Cómo funciona la vigilancia privada

La explosión urbana de hace pocos días puso en primer plano a los hombres que cuidan empresas y propiedades
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30 de diciembre de 2001  

LA PLATA

El miércoles 19, cuando comenzaron los saqueos en supermercados asentados en el Gran Buenos Aires, en un fenómeno que enciende la mecha del final del gobierno de Fernando de la Rúa, los vigiladores privados dejaron de ser transparentes.

Porque en momentos de tranquilidad, para el público que concurre a los grandes almacenes, esas personas forman parte de la topografía del lugar: las puertas, los detectores de paso, las ofertas que pegan en los ojos y los vigiladores.

Y ese miércoles saltaron a la vista. Fueron parte notable en la escenificación de las dramáticas etapas de esta explosión urbana.

Después, llegó la policía -con sus más y sus menos- y los vigiladores volvieron a su mimetismo.

Pero los interrogantes sobre ellos quedaron en el aire: ¿cuál es el papel que un vigilador privado cumple ante las emergencias? ¿Puede usar armas de fuego? ¿Quién los controla?

Estos hombres, cuyos uniformes deben ser deliberadamente distinguibles de los de las fuerzas públicas de seguridad, tienen su vida profesional reglamentada por la ley de la provincia 12.297, sancionada el 21 de abril de 1999, norma que causó bastante ruido en su momento por la amplitud de algunos de sus artículos.

Funciones y categorías

La ley establece cinco funciones básicas: vigilancia y protección de bienes; escolta y protección de personas; transporte, custodia y protección de objetos (no de caudales): vigilancia y protección de personas y bienes en espectáculos públicos, y "obtención de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista una persecución penal en el ámbito de la justicia".

Hay, básicamente, cuatro categorías de vigiladores: los jefes de seguridad, personal con armas, personas inermes, escoltas personales y vigiladores privados.

A estos últimos, la ley los aparta de los personajes de la narrativa negra en que reinaron Raymond Chandler y Dashiell Hammett: les permite solamente dedicarse a la obtención de evidencias judiciales y no pueden usar armas.

Son, generalmente, constatadores de adulterios sospechados.

El vigilador en un supermercado debe estar empleado por una empresa que, a su vez, no puede tener más de mil dependientes. La firma, que se responsabiliza por el hombre, le paga un salario mensual que ronda los 270 pesos, descontados los aportes jubilatorios y sumados los beneficios familiares, y soporta impuestos y gabelas.

No pueden ser policías o integrantes activos de otros organismos de seguridad. (Esto, como se verá más adelante, tiene su trampa.) Tampoco, haber cumplido una condena o ser beneficiario en las leyes de obediencia debida y de punto final.

Un hipermercado de magnitud contrata empresas bajo estas condiciones: entre cinco y diez vigiladores en las playas de estacionamiento; entre diez y veinte en el interior del local.

La vigilancia se cumple, casi siempre, las 24 horas, en fracciones laborales de ocho. Cuando el comercio está cerrado, se vigila la carga y descarga de productos. Posteriormente y hasta la apertura del día siguiente, se cumplen las tareas del sereno.

Armas

Ahora, el interrogante pasa por los elementos que un vigilador puede usar, además de los intercomunicadores personales: el handy .

El hombre apostado fuera del edificio y en los lugares de paso del público no debe portar armas de fuego. Está provisto de bastones de goma. Se acude a éstos en los casos aislados, cuando la tarea disuasoria -cumplida entre varios- ha fracasado y el agresor se pone violento. Inmediatamente, la empresa debe llamar a la policía.

Una digresión: en la Capital Federal, los agentes del tipo usan un elemento de madera con guardamonte, llamado tonfa; es de origen oriental y su manejo puede llegar a ser un riesgoso arte.

En principio, los vigiladores no pueden usar contra la gente arma de fuego alguna, ni acudir a los tiros al aire para intimidar, ni tirar con postas de goma, para lastimar sin matar. Carecen de capacidad operativa en lo que se llama trabajo antimotines. En público, la único opción legal es la de todo ciudadano: la legítima defensa.

Fuera de los lugares de acceso al público y por la noche, los vigiladores pueden estar armados.

El artículo 41 de la norma general no es del todo claro en este delicado punto. Dice que los vigiladores no podrán usar "armas que superen el calibre 38". Pero, sin solución de continuidad, agrega: "Excepción hecha para las armas de puño de calibre superior, carabinas, escopetas y pistolas ametralladoras, las que solamente podrán ser utilizadas previa autorización".

Este fue uno de los temas para el resquemor entre los que veían, cuando se discutía el proyecto, la posibilidad de que la vaga redacción diera espacio para el surgimiento de fuerzas armadas particulares.

Mil hombres (el límite legal) con armas de calibre pesado bajo las mismas siglas, son preocupantes. Y si se produjera una fusión de empresas -previstas en la ley-, bueno, la cosa podría irse de las manos de cualquiera.

Otra confusión surge del enfrentamiento entre varios artículos del mismo cuerpo legal. Por una parte, el 14 dice: "Los prestadores de servicios de seguridad privada tendrán prohibido intervenir en conflictos de carácter político, laboral, sindical o religioso".

¿Los saqueos son derivación de conflictos políticos? Si así fuera, el choque surgiría con lo preceptuado por los artículos 10 y 11, que son los que más irritaron a los adversarios del proyecto cuando se lo trataba en 1999.

El artículo 10 expresa que en "situación de catástrofe o emergencia... los prestadores de servicios de seguridad privada deberán poner a disposición de la autoridad pública todos los recursos humanos y materiales disponibles... actuarán bajo las órdenes y responsabilidad de la autoridad pública".

Esto, visto así, a vuelo de pájaro, supone que en todo operativo de represión ante los saqueos -de las emergencias que menciona la ley- los vigiladores quedarán a disposición del jefe policial a cargo de la función.

Y esto se complementa con la norma del artículo 11: "Los agentes de servicio de seguridad privada deberán prestar colaboración y asistencia a requerimiento de la fuerza de seguridad pública..."

La trampa

La ley 12297 prohíbe -se dijo- que policías en actividad puedan integrar los planteles de las agencias privadas de seguridad. La trampa -que, según se dice, está en pleno apogeo- es así: un comisario "destaca" a algún agente armado, pero de civil, a las puertas de un negocio. Ese policía cumple en la práctica tareas de vigilancia privada. Pero su salario lo paga la institución y, si supera las ocho horas reglamentarias de labor, se le abona con las conocidas horas Cores.

Mientras los dueños de las agencias deben pagar seguros, sueldos, efectuar aportes, pagar cánones y proveer de vestimenta y de elementos de defensa al personal, ese policía recibe todo del Estado.

A fin de mes, el comisario pasa por el local, y "cobra" por el servicio, en ganancia pura.

Si ocurre un suceso desgraciado, las lesiones o la muerte del vigilador corren por cuenta de la empresa. Si el afectado es un policía activo, el caso se "dibuja" como un acto de servicio en circunstancias especiales.

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