Coronavirus. Cómo se toman las decisiones durante la pandemia

En medio de los muchos estragos causados por la pandemia que golpea al mundo, tres viejos problemas de gravedad institucional quedaron al descubierto en la Argentina y la región. No empezar a resolverlos ahora hará más difícil pensar en una reconstrucción apoyada sobre cimientos sólidos.

Se trata, en primer lugar, de la informalidad y la falta de transparencia que caracterizan al sistema de toma de decisiones de nuestros gobiernos, un proceso en el que hoy muchas de las dependencias y agencias clave han quedado desdibujadas o directamente desaparecieron de escena.

Los mecanismos internos que tienen los Poderes Ejecutivos para informar a la ciudadanía sobre las medidas que se proponen implementar -y de qué manera puede participar de su elaboración- siempre fueron muy pocos o nulos. Y lo que es peor, los Congresos, que sí cuentan con mecanismos formales, escritos y de debate público, hoy están prácticamente cerrados. Sólo en Ecuador, Chile y Brasil los legislativos funcionan más o menos normalmente. El Congreso de Brasil, por ejemplo, acaba de sancionar una ley que regula el ejercicio de la telemedicina en el país mientras dure la emergencia sanitaria.

El segundo problema es la ausencia de evidencia y uso inteligente de datos necesarios para generar y dar sustento a políticas públicas cuya finalidad es, ni más ni menos, atender necesidades y solucionar carencias. La nueva realidad que impone la pandemia nos pide a gritos el uso de evidencia científica, clave para elaborar los modelos a los que se aferran los gobiernos para combatir la emergencia.

Pero la emergencia también nos demanda un uso eficiente de datos en poder del Estado. En el caso de los jubilados, por ejemplo, es fundamental saber cuántos de ellos cobran sus haberes por cajero, por ventanilla o en qué sucursal de banco. Con esa información se pueden evaluar luego las distintas alternativas y generar mecanismos transparentes, rápidos y de bajo costo para depositar esos fondos antes de enviar a los jubilados y pensionados a la calle, todos a la vez, con los riesgos que eso conlleva. Es decir, decisiones como esta deben ser formuladas sobre la base de información. Y en ese proceso la transparencia con respecto a la evidencia utilizada también es fundamental.

El tercer problema que se plantea es quiénes son los que toman las decisiones y generan las nuevas reglas de juego. Esto es relevante en todo momento, pero sobre todo en tiempos tan delicados como este. La ciudadanía con frecuencia cuestiona, con razón o sin ella, la idoneidad y capacidad de quienes toman las decisiones de gobierno, sean estos funcionarios o representantes. En líneas generales, las políticas efectivas surgen de las superestructuras de servicios civiles robustos, estables y en los que el mérito es tenido en cuenta. Pero en este momento y ante la emergencia, los gobiernos de la región han generado grupos de asesoría ad hoc en materia de salud, o consultan a sectores conformados por personas que no siempre son funcionarios públicos. En algunos casos son médicos infectólogos, en otros casos son economistas o especialistas en comercio y transporte, y en otros su mérito mayor es ser una persona de confianza del presidente. Ocurre en la Argentina, Colombia, Chile, México, Panamá, Uruguay y Perú.

Es decir que en este mundo completamente nuevo y extraño que nos trajo el Covid-19 combatimos la pandemia con procesos institucionales de toma de decisiones absolutamente informales, que no contemplan mecanismos de participación y que no están sujetos a la lógica necesaria de los contrapesos legislativos ni a la discusión pública. Además, con frecuencia esas decisiones han quedado en manos de personas o grupos que no siempre son funcionarios sino allegados de los presidentes.

Los sistemas republicanos no son tan rígidos ni tan lentos como creen quienes los malentienden. Son estructuras que tienen cierta elasticidad y que prevén la posibilidad de enfrentar urgencias, emergencias o situaciones de excepción. También prevén mecanismos de delegación de funciones o un fast track para la aprobación de medidas urgentes. De hecho, en el caso del coronavirus hay evidencia basada en estudios que cuestionan a aquellos países -en general menos democráticos- que contabilizan menos muertos o infectados por esta enfermedad.

Si de la desgracia podemos sacar algo positivo, esta crisis sanitaria puede ser vista como una oportunidad para ensayar una nueva manera de generar soluciones que beneficien a los ciudadanos. Una oportunidad para saldar deudas que arrastramos desde hace demasiado tiempo. Y para generar un hábito tan saludable como el de transparentar el proceso de toma de decisiones y su comunicación a la sociedad, y que esas decisiones además se basen en datos ciertos y comprobables.

Directora Ejecutiva Global de la Fundación Directorio Legislativo