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El trabajo como política pública en la ciudad
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Hace un tiempo me encontré con un grupo de personas organizadas cuyo único objetivo es poder trabajar de manera regularizada y aportar, a través de sus impuestos, a nuestra sociedad. Se trata de los vendedores ambulantes de café, un tradicional oficio porteño, que hace mucho tiempo vienen luchando por que se los reconozca como trabajadores formales de la economía. Hoy en nuestra ciudad la venta ambulante de esta infusión, a diferencia de otros productos, como las garrapiñadas, no está regulada por ley, sino que solo se permite en puestos fijos, en ubicaciones determinadas. Esto provoca la informalidad de sus trabajadores y, en consecuencia, que estas personas no puedan realizar sus actividades con la tranquilidad de estar amparadas legalmente. En la actualidad, el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que regula la venta de café, té y similares en el espacio público, excluye la posibilidad de ejercer este oficio por cuenta propia de manera ambulante.
Es por esto que, de manera conjunta con este grupo de trabajadores, pensamos una iniciativa que pueda integrarlos al sistema formal del trabajo, que fue plasmada en un proyecto de ley de mi autoría, presentado en la Legislatura de la ciudad. Establece que la autoridad de aplicación deberá otorgar un permiso a las unidades productivas de la economía social o cooperativas que resulten adjudicatarias y autorizaciones individuales, las cuales deberán estar exhibidas para que el consumidor pueda asegurarse el efectivo cumplimiento de las condiciones sanitarias e higiénicas. Además, modifica el Código mencionado de tal modo que elimina a “las infusiones” del capítulo que exige que únicamente se realice esta actividad en ubicaciones fijas, y por otro lado incorpora la venta de infusiones en el capítulo que habilita la venta ambulante con elaboración o preparación para su consumo en puestos móviles, como carros o triciclos, que garanticen las condiciones de seguridad higiénicas y sanitarias.
Contemplar las necesidades de quienes encuentran en esta actividad su sustento económico y trabajan día a día para brindar a otras personas un producto y servicio, de manera digna y mediante su esfuerzo, es un deber que tenemos como representantes del pueblo. Cuando hablamos de inclusión muchas veces se olvida que la herramienta más poderosa es el trabajo como medio de vida y motor del ascenso social. Por eso, no podemos ni debemos darles la espalda a estas personas cuyo único reclamo es poder acceder a un derecho fundamental como es el trabajo. Las prioridades de las políticas públicas deben estar orientadas a cubrir necesidades básicas, como es el caso del acceso a un empleo o trabajo autogestionado formal. Nuestra función tiene que ser escuchar estas demandas, por demás legítimas, y responder con herramientas adecuadas. Esta es la verdadera respuesta a los gobiernos que administran el Estado de manera clientelar y populista.
Es importante que desde la Legislatura de la ciudad les brindemos nuestro apoyo a estos trabajadores que quieren prosperar y lograr su autonomía económica mediante su esfuerzo y trabajo. Ellos merecen que nuestra ciudad los reconozca. Su incorporación plena al marco legal genera las correspondientes obligaciones formales. De esta forma reconocemos y fomentamos la cultura del trabajo y alentamos a las personas que buscan prosperar en nuestra ciudad.ß
Legisladora de la ciudad, CC-ARI
Por Lucía Romano
