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Chile y su política migratoria
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LA NACION
No solo los Estados Unidos sufren la constante presión migratoria de sus pueblos vecinos más pobres. También afecta con fuerza a países sudamericanos, como la Argentina y Chile, donde existen oportunidades de trabajo y progreso que son atractivas. Pero para esos países, ser abiertos y generosos no debería suponer ser descuidados e imprudentes para tener luego que lamentarse por el ingreso de delincuentes extranjeros disfrazados de migrantes que no escapan de la pobreza, sino de jueces y policías.
Esto supone contar con mano justa y firme y ponerla en práctica. Se trata de, como mínimo, requerir antecedentes policiales a los inmigrantes. Pero, también, de expulsarlos con la participación judicial del caso cuando delincan, retornándolos a sus respectivos lugares de origen.
Las autoridades chilenas acaban de deportar y expulsar, mediante órdenes judiciales, a 35 ciudadanos bolivianos y a cinco peruanos. Son parte de las nada menos que 1682 expulsiones de extranjeros que han delinquido en Chile, concretadas por la gestión de Sebastián Piñera. Ellos se sumaron a las deportaciones y expulsiones de otros 35 colombianos con antecedentes penales.
La amplia mayoría de esos expulsados habían sido previamente condenados por los tribunales chilenos. El 88% de las expulsiones realizadas tuvieron que ver con las redes del narcotráfico y con otros delitos relacionados con su infame universo.
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