Convalidar o no el camino en el que estamos

En los próximos meses, los argentinos vamos a tener la posibilidad de convalidar o no el camino que nuestro país emprendió en el último año y medio. En lo que respecta al ámbito judicial, no creo que sea exagerado asegurar que se pone en juego la independencia y autonomía del poder que se encarga de, ni más ni menos, hacer respetar las normas para la protección de derechos y el cumplimiento de obligaciones.

Durante esta primera parte de la gestión del Presidente, fueron varios los embates que sufrió el Poder Judicial y que hacen pensar que existe un especial interés por parte del oficialismo en ejercer el control de los tres poderes del Estado. Si logra mayoría en el Congreso, el partido de gobierno podrá impulsar y aprobar los cambios necesarios para cooptar también el Poder Judicial.

En 2020, el oficialismo presentó una propuesta de reforma judicial que apuntaba particularmente a la reestructuración de Comodoro Py. A pesar de suponer un enorme gasto en el contexto de una crisis que alcanzó a toda la sociedad, su implementación no ayudaría a resolver los problemas que afectan a los ciudadanos de a pie. En Comodoro Py tramitan las causas más sensibles para el poder. El proyecto, que establecía la creación de cargos de jueces federales en la ciudad de Buenos Aires y de tantos otros en el interior del país –medida absolutamente contraria al sistema procesal acusatorio ya sancionado, que carga sobre fiscales y ya no sobre jueces la conducción de las investigaciones–, quedó en suspenso por la falta de votos en la Cámara de Diputados.

Otro de los proyectos impulsados por el oficialismo, aprobado en el Senado y a la espera en la Cámara baja, directamente elimina la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal –responsable de investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado–. Prevé que la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Congreso pase de alguna manera a cogobernar, contradiciendo expresamente al artículo 120 de la Constitución nacional, que define al Ministerio Público como un “órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”. Ese mismo proyecto debilita además la figura del procurador general –jefe de los fiscales que investigan delitos– al flexibilizar su elección y remoción, y limitar su mandato.

En pleno proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que determina el protagonismo de los fiscales en las investigaciones, el proyecto del gobierno nacional le garantizaría además al oficialismo una mayoría en el Tribunal de Enjuiciamiento, organismo facultado para suspenderlos y removerlos.

Por otro lado, la mayoría que el oficialismo ya posee en el Senado le permitió rechazar el año pasado los traslados de tres magistrados, quienes casualmente intervienen en causas sensibles para el gobierno de turno.

En un país presidencialista como el nuestro, las elecciones legislativas son generalmente percibidas más como un trámite administrativo que como la posibilidad real que tenemos los ciudadanos de equilibrar los poderes que nos gobiernan y evitar así excesos de cualquiera de las partes. Si el oficialismo logra la mayoría también en la Cámara de Diputados, tendrá vía libre para cumplir con todos los deseos del Poder Ejecutivo, por más alejados que esos estén de las verdaderas necesidades de los argentinos. Depende de nosotros que lo permitamos.

Vicepresidente del Consejo de la Magistratura, CABA