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Competir en igualdad de condiciones exige una reestructuración fiscal real
En la Argentina, recuperar la senda de crecimiento no puede depender únicamente del tipo de cambio o del control de la inflación. También requiere un entorno institucional que favorezca la competitividad, entendida como la capacidad de las empresas de producir, innovar y exportar bajo condiciones similares a las que enfrentan sus pares en otros países o jurisdicciones. Una parte esencial de ese entorno es la estructura fiscal subnacional - provincias y municipios - y, aún más, el cumplimiento de un mandato constitucional que permanece sin resolverse.
La reforma constitucional de 1994 reforzó la forma federal del Estado argentino y estableció en su artículo 75 inciso 2 que “una ley-convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación” y que la distribución entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires se efectuará “en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas”. Asimismo, la cláusula transitoria sexta fijó el 31 de diciembre de 1996 como fecha límite para sancionar esa ley-convenio. Sin embargo, ese régimen nunca fue dictado y se sigue operando bajo la antigua Ley 23.548 de 1988, de carácter transitorio.
Este incumplimiento no es un mero trámite técnico. La doctrina especializada y la propia Corte Suprema ha tratado más de una vez aquellas cuestiones que constituyen “inconstitucionalidad por omisión legislativa”. Esa omisión se traduce en una “deuda constitucional” que pesa hoy sobre la competitividad de las empresas argentinas, que enfrentan un escenario de costos crecientes, inflación persistente, acceso al crédito limitado y tipo de cambio volátil. En este contexto, cualquier carga adicional -especialmente cuando proviene del ámbito provincial o municipal-, se convierte en obstáculo para crecer. Ante restricciones presupuestarias, provincias y municipios tienden a incrementar tasas o derechos, trasladando el ajuste al sector privado. Muchas veces estas tasas no implican mejoras de servicios o infraestructura, sino que se suman como costos fijos que reducen la capacidad de reinversión, limitan la innovación y detienen la expansión.
Cuando una pyme debe afrontar tasas municipales elevadas por simples permisos -o directamente por servicios que no se prestan-, o cuando una provincia aplica gravámenes excesivos y sustentados únicamente en sostener la estructura burocrática que demanda la política, o cuando cuesta compararse con jurisdicciones que tienen menores cargas locales, el efecto es doble: la empresa local pierde competitividad externa e interna. Por ende la Argentina pierde competitividad.
Estamos cansados de escuchar en las tribunas políticas y empresariales acerca de la excesiva carga tributaria que afecta la competitividad. A la vez que pasan los años y nada ocurre en consecuencia para que les cosas cambien. Entonces, en a nuestra sociedad le cabe sin duda la frase popular que dice: “la locura es hacer lo mismo una y otra vez de nuevo y esperando resultados diferentes”.
A esta presión tributaria local se le suma la carencia de una red logística eficiente -vial, fluvial, aérea y ferroviaria - que impacta directamente sobre los costos de producción y distribución. Cuando una empresa debe ubicar su planta lejos del AMBA o puertos marítimos, se encuentra con transporte ferroviario poco desarrollado o con rutas destruidas, sus costos de logística aumentan. En un entorno globalizado, esos sobrecostos se traducen en menor competitividad frente a países vecinos o regiones mejor conectadas.
La presión tributaria local y la infraestructura deficiente interactúan de modo pernicioso: si una empresa ya soporta tasas locales elevadas y encima costosos desplazamientos, su margen competitivo se reduce aún más. Atender solo una de esas dimensiones - fiscal o logística - sin considerar la otra resulta insuficiente.
Deuda constitucional: la coparticipación que nunca existió
El fondo institucional del problema es este: la competitividad no descansa únicamente en variables macroeconómicas, sino también en cómo está configurada la estructura fiscal federal -qué cargas recaen sobre las empresas, qué nivel de recursos tienen los gobiernos subnacionales, qué infraestructura brindan-. Y ahí aparece la falla: la ley-convenio de coparticipación que la Constitución manda no fue dictada y todo derrama hasta llegar a los tributos municipales confiscatorios. Arribando por último a una cuasi inexistente intervención judicial tendiente a equilibrar la cancha.
Esa ausencia legislativa y su consecuente inacción judicial es más que simbólica. Es una puerta abierta al desequilibrio: las jurisdicciones que no cuentan con recursos suficientes vuelcan presión sobre la economía privada vía tasas, derechos y gravámenes locales, mientras que no se dispone de un marco federal que asegure una distribución eficiente y competitiva de los recursos. Con ello, la presión tributaria local adquiere un rostro constitucional: hay una obligación incumplida que pesa sobre las empresas y la economía.
En el ámbito municipal se agrava la cuestión cuando lo que se denomina “tasas” no corresponde a una contraprestación verdadera y individualizada de servicio. La jurisprudencia exige que para que una tasa sea legítima debe existir prestación concreta, efectiva e individualizada. Cuando esto no ocurre, el gravamen opera como impuesto encubierto, incrementando la carga tributaria, distorsionando la competencia entre jurisdicciones y generando un efecto negativo para la competitividad.
Surge aquí una idea disruptiva pero concreta: la posibilidad de que una cámara empresarial o conjunto de actores productivos, incluso alguna provincia que se considere perjudicada -que padecen esta estructura fiscal subnacional y de infraestructura deficiente -, inicien una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por omisión legislativa. En ese reclamo, se demandaría al Estado nacional y a las provincias que sancionen la ley-convenio de coparticipación que la Constitución exige y que establezcan un régimen equitativo de recursos, alivien la carga sobre la empresa y aseguren condiciones competitivas uniformes.
La Corte no necesariamente debe dictar la norma, lo que vulneraría la división de poderes, pero sí puede reconocer la omisión, exhortar al legislador a actuar, fijar plazos y establecer criterios mínimos para que no se vulneren los principios federales de equidad y eficiencia. Esa sentencia puede actuar como catalizador del cambio y permitir al sector privado operar en un entorno más competitivo.
Poner en agenda una competitividad real
Si la Argentina aspira a que sus empresas compitan en igualdad de condiciones - frente a la región, frente al mundo exterior o entre jurisdicciones internas - debe abordar simultáneamente:
- La sanción urgente de la ley-convenio de coparticipación que clarifique los ingresos correspondientes a cada nivel de gobierno.
- La revisión y eliminación de tasas locales que no se apoyan en prestación de servicios identificables.
- Mejores estándares de transparencia fiscal local: que las empresas sepan qué tasas pagan, por qué y qué reciben a cambio.
- La inversión decidida en infraestructura vial, fluvial, aérea y ferroviaria como complemento estructural para reducir los costos logísticos.
- La competencia entre jurisdicciones también a partir de menores cargas y mejores servicios, para que producir o invertir en Argentina no implique un costo adicional por lugar.
La competitividad de la economía argentina no depende únicamente de variables macroeconómicas. Está también, y de modo decisivo, en el entramado institucional que define quién recauda, cómo lo hace, qué infraestructura provee y cuáles son las condiciones para que las empresas produzcan, innoven y exporten.
La presión tributaria subnacional - tasas arbitrarias, gravámenes elevados, impuestos encubiertos -, junto con la falta de un régimen de coparticipación plenamente sancionado y una infraestructura logística deficiente, cumplen un rol clave como freno estructural. Esta combinación genera un entorno donde “competir en igualdad de condiciones” es más un eslogan que una realidad.
Si queremos que la Argentina sea un país donde las empresas puedan competir sin desventajas de localización, donde la innovación tenga espacio y la exportación no sea un esfuerzo extraordinario, entonces el Estado - la Nación, las provincias y los municipios - debe reorganizar su estructura fiscal, honrar su mandato constitucional, desplegar una red logística de calidad y garantizar un entorno verdaderamente competitivo.
El sector privado está listo y lo reclama hace décadas; el reto es que el marco jurídico-fiscal y logístico también lo esté.
Abogado, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores).
Por Pablo Pirovano
