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Un pacto contra la impunidad
Quiero proponer una idea simple, al menos en su enunciación. Se trata de un pacto contra la impunidad: un intercambio de promesas que, en pie de igualdad y con vistas a las elecciones de octubre, los candidatos presidenciales firmarían voluntariamente, en una fecha a convenir e idealmente en el ámbito de un establecimiento educativo de nivel inicial, como símbolo de compromiso hacia las nuevas generaciones. Claro, el carácter voluntario del pacto dejaría expuestos a los no adherentes, que podrán en todo caso revelar sus razones a la opinión pública.
Sus cláusulas podrían reducirse a una, que encerrase sin evasivas el compromiso de someterse a todo fallo adverso de la Justicia relativo a hechos de corrupción, aun cuando comprometa en persona a los propios candidatos o a funcionarios de la pasada o presente administración eventualmente involucrados en delitos como enriquecimiento ilícito, violación de los deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, fraude, todos contemplados en el Código Penal.
Con respecto a la oposición, y particularmente al peronismo no kirchnerista (Lavagna, Massa, Urtubey, Pichetto o quien se postule finalmente), la adhesión resultaría altamente provechosa, pues permitiría aventar las sospechas que muchos votantes de Cambiemos abrigan sobre la protección que ese sector brindaría a exfuncionarios que hoy están en prisión o bajo proceso. Que "el peronismo garantiza la impunidad" es una convicción común entre esos votantes, incluso entre los más desencantados que, aunque más no fuera por miedo, están dispuesto a olvidarse del bolsillo y a apoyar nuevamente a Macri. En este sentido, cualquier amnistía, indulto, conmutación de pena u otro tipo de extinción de la responsabilidad debería quedar explícitamente vedada en la reglamentación del pacto.
También el oficialismo podría verse beneficiado con su adhesión. En efecto, en caso de que no tuviera nada que esconder, dejaría con pocos argumentos a quienes minimizan la corrupción de la llamada "década ganada" apuntando a la que, según dicen, salpicaría actualmente al Gobierno. "Con Cristina, pero sin los chorros", afirma un encumbrado dirigente social que no se sabe si quiere tomarnos por tontos o poner en blanco y negro su ingenua manera de concebir las atribuciones que el artículo 99 de la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo, o el juramento de "observar y hacer observar fielmente la Constitución" previsto en el artículo 93. Porque, aun cuando pudiera comprobarse la inocencia de la expresidenta en las numerosas causas que la involucran, su responsabilidad política como primera mandataria es incontestable. ¿Qué garantía de buen gobierno puede ofrecer alguien que ya pasó por alto las acciones predatorias cometidas a su alrededor? La rúbrica del pacto permitiría a referentes del kirchnerismo hacer más creíbles sus intenciones a los ojos de quienes, en las antípodas de Macri, no encuentran sin embargo alternativas que los atraigan.
Si la propuesta de este pacto surtiera efecto, bastaría con que alguna organización de la sociedad civil la recogiera y fijara día y lugar para la firma. Insisto: el ámbito de un establecimiento educativo de nivel inicial sería el más apropiado para atarse de manos con el futuro. "Que esperen sentados", dirán algunos previendo que ningún candidato concurrirá a la cita. Pero aun si ello lamentablemente ocurriera, otros habremos ganado algo al confirmar que el escepticismo que a estas horas nos embarga no carece de fundamento.
Profesor de teoría política
