El impacto de una herramienta clave para nuestra democracia

Finalmente, la Argentina está a punto de tener, a nivel nacional, su Consejo Económico y Social (CES): según la experiencia comparada, es una herramienta que, bien diseñada e implementada, tiene la capacidad de producir un gran impacto en la calidad democrática de un país. Roberto Lavagna fue el primero en plantear esta iniciativa de la que tanto Alberto Fernández como Miguel Pichetto se hicieron eco durante la campaña como una alternativa para promover el diálogo y una participación efectiva de actores claves. Es que, por su propia concepción, los CES contribuyen a reducir la conflictividad y a forjar consensos en materia de desarrollo y políticas públicas sustentables. La mayoría han sido creados en situaciones de crisis para institucionalizar las interacciones entre actores políticos y sociales que representan múltiples visiones e intereses.

No se trata de inventar nada ni de innovar en cuanto a su formato y dinámica de funcionamiento: su origen se remonta al período de entreguerras del siglo XX, más precisamente a 1919, cuando se contempló su creación en la Constitución de Weimar, Alemania, como un órgano consultivo de diferentes temas económicos y políticos.

La Segunda Guerra Mundial produjo en la sociedad europea profundas divisiones, altos niveles de descontento y problemas macroeconómicos de enorme magnitud, por lo que este mecanismo de búsqueda de acuerdos se multiplicó por esos años: Francia (originalmente creado en 1925, disuelto durante la ocupación nazi y reconstituido luego de la guerra, produce en la actualidad entre 25 y 30 recomendaciones por año), Italia (1947) y Países Bajos (1950) son solo algunos de los países que incorporaron algún formato de CES en esa tumultuosa época. Más tarde, en Irlanda (1973), jugó un rol clave para morigerar los niveles de conflicto económico y social, incluyendo las pujas salariales, la inestabilidad y la inflación. El de España (1991) lanzó en sus primeros diecisiete años de existencia unos 146 dictámenes y 45 informes. En nuestra región, Lula institucionalizó uno en Brasil en 2003, que tuvo un papel muy importante para consolidar su gestión y para paliar los efectos de la gran recesión global de 2009.

Impulsado por el recordado Enrique Olivera, la ciudad de Buenos Aires también tiene su Consejo Económico y Social, que, durante la presidencia de Sergio Abrevaya (actual legislador por GEN), auspició el "Estudio comparativo de Consejos Económicos y Sociales" en el mundo, un documento que analiza, precisamente, la experiencia internacional con el objetivo de identificar y aprender de las mejores prácticas, los casos de implementaciones más exitosas y, en particular, los potenciales beneficios que podríamos obtener de una institución de estas características.

El reporte detecta algunos denominadores comunes que tienen los CES que lograron mayor impacto. El primero, un marco institucional que le brinde previsibilidad y estabilidad a su funcionamiento. El segundo, que logre resultados concretos tanto tangibles -informes, dictámenes, recomendaciones- como simbólicos. El tercero, la participación y el compromiso público por parte de los respectivos gobiernos. También se destaca la relevancia de un alto nivel de integración, que se logra a partir de la inclusión de actores diversos: además de representantes del capital y del trabajo debe abarcar cooperativas, grupos religiosos, universidades (públicas y privadas), organizaciones de profesionales, ONG, personalidades académicas e intelectuales de reconocida trayectoria. En este sentido, es esencial que se utilicen criterios transparentes para elegir a los representantes, ya que la confianza por parte de la sociedad es uno de los puntales para que pueda cumplir sus objetivos. Otro elemento clave es que sus funciones no se superpongan con ningún otro organismo del Estado. El diseño de su agenda debe estar muy bien coordinado en el marco institucional. La prueba de fuego que determina que un CES es autosustentable se produce cuando el líder político que promovió su creación deja su mandato: si el organismo continúa funcionando, las dudas se despejan.

Al mismo tiempo, los CES enfrentan enormes desafíos: la búsqueda del equilibrio debe ser una constante. Por un lado, en la habilidad para generar una amplitud tal que ningún segmento social relevante se sienta ignorado o poco o mal representado. Por otra parte, debe tratarse de una organización política, pero dotada a la vez de un enfoque y un expertise técnicos.

La capacidad deliberativa debe estar al servicio de encontrar soluciones a problemas prioritarios para la sociedad y no en el posicionamiento de liderazgos políticos personales.

Otra tensión común en el ámbito de los CES es la disyuntiva entre poner la lupa en temas con mirada de largo plazo -el famoso "gran acuerdo nacional" del que se habla en estos días- o concentrarse en las necesidades inmediatas o en aspectos cotidianos, que no por eso resultan menos importantes -como puede ser una puja salarial o un fuerte paquete impositivo en medio de una crisis económica-. Por supuesto, no se trata de organismos aislados del entorno: experimentan las tensiones del contexto y hasta pueden convertirse en caja de resonancia de conflictos económicos, sociales, culturales y hasta étnicos o identitarios. Deben tener por tanto una amplia capacidad de adaptación, para absorber la inclusión de nuevas temáticas, la incorporación de actores sociales emergentes y la integración de miradas novedosas, mientras mantienen, de manera inalterable, sus objetivos fundacionales.

¿A qué cuestiones debería abocarse este Consejo Económico y Social argentino en el actual escenario crítico que experimentamos como nación? Más allá de las cuestiones puntuales de nuestra siempre enrevesada coyuntura, en el país faltan consensos fundamentales en aspectos macro. En primer lugar, debería discutirse qué tipo de capitalismo deberíamos o podríamos tener: un modelo inclusivo, con reglas claras y estables, igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y, sobre todo, basado en mecanismos vigorosos de movilidad social ascendente. El segundo eje de debate debería ser qué Estado debemos o necesitamos constituir, tanto a nivel nacional como provincial y local: nivel de intervencionismo, carga tributaria, priorización de bienes públicos, modelo de descentralización y, por supuesto, la lógica de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Por último, pero para nada menos importante, resulta fundamental definir qué tipo de democracia queremos desarrollar. ¿Promoveremos por fin una deliberativa, con robustos mecanismos de participación, partidos políticos fuertes y un liderazgo diverso, versátil y eficaz? ¿Qué sistema electoral necesitamos, incluyendo mecanismos de votación ágiles y transparentes? ¿Sinceraremos y controlaremos en serio el financiamiento de la política? Nunca hemos contemplado estas tres dimensiones en simultáneo con una visión sistémica, con lo cual el CES constituye una oportunidad ideal para avanzar en este enorme y vital desafío.

Como ocurre con cualquier herramienta, la única forma de dominar todos sus secretos es con la práctica. Pues bien, es hora de empezar.