CODIGO PENAL: LA BIBLIA Y EL CALEFON

Desde chiquitos los hombres aprenden que cuando se portan mal corren el riesgo de ser castigados, con un abanico de sanciones impuestas por los padres, que pueden ir desde dejar de mirar la tele por una semana, no salir a jugar con los amigos o quedarse sin postre. Entre la mala conducta y la pena existe una lógica. De grandes, debería ocurrir algo similar con las sanciones impuestas por el Estado. Una conducta reprimida por el Código Penal de la Nación debería tener una pena acorde con el daño provocado. Pero esto ya no es así: la lógica del castigo fue víctima del apuro de legislar bajo presión.

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Un peón desleal que, junto con un faenador, se hubiera quedado con cinco terneros de su patrón, podría ser condenado a una pena de 4 a 10 años de prisión. Y si ese peón hiciera tres veces lo mismo y tuviera la colaboración de tres amigos mayores de edad y de un menor, podría pasar entre 5 años y cuatro meses y 40 años en la cárcel. En cambio, si los ladrones mataran al dueño de los terneros, podrían recibir una pena de entre 8 y 25 años de encierro.

Si una persona mayor hiciera subir a un menor a una terraza para apoderarse de alguna prenda colgada en una soga, podría recibir una pena de 1 año y 4 meses a 8 años de prisión por el delito de hurto con escalamiento. Si además rompiera la cerradura de un galponcito de la terraza, la condena sería de 4 a 13 años y 4 meses y, en ese caso, no habría excarcelación ni condena condicional, aunque no haya habido violencia contra ninguna persona, ni uso de armas, ni pérdidas cuantiosas. En cambio, el autor de una estafa millonaria que afectara con sus engaños a familias enteras tiene prevista una pena de 1 mes a 6 años de prisión, y un funcionario corrupto que se enriqueciera ilícitamente recibiría una pena máxima de 6 años.

Un adolescente acusado de 20 hurtos reiterados por haberse llevado sin pagar un desodorante, un jabón u otro artículo de un supermercado, podría enfrentar una pena de 1 mes hasta 40 años de prisión. Si el joven rompiera la barra de seguridad del producto, en lugar de hurto se le imputaría el delito de robo reiterado, y la pena podría llegar a 48 años, casi el doble de la máxima prevista para el homicidio.

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Estos casos ilustran por el extremo del absurdo el impacto de las últimas reformas al Código Penal que, desde su sanción, en 1921, sufrió 878 modificaciones en su articulado, 137 en su parte general y 741 en la parte especial, en la que se definen las conductas prohibidas en el país.

Desde el retorno de la democracia, en 1983, el Código -que tiene en total 306 artículos- fue modificado por el Congreso en 54 oportunidades. Más del 20 por ciento de esas reformas se hizo luego de que una banda de secuestradores asesinara a Axel Blumberg, el 23 de marzo de 2004, y de que su padre, Juan Carlos, colocara en el centro de la agenda pública la crisis del sistema penal.

El Instituto Interdisciplinario para el Desarrollo de Estudios Sociales (Inides) realiza desde el año último una investigación -que coordina el ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni- sobre las reformas al Código Penal de las últimas dos décadas. Según precisó Fernando Arnedo, vicepresidente de Inides, el estudio busca echar luz sobre las consecuencias que tuvieron los cambios esporádicos y reactivos del Congreso nacional, algo que no es patrimonio exclusivo de los argentinos sino que responde a un fenómeno que se registra en toda América latina y suele denominarse "inflación penal". Los resultados preliminares de la investigación indican que durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se introdujeron 8 reformas; durante las dos presidencias de Carlos Menem (1989-1999) hubo 24; en los dos años de mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001) se registraron otras 4; durante el paso de Eduardo Duhalde (2002-2003) por la Presidencia hubo 3 y, en el actual gobierno, nada menos que 15 en poco menos de dos años.

Tres de las reformas producidas durante la presidencia de Néstor Kirchner generaron fuertes controversias públicas a raíz de supuestos "errores" cometidos en la premura por legislar. La última modificación vinculada a la tenencia de armas, la que precisó el régimen de prescripción y la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo para la Ley de Telecomunicaciones son las que despertaron críticas de juristas, magistrados e incluso legisladores y obligaron a preparar nuevos proyectos de reforma.

"El impacto de las últimas modificaciones no puede ser más patético. Se ha desarticulado el Código Penal, introduciendo asimetrías e incoherencias y alterando el orden y jerarquía de los bienes jurídicos y las escalas penales. Hay artículos que contienen 17 verbos definitorios de delitos y más de una página de extensión, lo que contradice una correcta técnica legislativa. Las escalas penales no guardan proporción alguna y hasta puede decirse que difícilmente la vida sea hoy el bien más importante porque hay penas más graves para cierto tipo de delitos que para el de homicidio", señaló Daniel Erbetta, profesor titular y director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Rosario y miembro de la Comisión para la Reforma y Actualización Integral del Código Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El ministro de Justicia, Horacio Rossati, designó a Erbetta y a un grupo de juristas para que elaborararan en un plazo de 120 días corridos un proyecto de ley para modificar íntegramente el Código. Pero como el ministro dejará la cartera antes de que la Comisión culmine su trabajo para postularse como diputado por Santa Fe en las elecciones de octubre, en la cartera de Justicia nadie se anima a arriesgar si el futuro proyecto tendrá en el Congreso el suficiente respaldo político como para que se vote sin nuevas enmiendas o incongruencias.

En la página web del Ministerio, Rossati anuncia que una de sus prioridades para el primer semestre de este año es realizar una reforma integral del Código, "que es un sistema que fue ?emparchado´ en 228 ocasiones en los últimos 20 años, por lo que perdió coherencia". Los cambios considerados por el ministro incluyen no sólo las 54 reformas realizadas al Código Penal en sí, sino también las introducidas por leyes complementarias que regulan materias criminales.

"El Código fue mutilado. Blumberg puso en agenda la crisis del sistema penal, pero la consecuencia de ello fue el agravamiento indiscriminado de penas y respuestas espasmódicas en lugar de una reforma integral, con racionalidad y calidad técnica. La creación de la Comisión busca garantizar la proporcionalidad de las penas y la sistematicidad del cuerpo normativo, además de adecuar a la legislación nacional los compromisos asumidos en materia internacional, en particular, en lo relacionado con la vigencia de los derechos humanos, la represión del terrorismo y la lucha contra la corrupción", explicó Alejandro Slokar, subsecretario de Política Criminal.

Slokar señala que la ley penal debe tener vocación de futuro y critica la escasa solidez técnica que evidenció el Congreso en las últimas reformas. El funcionario llama la atención sobre un punto que considera esencial: "En los últimos casi dos años el Poder Ejecutivo envió al Legislativo un paquete de leyes que incluye la incorporación del juicio por jurados y el principio de oportunidad -para que los fiscales puedan seleccionar los casos que investigan-, entre otros aspectos novedosos. Pero el Congreso no trató esas iniciativas y, en cambio, aprobó otras de cuestionable calidad".

Bajo presión

El Informe Anual 2004 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respalda la apreciación de Slokar y señala que "las reformas legislativas más importantes, por sus implicancias en términos de restricciones a los derechos, se basaron en proyectos que habían sido presentados por diputados y senadores comprometidos con posiciones contrarias a la consolidación de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos". La ley que endureció el régimen para solicitar y otorgar la libertad condicional, la que aumentó la pena aplicable en los casos en los que la víctima de delitos contra la integridad sexual resulta muerta y, finalmente, la que permite la imposición de penas de hasta 50 años de prisión o reclusión, fueron presentadas por el senador Ricardo Bussi -del Partido Fuerza Republicana, fundado por Antonio Bussi-, por el diputado Carlos Ruckauf -que cuando fue gobernador de Buenos Aires sentenció: "Hay que meter bala a los delincuentes"- y por la diputada Mirta Pérez, quien, tras perder a su hijo de ocho años cuando intentaban robarle el auto a su esposo, creó la Asociación de Víctimas de la Delincuencia desde la que aboga por la imposición de la pena de muerte.

"La sanción de estas y otras leyes no se produjo luego de un debate amplio. Por el contrario, el debate fue muy limitado y los discursos en el recinto estuvieron, en muchos casos, dirigidos a acompañar el reclamo de la opinión pública antes que a debatir las implicancias y contenido de las reformas. El apresuramiento por aprobar las reformas penales derivó en la comisión de una serie de ?errores´ legislativos que indican, junto con la falta de debate, la poca seriedad con la que las reformas se concretaron", consigna el informe del CELS.

El presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Hernán Damiani (UCR-Misiones), admite que el reclamo social influyó mucho en la labor legislativa. "No he escuchado críticas a las normas en sí -afirma el diputado-, aunque sí a los parches realizados. Las normas han sido suficientemente debatidas. Al menos en nuestra comisión hemos hecho una gran tarea, con una gran presión y con gran premura. Y ello, a veces, hizo que se sacrificara el resultado final. La verdad, hicimos una gran tarea desde el punto de vista cualitativo, pero al no ser una reforma integral se colocó una granada de fragmentación al Código y se le hizo perder la proporcionalidad que siempre debería mantener como cuerpo normativo." Jorge Agúndez (UCR-San Luis), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, también reconoce que en el último año se legisló bajo presión. "Había que legislar en ese momento sí o sí -recuerda el senador-. Había 200.000 personas en la Plaza, el Poder Ejecutivo quería reformas urgentes y la mayoría justicialista las exigía en el Congreso. La prensa nos apuraba y cuando viajábamos a nuestras provincias nos preguntaban por qué no trabajábamos y demorábamos las leyes necesarias para enfrentar la inseguridad. En definitiva, y por suerte, con todo el apuro, demasiado bien trabajamos. Creo que las reformas no fueron tan malas ni destempladas".

Agúndez recordó que en junio de 2002 presentó un proyecto para crear una Comisión Bicameral ad hoc de Reforma Integral y Orgánica del Código Penal integrada por legisladores, jueces, académicos y representantes de los colegios de abogados. "Lo peor del caso -dice el legislador- es que ese proyecto se aprobó el 28 de agosto de ese mismo año y supuestamente buscaba que se redactara y sancionara un cuerpo normativo orgánico y coherente para terminar con la ruptura de proporcionalidad y dispersión normativa, provocada en los últimos tiempos por las numerosas reformas parciales que se hicieron fruto de las demandas sociales de cada época y de la necesidad de legislar en tiempos de crisis. Pero luego, ocurrió lo que ocurrió con el chico Blumberg y otros secuestrados y todo quedó en la nada".

Según Damiani, "alguien nos ganó un debate planteando que si se reforman leyes se mejora la seguridad. Pero algunos desde el principio sostuvimos que es imprescindible, simultáneamente, atacar las causas del delito, porque sólo con mejor educación, más empleo y menos desigualdad conseguiremos descender el delito. Este no es sólo un problema del Congreso sino también del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Ministerio Público".

Un "patchwork" de mal gusto

Al opinar a propósito de la ley 25.990, que modificó el régimen de prescripción -y que ahora, a instancias del Gobierno, el Congreso planea volver a reformar-, el abogado y docente de la UBA Eduardo Barcesat recordó al jurista portugués Sousa Santos, quien señala que el derecho de la posmodernidad se caracteriza porque se legisla para aquello que está "podrido" en el día, que son normas destinadas a resolver lo cotidiano, a regir por 24 horas, y que el derecho ha perdido cualidad de regulación estable de porvenir. En un artículo que publicó en La Ley, Barcesat opinó que "la catarata de reformas volcadas sobre nuestro Código Penal es un buen ejemplo de esta posmodernidad normativa. Al compás de los hechos y exigencias cotidianas se han introducido reformas que han alterado el equilibrio normativo del Código original, y lo han convertido en un ?patchwork´ para nada artístico por cierto".

En igual sentido, Marco Antonio Terragni, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y profesor titular de Derecho Penal en la misma universidad, indicó en otro artículo publicado por la misma editorial que "el sistema penal argentino se encuentra en un caos tan profundo que la única solución consistiría en empezar a legislar nuevamente, desde el inicio".

Sin embargo, la opinión de la mayoría de los argentinos parecería ir a contramano de lo que recomiendan los expertos: según un relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Latinobarómetro a mediados del año último, el 69% de los consultados está de acuerdo en que las autoridades deben endurecer su postura para responder a la inseguridad que se vive en el país. Y en las grandes ciudades argentinas, alrededor del 80% de los habitantes señala el aumento de penas como una solución frente a la inseguridad.

Los expertos consultados coinciden en que lo reprochable de las últimas reformas al Código Penal es que no tienen impacto alguno sobre la prevención del delito, ni siquiera sobre la sensación de inseguridad. Es que, en realidad, la productividad del sistema penal y las leyes penales es pobrísima. La Justicia criminal se ocupa de muy pocos casos en relación con el total de los ocurridos. Se estima que entre el 55 y el 60 % de los hechos no se denuncian y, sobre los que llegan a conocimiento de las autoridades, existe luego un proceso de selección por parte de la policía, los fiscales y los jueces. Uno de los principales problemas del sistema es que casi no hay sentencias, por ello casi el 70% de los detenidos actualmente en la Argentina cumple prisión preventiva sin haber sido condenado.

Erbetta advierte sobre los peligros en ciernes: "Tengamos cuidado, porque una sociedad que demanda cada vez más derecho penal está reconociendo el fracaso de la convivencia. Tengamos cuidado porque el miedo y la violencia son malos consejeros y jamás pueden convertirse en reguladores de la política criminal de un Estado. Y ésta, por supuesto, tampoco puede ser el resultado de reacciones emocionales y espasmódicas, como ha ocurrido últimamente. Es muy grave que se use al Derecho Penal como caja de ilusiones."

Incongruencias

Un peón que, junto con un faenador, se hubiera quedado con cinco terneros de su patrón, podría ser condenado a una pena de 4 a 10 años de prisión. Y si ese peón hiciera tres veces lo mismo y tuviera la colaboración de tres mayores de edad y de un menor, podría pasar entre 5 años y cuatro meses y 40 años en la cárcel. Si mataran al dueño de los terneros, podrían recibir una pena de entre 8 y 25 años de encierro.

En cambio, el autor de una estafa millonaria que afectara con sus engaños a familias enteras tiene hoy día prevista una pena de 1 mes a 6 años de prisión, y un funcionario corrupto que se enriqueciera ilícitamente recibiría una pena máxima de 6 años.

Un adolescente acusado de 20 hurtos reiterados por llevarse sin pagar un desodorante u otro artículo de un supermercado enfrentaría una pena de 1 mes hasta 40 años de prisión. Si el joven rompiera la barra de seguridad del producto, en lugar de hurto se le imputaría robo reiterado, y la pena podría llegar a 48 años, casi el doble de la máxima prevista para el homicidio.