Consejo de la Magistratura: lo que está en juego cuando votan los abogados

El 20 de octubre, los abogados de todo el país elegiremos a nuestros representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación por los próximos 4 años.

Este tipo elecciones suelen pasar inadvertidas para muchas personas que defienden los valores republicanos. Habitualmente peticionan por la necesidad de contar con un Poder Judicial más independiente y eficaz a la hora de combatir la corrupción y resolver con eficacia los reclamos judiciales de la ciudadanía, pero pocas veces tienen presente que un Consejo de la Magistratura de la Nación independiente y eficaz resulta indispensable para lograr esos objetivos. Lamentablemente, el desempeño del Consejo actual es opaco, poco independiente y claramente ineficaz a tales fines, los resultados están a la vista.

Los procedimientos judiciales son lentos en general. En aquellos casos en que se investiga algún supuesto de corrupción suelen ser eternos y los procesos de selección de aspirantes a jueces resultan poco transparentes y con un alto grado de discrecionalidad.

Es por tal motivo que un grupo relevante de agrupaciones civiles, integradas todas por abogados/as, decidimos participar en esta elección conformando la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, de la cual tengo el honor de ser parte en representación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En la presente columna intentaré explicitar la importancia de estas elecciones y su relación con la necesidad urgente de mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Nación. Asimismo, enunciaré algunas de nuestras propuestas a tal fin.

Conforme lo dispone la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a jueces y emitir las propuestas al Poder Ejecutivo en ternas vinculantes; ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados; decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y, en su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente; dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

Resulta evidente que el Consejo no está cumpliendo debidamente con las atribuciones que le atribuye la Constitución. Es por tales circunstancias que el resultado de estas elecciones resulta de suma importancia no sólo para los abogados sino también para todo ciudadano que a diario sueña y reclama vivir en una auténtica república, en donde cuente con tribunales confiables a quienes pueda acudir en forma rápida y efectiva para defender sus derechos.

La triste realidad actual es conocida por todos. Estamos ante una crisis profunda de confianza de la ciudadanía en el funcionamiento del Poder Judicial en general. Para revertirla hacen falta jueces idóneos e imparciales, elegidos mediante procedimientos transparentes, y un servicio de justicia eficaz, accesible y que resuelva los asuntos en un tiempo razonable.

Caso contrario, el Estado de Derecho continuará debilitándose cada día un poco más. No resulta posible hablar de buena calidad institucional y mucho menos de república sin un sistema de Justicia sólido, independiente y eficaz. Por eso decidimos unirnos para afrontar el desafío de hacer un cambio profundo en el desempeño del Consejo de la Magistratura de la Nación. Resulta imperioso a los efectos de generar las condiciones necesarias para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. A tales efectos, los candidatos de las agrupaciones que representamos, firmamos un documento en el que constan los compromisos que asumimos cumplir en representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se trata de un acuerdo que resulta poco habitual en estos procesos: acordar y firmar de antemano qué vamos a hacer en el hipotético supuesto de ser elegidos y aceptar el control no solo de dichas agrupaciones sino también de la sociedad toda.

A continuación, haré una breve referencia de los compromisos asumidos:

Promover una selección de aspirantes a jueces basada en el mérito y la idoneidad, mediante procedimientos objetivos, previsibles y transparentes, garantizando igualdad entre profesionales independientes y funcionarios judiciales. Defender el orden de mérito, limitar la discrecionalidad y asegurar la publicidad y trazabilidad de los concursos.

Uno de los problemas más serios y opacos del sistema de selección actual reside en la entrevista personal que los miembros del Consejo tienen con cada uno de los aspirantes. Lo que debería ser una instancia complementaria para evaluar en base a pautas objetivas la vocación, criterio y compromiso democrático del postulante, se ha convertido usualmente en una oportunidad para alterar arbitrariamente el orden de mérito obtenido en los exámenes de oposición y de antecedentes realizados previamente. Consecuentemente, el mérito alcanzado en forma objetiva cede debido a pautas subjetivas que tiñen de sospecha el resultado de los concursos.

Por tal motivo, nos comprometemos a limitar sustancialmente los márgenes de discrecionalidad que desvirtúan los resultados de los exámenes técnicos y a garantizar que cada etapa sea pública y trazable, sobre la base de criterios objetivos y fijados de antemano. En este sentido, valoramos muy especialmente la propuesta enviada por la Corte Suprema de la Nación que limita sustancialmente el puntaje correspondiente al resultado de las entrevistas personales.

Cuando hablamos de “igualdad” hacemos referencia a la necesidad de que los abogados independientes no sean discriminados debido a no provenir de la carrera judicial como actualmente sucede. También nos comprometemos a defender la presencia de género en los concursos.

Asimismo, proponemos:

-Defender a los jueces frente a toda presión y promover el cumplimiento efectivo de sus deberes, entendiendo independencia y rendición de cuentas como condiciones complementarias.

-Impulsar un Código de Ética Judicial y procedimientos disciplinarios eficaces, con plazos razonables.

-Defender el ejercicio profesional y promover respuestas frente a las demoras, dificultades de acceso, problemas de comunicación y demás obstáculos del sistema judicial.

-Fortalecer la vinculación con colegios, asociaciones e instituciones de todo el país para representar las distintas realidades de la abogacía.

-Promover estadísticas e indicadores públicos que permitan evaluar objetivamente el funcionamiento de los tribunales, sus resultados e identificar sus problemas.

-Promover mejoras en conectividad, equipamiento y sistemas de gestión, incorporando responsablemente tecnología, automatización e inteligencia artificial, con transparencia y supervisión humana. Simplificar procedimientos, facilitar su seguimiento y reducir tiempos de respuesta en el acceso a la justicia.

-Hacer públicas nuestras posiciones y votos como consejeros en los asuntos institucionalmente relevantes, explicar los criterios que los sustentan y rendir cuentas periódicamente ante la abogacía. El Consejo de la Magistratura necesita más transparencia, desde nuestra lista Unidad vamos a dar el ejemplo.

Por último, nos comprometemos a promover una formación judicial de excelencia, abierta, plural, federal y accesible, con estándares académicos exigentes y con participación de las instituciones de la abogacía de todo el país. Los jueces del futuro se forman hoy.

Aspiramos a que nuestra lista “Unidad en Defensa de la Abogacía” sea un punto de inflexión en lo que a las elecciones de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura se refiere. Un grupo relevante de agrupaciones tomamos la decisión de participar activamente y acordamos un programa integral de objetivos como así también de los principios y valores que nos inspiran.

En base a su contenido nos comprometemos a representar a la abogacía con plena independencia de otros intereses. No somos tan solo ocho candidatos, representamos a un número importante de agrupaciones que nos respaldan y a quienes rendiremos cuenta diariamente de nuestra actuación en caso de llegar a desempeñar los cargos.

El 20 de octubre, la matrícula tiene la oportunidad de elegir a sus representantes en función de estos compromisos y de exigir que se cumplan. Recuperar la confianza en el Poder Judicial resulta imprescindible, la abogacía tiene la responsabilidad institucional de hacer su aporte para lograrlo y puede hacerlo. ¡El esfuerzo vale la pena!