poder político y la corrupción no son un invento kirchnerista, pero este gobierno ha hecho mucho para agravar estos problemas y generar una profunda desconfianza respecto de su accionar", afirma Alemán.
¿Aun cuando se proponga una reforma de los servicios de inteligencia, como acaba de hacer la Presidenta? En este contexto institucional, esos cambios corren el riesgo no sólo de ser más de lo mismo, sino de profundizar el problema. "Sería importantísimo que todas las fuerzas políticas contribuyan a esta discusión, y que la ley goce de un amplio consenso multipartidario. Es imprescindible un posterior consenso entre todos los precandidatos presidenciales para, una vez reformulada la ley, asegurar su continuidad. Más allá del cambio normativo, el problema central es el cumplimiento de la ley, dado que a todos los gobiernos, no sólo al kirchnerismo, les ha sido funcional el uso discrecional de los servicios de inteligencia, que luego se les tornaron incontrolables", apunta Hernán Flom, candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de California Berkeley, especializado en políticas de seguridad y narcotráfico en América latina. "Si consideramos la evolución del control democrático de las Fuerzas Armadas, de seguridad y los servicios de inteligencia durante los 30 años de democracia, el balance no es positivo. Cuando se iniciaron reformas en las policías provinciales o la Policía Federal, fueron rápidamente desactivadas con el primer cambio de gobierno o de autoridades ministeriales. Sería deseable que las fuerzas políticas comprendan la importancia de este cambio para que esta historia no se repita."
En clave ideológica
En esa línea, ¿qué impacto puede tener la conmoción política que envuelve a la Argentina de cara a las elecciones presidenciales de octubre? "Es difícil saberlo, por la polarización de la opinión pública. Dos tercios están definidos a favor o en contra del kirchnerismo y absorben la información en esa clave. Es decir, incluso la muerte del fiscal puede ser y ha sido reinterpretada en clave ideológica. El tema es cómo lo interpreta el tercio restante y eso es lo que mueve las jugadas del Gobierno y la oposición. La Presidenta tiene un lugar privilegiado para coordinar una respuesta y no ha perdido su iniciativa política. La oposición marca las inconsistencias del discurso, pero no ha podido tomar la iniciativa en forma organizada", afirma María Victoria Murillo, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Columbia.
Alemán, por su parte, cree que el efecto será "menor": "El núcleo duro kirchnerista es inmune a estos acontecimientos. Los más impactados por estos eventos ya eran opositores antes de la muerte de Nisman. Y para el resto, los que inclinan la balanza el día de la elección, estos sucesos tendrán poca influencia. Las perspectivas económicas posiblemente tengan una influencia mucho mayor".
De manera visible, los hechos que interpelan al Gobierno parecen estar dándole a la oposición la oportunidad de tomar la iniciativa. Muchos creen que no la están aprovechando. "La oposición no ha sabido canalizar políticamente el desamparo social que este hecho produjo -apunta Flom-. Hechos como éstos contribuyen a ensanchar la polarización política y a generar mayor escepticismo en la población. Por otra parte, es anticipado dar cuenta de un efecto electoral cuando la muerte de Nisman ha eclipsado muchos tópicos trascendentes, como la inflación, la recesión, la cuestión energética o la seguridad. Y el kirchnerismo ha demostrado gran capacidad de sobreponerse a reveses políticos considerados irremontables en su momento."
"Hemos visto que todos los actores políticos están buscando de alguna manera sacar rédito de lo ocurrido (la oposición) o procurar minimizar el daño político que el caso les está haciendo (el Gobierno). Pocas voces han sido sensibles a la tragedia personal que este caso encierra y a lo que en última instancia dice de nuestro sistema político", agrega Chehtman.
Para Virginia Oliveros, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Tulane, en Nueva Orleáns, "en la Argentina los tiempos políticos son sumamente fugaces. Aún falta mucho para las elecciones y, como siempre en nuestro país y en muchos otros, lo relevante volverá a ser el estado de la economía".
Siempre es difícil saber cuando se está ante un parteaguas histórico, más aún en la Argentina vertiginosa e incierta. Pero hay datos que permiten proyectar legados, más o menos duraderos, de lo que hoy sigue sucediendo. "Todo esto tiene consecuencias en tres planos. En el funcionamiento del Estado, las transformaciones en el aparato de inteligencia y en el sistema judicial serán duraderas por el nombramiento de nuevo personal afín a la administración actual, y por el tipo de prácticas que se habían instalado, que ahora se hacen públicas y ante la falta de rectificación se naturalizan -describe Murillo-. En la Justicia, las consecuencias para sus funcionarios son dramáticas: se ha instalado el factor miedo, y se necesitarán políticas públicas para revertirlo. Cuánto afectará esto a la ciudadanía es difícil de saber; el miedo que puede generar, dada la sensación de impunidad, puede ser desmovilizador. La sociedad argentina salió de la dictadura con una gran capacidad de movilización y reacción, que ha sido clave en las decisiones de la clase política, para bien o para mal. Un cambio en esa capacidad de la ciudadanía sería un parteaguas en la forma en que opera la democracia argentina."
Hay quienes ven una oportunidad. "La clase política debería tomar conciencia de la importancia de avanzar en el control democrático en serio de las Fuerzas Armadas, de seguridad e inteligencia. Esto también abarca al Poder Legislativo y a la justicia federal, por su uso antojadizo de los servicios de inteligencia como auxiliar de la investigación -dice Flom-. También es una oportunidad para alertar a la sociedad civil de la necesidad de exigir mayor transparencia, cumplimiento de la ley y compromiso de debate a nuestros funcionarios, o sea, de cumplir un rol de vigilancia de las instituciones, que no se volverán fuertes por sí solas."
Otros ven un tiempo de reformas aún más profundas. Dice Linares: "En la Argentina hemos vivido crisis recurrentes sin grandes cambios en el modo de ejercer el poder político, que está incentivado por el propio régimen presidencialista. Dudo que veamos grandes cambios sin una transformación de la forma de gobierno y una democratización profunda del sistema político. Es hora de que una nueva generación de políticos plantee a la sociedad cambios estructurales en ese sentido. Hay un horizonte abierto de posibilidades de reformas que ningún partido sabe capitalizar."
"Mientras no se instrumenten mecanismos de control y transparencia para el organismo que reemplace a la SI, las cosas no van a cambiar demasiado. En todo caso, de manera brutal, el tema de la inteligencia sin control parece haber entrado en el debate público", apunta Oliveros.
Mientras el Gobierno trata de ganar terreno e instalar las coordenadas de lectura de los hechos, los sótanos de la política salieron por un momento a la luz. Como en Once, en Cromagnon o en tantos delitos con final trágico, una muerte vuelve a ser un precio demasiado alto para poner un tema en la agenda pública.