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Carreras de galgos: peligrosas prohibiciones
En lugar de vetar ciertas actividades, se debe fijar el marco jurídico que favorezca su sano desarrollo e imponer las sanciones que correspondan
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LA NACION
La reciente sanción de una ley que prohíbe las carreras de perros, con condenas de tres meses a cuatro años de prisión para quienes las organicen, nos lleva a preguntarnos si, más adelante, nuestros legisladores fijarán nuevas prohibiciones a juegos en los que un animal tenga necesaria participación. ¿Continuarán con las carreras de caballos? ¿Acaso por las jineteadas, de tanta tradición criolla? ¿O más bien por la pesca, también deportiva, que toma al descuido a una inocente mojarrita como a un apetitoso pejerrey, en aplicación de la regla de que todos son iguales ante la ley? ¿O qué decir de los nubarrones que podrían estar ciñéndose sobre el esforzado juego del pato, tan campero y propio de las tradiciones rurales argentinas? ¿O del polo, que distingue por el mundo a la Argentina y es centro habitual de actividades sociales?
La flamante norma pone fuera de la legalidad cualquier carrera de ejemplares caninos, pero el Congreso apuntó concretamente a las competencias de galgos. Hasta el propio presidente Macri se anotó en la patriada: "No a las carreras de galgos. Para evitar que se siga lucrando con el sufrimiento de los animales", tuiteó.
Si es ése el verdadero punto en cuestión, nos quedamos en ascuas sobre lo que sienten estos críticos cuando perciben en plena carrera de pur sang, a un jockey que fustea a un pingo para llegar primero al disco. Los aficionados al turf cuentan con la ventaja de una tradición legislativa nacional que siempre ha impulsado el estímulo a la cría del pura sangre de carrera, de modo que podría pasarse a otro tipo de pregunta: ¿acaso es menor el esfuerzo de animales en competencia que el de los extraordinarios atletas que se baten por las mejores marcas en una maratón?
El fondo del asunto podría ser otro: las carreras de galgos se asocian al uso de estimulantes químicos para exprimir su fuerza competitiva. Se trata de algo brutal. También lo son las comprobaciones sobre el uso de anabólicos en atletas, jugadores de fútbol o, en mundo aparte, en caballos de carrera. Nadie discute que deben aplicarse normas rigurosas destinadas a inhabilitar a los competidores y responsables legales, y sancionar las estafas implícitas a la fe pública de los apostadores.
Canódromos hay en muchas partes del mundo, como los había en número extraordinario (58) en Córdoba. Los hay en los Estados Unidos y están permitidos en España, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Lo que se encuentra fuera de controversia es que puedan admitirse actos de crueldad contra cualquier animal. Para ello ya existe la ley de protección de los animales, con penas para quienes los maltraten. Antes de la regulación de las carreras de galgos, tampoco estaban normados los necesarios controles sanitarios ni se exigía el pago de impuestos como los ingresos brutos sobre las apuestas, todo ello fomentando una clandestinidad que tampoco debe permitirse. Las carreras de caballos constituyen el ejemplo más elocuente de que es posible regular este tipo de actividades y evitar, al mismo tiempo, sufrimientos inadmisibles a las bestias.
Dejamos al margen algunos comentarios que empujaron a la sanción de la nueva ley, como el de que los galgos eran sacrificadamente trasladados en jaulas de un lugar a otro. ¿En qué se traslada, si no en cajas enrejadas de dimensión variada a ovinos, bovinos, yeguarizos, aves de corral, etcétera?
El maltrato a los animales está normado desde antiguo. Si no se aplican sus disposiciones es otra vez debido la ineficiencia del Estado. Algo a lo que sí deberíamos apuntar para mejorar nuestro funcionamiento como sociedad. Al tema del eventual maltrato animal por parte de algunos irresponsables se suma la cuestión de las apuestas ilegales que la normativa busca también desterrar: insistimos, pues, con lo que venimos afirmando desde estas columnas, en el sentido de que no resulta razonable prohibir una actividad por los eventuales delitos que pudieran asociársele. Basta con fijar adecuadamente el marco jurídico que favorezca su sano desarrollo e imponer las sanciones que correspondan a quienes incurran en delitos.
Otra cuestión no menor, vinculada con la decisión de prohibir las carreras de galgos, es la competencia que existe por la captación y el destino de las enormes sumas de dinero que se mueven en el universo de los juegos de azar. Basta recordar que la recaudación de los bingos durante el kirchnerismo creció 3000% y que en los últimos años, los bingos bonaerenses recibieron de la política todas las herramientas necesarias para expandirse. Así, sobre la base de permisos, exenciones y el apoyo de algunos jefes comunales, su facturación creció exponencialmente hasta llegar a 46 salas distribuidas en más de 30 distritos. Para quienes comparten esa bonanza, la prohibición de las carreras de galgos no puede haber sido una mala noticia.
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