Un fallo contracultural
La sentencia del máximo tribunal desautoriza sospechas que adquirieron en la sociedad categoría de certezas: “nadie va preso”, “el poder da impunidad”, “la igualdad ante la ley no existe”
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LA NACIONLuciano Román
Cuando bajen la espuma y la efervescencia de estos días, el fallo de la Corte que confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad se estudiará, seguramente, en ateneos de jurisprudencia y también de ciencias políticas. Lo más novedoso, sin embargo, es que tal vez merezca ser estudiado en las cátedras de sociología. Es un fallo que navega contra ideas muy instaladas en la sociedad, que reivindica virtudes que han tendido a desdibujarse y que recompone, de alguna forma, una escala de valores que se había desarticulado en la Argentina contemporánea. Es un fallo contracultural, con un mensaje muy poderoso que quizá cueste dimensionar ahora mismo, pero que podría tener una influencia que vaya más allá de la Justicia y la política.
La sentencia del máximo tribunal desautoriza, en principio, sospechas que adquirieron en la sociedad categoría de certezas: “nadie va preso”, “el poder te da impunidad”, “siempre se puede zafar”, “la igualdad ante la ley no existe”. Ese núcleo de afirmaciones condensa un escepticismo que se ha encarnado entre los argentinos. Si la condena se ejecutara ahora sin ensañamiento, pero con rigurosidad, la idea de que el poder garantiza privilegios quedaría en tela de juicio. Es un mensaje que excede a esta causa penal y a los actores involucrados: irradia hacia el resto de la dirigencia y obliga a tomar nota a todos los protagonistas de la vida pública. Lo que nos dice el caso Vialidad es que el viejo principio de que “la Justicia tarda, pero llega”, no ha perdido completa vigencia. Y que, al fin y al cabo, puede ser cierto que “todos somos iguales ante la ley”.
La sentencia ha venido, además, a reivindicar el valor de los hechos, de los datos y de las pruebas concretas en un contexto social y político en el que todo eso parecía haber cedido ante la fuerza de los relatos, la emocionalidad y la épica discursiva. Si a través de El Eternauta descubrimos que “lo viejo funciona”, el fallo de la Corte nos recuerda que “los hechos importan”. Es otro mensaje de fondo para la política y para la actividad pública en general, donde muchas veces impera la idea de que lo importante no es hacer las cosas bien, sino acertar con la narrativa adecuada. El fallo desafía también la tendencia a la victimización, convertida en otra característica de la época.
Con esta decisión se ha recobrado, además, la noción de autoridad y de árbitro, ejercida en este caso por la cabeza del Poder Judicial, en una sociedad donde todas las referencias de autoridad se han tornado difusas y donde la lógica de la sanción, las consecuencias de los propios actos y la imposición de límites luce por lo menos desdibujada. Ocurre en la política, pero también en las escuelas, los hogares, los trabajos y en el espacio público, donde se ha debilitado la idea de que la inconducta debe ser penalizada. El pronunciamiento de la Corte le pone un freno a la cultura de la anomia, a esa suerte de desapego estructural hacia la ley que ha conducido a que tanto la política como la ciudadanía tengan un débil compromiso con la legalidad.
Es un fallo contra una visión de fondo que la propia Cristina Kirchner resumió en su último discurso público, el día que se conoció la sentencia, cuando se refirió a La Salada: “La cierran porque le falta un papelito”, ironizó al hablar de todo un poco. El “papelito” simboliza precisamente la norma, a la que el discurso populista caracteriza con tono despectivo como un obstáculo o un límite a ignorar.
La Corte ha dado un mensaje, en definitiva, contra la Argentina trucha, que tiende a ver la ley como un espacio de negociación y a la Justicia, como un actor subordinado a las componendas y los aprietes de la política. La sentencia también rompe con la idea de que la obra pública es un gigantesco agujero negro en el que todos “los papelitos” se pueden adulterar para que inmensas cantidades de dinero fluyan campantes bajo la mesa. Reinstala, en su lugar, la idea de que el poder tiene que rendir cuentas y que las fortunas mal habidas no pueden comprar impunidad.
El pronunciamiento de la Corte encierra un mensaje hacia adentro del Poder Judicial, donde los virus de la politización y el oportunismo han hecho un enorme daño, además de su propia corrupción. Con esta decisión se marca un rumbo: la Justicia debe hacer su trabajo con prescindencia de los humores sociales y los ciclos políticos, sin dejarse manipular ni condicionar por las conveniencias y los relatos del poder.
No solo esta última resolución: todo el proceso penal que desembocó en las condenas por la causa Vialidad podría reconciliar a la sociedad con el valor de una Justicia independiente y eficaz. En él subyace también una reivindicación del periodismo profesional y de la oposición responsable, que hicieron su trabajo cuando el viento del poder soplaba en la dirección contraria. Pone en valor, además, la tarea silenciosa de peritos, fiscales, auditores, productores e investigadores que permitieron recolectar pruebas, consolidar evidencia y atar cabos sueltos en una trama diseñada para ocultar y desviar información. En ese aspecto, el fallo también navega contra la corriente: es un respaldo y un reconocimiento al trabajo metódico, riguroso, sin glamour ni espectacularidades de los “actores de reparto” del proceso judicial y de la investigación periodística. En una época en la que una parte de la Justicia y del periodismo tienden a la farandulización y el vedetismo, vale la pena decodificar ese mensaje.
Las sucesivas instancias en las que se ha desarrollado el juicio dan cuenta, además, del valor del debido proceso y del naufragio de la política en la arena técnica y procesal. En un tiempo dominado por los “linchamientos digitales” y por la beligerancia retórica, la causa Vialidad supone, de alguna forma, el triunfo del expediente: de la argumentación, de las pruebas, del lenguaje jurídico y de la asepsia procedimental.
Por supuesto que siempre habrá impugnaciones políticas y núcleos de fanatismo dispuestos a descalificar el trabajo de la Justicia. Muchos seguirán arrojando palabras altisonantes como lawfare, “persecución”, “proscripción” y “venganza de los poderes concentrados”. Es un lenguaje inherente a los populismos autoritarios, que conciben el límite institucional como una amenaza a su propio poder. Por eso la pelea es contra la Corte, contra el periodismo profesional, contra la oposición republicana: contra todo lo que represente una instancia de independencia y una barrera contra la impunidad, el ocultamiento y el hegemonismo.
Las reacciones contra los jueces son alimentadas por dos vertientes. Por un lado, dirigentes y militantes que defienden su poder hasta el límite del cinismo: “No nos importa si es culpable; la justicia no nos conviene”. Por el otro, minorías incondicionales que se rinden ante liderazgos personalistas y cultivan una fe dogmática y negadora: “Los bolsos de López fueron un montaje”. No ven al líder político como una figura terrenal que deba rendir cuentas a la Justicia, sino como una encarnación mítica que está más allá de la ley y de los tribunales. A pesar de fuertes y ruidosas movilizaciones, son grupos evidentemente minoritarios: el promedio de las últimas encuestas muestra que más del 50 por ciento de la ciudadanía cree que, efectivamente, Cristina Kirchner es culpable de graves hechos de corrupción y debe cumplir la condena judicial que le fue impuesta. También reflejan que la desconfianza en la Justicia se mantiene en niveles muy altos.
Hay fallos que representan una bisagra en la historia de los países y que irradian un mensaje que va mucho más allá del terreno judicial. Ocurrió, hace cuarenta años, con la condena a los exintegrantes de la Junta Militar, que marcó un mojón en las instituciones, pero también en la sociedad. Fue el “nunca más” a las rupturas del Estado de Derecho, fue la consolidación de una conciencia democrática en el ciudadano común. Tal vez el fallo de Vialidad, si se articula con el de la causa de los cuadernos y la de Hotesur, sea el primer paso de un “nunca más” a la megacorrupción. No tendrá, por supuesto, efectos mágicos, pero la decisión que acaba de tomar la Corte planta una bandera contra el escepticismo, contra la desconfianza en las instituciones y contra la idea de que ir por la banquina no implica consecuencias, al menos para el que tiene poder. Podrá leerse en clave jurídica y política, pero tal vez valga la pena verlo como un hito cultural. Es un fallo que nos propone una Argentina que podemos ser.
Por Luciano Román
Tipo de trabajo:
opinión
