Camboya: una condena que confirma la validez del concepto de genocidio

3 de diciembre de 2018
02:29
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Actualizado el 28 de enero de 2021

LA NACION

Días atrás, un tribunal internacional condenó por graves violaciones a la Convención de Ginebra de 1949, delitos de lesa humanidad y genocidio a dos altos dirigentes camboyanos por las matanzas perpetradas en dicho país entre 1975 y 1979. Si bien los hechos juzgados ocurrieron hace más de 40 años, la sentencia y su justificación son de suma importancia, no solo para condenar un régimen que en su momento fue apoyado por la misma ONU, sino para confirmar la validez del concepto de genocidio.

Las Cámaras Extraordinarias en la Corte de Camboya (conocidas como ECCC) conformadas por Camboya y la ONU condenaron a Nuon Chea de 92 años, Secretario del Partido Comunista Camboyano, y a Khieu Samphan de 87, ex jefe del Estado de la Kampuchea Democrática, como se denominó Camboya en ese período, aunque ambos ya estaban en prisión por otros crímenes cometidos en el mismo período.

En 1975 el Partido Comunista de Kampuchea, más conocido como Khmer Rojo (así autodenominados en referencia a la etnia milenaria que llegó a conformar un imperio y a la que pertenecen la mayoría de los camboyanos), tomó el poder de Camboya, un país ubicado en el sudeste asiático. Eso fue posible por una combinación de factores entre los que se deben mencionar las disputas entre los partidarios del rey, la izquierda y los militares en un contexto de tensión social como consecuencia de los sistemáticos bombardeos norteamericanos que tomaban Camboya como objetivo estratégico en la búsqueda de destruir las bases y rutas clandestinas de los vietnamitas del norte.

A partir 1975 y hasta 1979 los comunistas camboyanos llevaron adelante una política extrema con el fin de refundar la sociedad bajo el modelo maoísta, lo que implicaba erradicar cualquier vestigio de occidentalización. Para ello, el 17 de abril de 1975 al tomar el poder organizaron una masiva matanza que incluyó a todos aquellos que eran acusados de ser agentes del viejo orden como maestros, políticos, abogados, músicos, artistas, traductores, médicos y extranjeros. También persiguieron de forma sistemática a personas ligadas a cualquier religión, especialmente a los Cham que practicaban el islamismo.

Al mismo tiempo, guiados por una utopía agraria característica de las visiones maoístas del comunismo, vaciaron las ciudades y obligaron a sus habitantes a emprender largas marchas para luego redistribuirlos en campos de trabajo forzado. La apuesta del Khmer Rojo era multiplicar la producción de arroz para reconstruir un país destruido. Sin embargo, este plan fracasó estrepitosamente, lo que produjo una gran hambruna y desató conflictos internos entre los mismos seguidores de Pol Pot, que derivaron en extensas purgas y asesinatos.

Pol Pot comenzó, entonces, una campaña nacionalista contra los vietnamitas, planificando el exterminio de los que vivían en Camboya como también en los pueblos fronterizos. La historia del gobierno del Khmer Rojo finaliza en junio de 1979, cuando tropas vietnamitas invadieron Camboya y desplazaron a Pol Pot y los suyos a la selva, en donde resistieron hasta entrados los años 90. Los vietnamitas establecieron un gobierno afín que fue rechazado internacionalmente, tanto por China, USA, los países de la región e inclusive por la ONU.

Aunque no existe un acuerdo para la cuantificación de la violencia implementada por el Khmer Rojo, las ECCC establecieron que 1,7 millones de personas murieron en los cuatro años del régimen. La cifra es más impactante aun si se considera que la población camboyana, al momento de asumir el poder Pol Pot, era aproximadamente de siete millones de habitantes.

Luego de la caída del muro de Berlín y la retirada vietnamita, comenzó una transición en la que mediante un acuerdo entre el gobierno camboyano y la ONU se decidió la creación de las ECCC. Las negociaciones entre el nuevo gobierno, surgido de las elecciones en 1993, y la ONU fueron largas y arduas. El núcleo de disputa se refería a dos cuestiones fundamentales: quiénes serían juzgados y cuál el lugar en donde se realizaría el juicio.

Como resultado de las negociaciones se conformó un tribunal mixto, con una doble estructura de jueces y fiscales nacionales e internacionales. Se trata de un caso único en la jurisprudencia internacional tanto por su conformación, como por su ubicación en la misma capital camboyana. Las ECCC comenzaron a trabajar en 2006, centrándose en los máximos responsables del Khmer Rojo de los que, hasta el momento, lograron enjuiciar a nueve.

La ECCC, además, debieron enfrentar las dificultades surgidas por la categorización de los crímenes cometidos. Existe un amplio debate sobre el alcance del concepto de genocidio y particularmente, sobre la pertinencia de aplicarlo a lo sucedido en Camboya. Esto se debe, en parte, a cierta laxitud en el uso del término "genocidio" para referirse a diversos tipos de atrocidades masivas más allá de que implicaran o no el intento de exterminio de un grupo determinado.

Frente a esta disyuntiva, el tribunal ha resuelto reafirmar la posición tradicional de la ONU y condenar a los responsables por crímenes de lesa humanidad, presentando cargos por genocidio solo en el caso de la persecución y matanza de las minorías étnicas vietnamita y Cham.

Las ECCC han sido un paso importante en la búsqueda de justicia y reparación ya que han estimulado la participación de diversos tipos de testigos, que han tenido así la oportunidad de contar su historia y buscar explicaciones sobre lo sucedido. La televisación ha permitido, además, que las sesiones fueran seguidas por miles de personas luego de décadas de amnesia oficial.

El trabajo realizado por el tribunal echó luz sobre los motivos que llevaron a las atrocidades masivas y a la autodestrucción de un país, a la vez que, la condena de los responsables, aporta un elemento fundamental para alejar los fantasmas de nuevas experiencias violentas de esa magnitud

Asimismo, las ECCC han demostrado que se puede obtener justicia y reparación sin necesidad de realizar un estiramiento de categorías jurídicas, ni de perder rigurosidad en el proceso.

Cecilia Noce y Fernando Pedrosa

LA NACION

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