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Una ley pionera en América Latina
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El 9 de mayo de 2012 el Congreso Nacional sancionó la ley de identidad de género, que permite a las personas trans ser registradas en sus documentos personales con el nombre y género autopercibido; además, ordena que todos los tratamientos de adecuación sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza la cobertura en todo el sistema de salud, tanto público como privado.
Esta ley, pionera en América Latina, es la única a nivel mundial que no patologiza la condición trans: en ningún caso es requisito acreditar intervenciones quirúrgicas por reasignación genital, terapias hormonales, tratamiento psicológico o médico. Este reconocimiento, además de estar en sintonía con lo expresado en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, representa un acto reparatorio para el colectivo, que a lo largo de la historia ha padecido (y padece) enormes dificultades para obtener igualdad de oportunidades y de trato. Nos referimos a uno de los grupos más violentados de la sociedad -si no el más-, que ha soportado discriminación, exclusión social y un sinfín de consecuencias más de la violencia, y que ha sido empujado a la clandestinidad durante mucho tiempo.
La historia de segregación es atroz: mayoritariamente se trata de personas expulsadas de sus hogares a muy temprana edad por su identidad, lo que tiene una inevitable incidencia en el desarrollo de sus vidas, ya que quedan aisladas de su círculo de contención, sin acceso a la salud, al sistema educativo, al mercado de trabajo y a una vivienda digna. Para ser justos, tenemos que entender que hablamos de un grupo al cual por su identidad se lo despojó de sus derechos fundamentales: económicos, sociales, políticos, con consecuencias brutales que las estadísticas señalan: la expectativa de vida del colectivo no supera los 40 años; solo una de cada 10 personas trans tiene aportes jubilatorios, lo cual revela la precariedad laboral; seis de cada 10 personas abandonan sus estudios secundarios a causa de la discriminación; seis de cada 10 ejercen la prostitución: el 87% comenzó antes de los 19 años y el 87% la abandonaría si tuviese otra posibilidad. Estos números son esclarecedores y dan lugar al debate sobre la responsabilidad e injerencia del Estado frente a un panorama de total hostilidad. A mi entender, el único principio que debe ser universal es el humanitario, nunca debemos perder de vista que ese es nuestro norte y el motor de toda persona que decida no ser indiferente frente a la realidad que la rodea.
Hoy estamos viviendo una crisis económica y social inédita a raíz de la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, y como tal, hay quienes la padecen más que otros; ha quedado al descubierto la precariedad de las condiciones de vida de la mayoría de la población trans. Si bien la ley de identidad fue un enorme avance, pilar fundamental para la conquista de nuevos derechos y puesta en escena de una realidad invisibilizada, aún hay mucho camino por recorrer: es hora de dar un paso más y poner en pie de igualdad real a este grupo, a través de políticas públicas que generen un conjunto de condiciones favorables para revertir esta historia de persecución y exclusión, que tengan como foco la inclusión educativa y laboral, asegurando una vía de integración y desarrollo pleno en la sociedad.
Por Lucía Romano
