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Cristina siempre está
Hasta quienes se le oponen reconocen a Cristina por su capacidad de mantener la iniciativa política. Mientras exploran una salida electoral sin ella ni La Cámpora, varios de esos críticos están convencidos que no tienen otra salida que firmar la solicitada pidiendo justicia para la expresidente, una iniciativa que este lunes fue delegada en Mayra Mendoza y Gustavo Menéndez. Nadie cree que los intendentes de Quilmes y Merlo vayan a intervenir en su redacción. Solo se los habría comisionado para recolectar adhesiones.
El texto, como mínimo, será supervisado por Cristina, que tal vez haya adelantado su línea argumental al declarar en la causa donde se investiga el intento de asesinarla. Cristina atribuyó al clima de violencia en su contra iniciado por el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad y los ataques sufridos por su condición de mujer. Recordó los carteles en las redes que la mostraban con un ojo negro. No aludió a la violencia de género pero la sugirió.
Más que el dudoso rédito que pueda obtener al presentarse como una víctima de ese flagelo anterior a Fabiola Yáñez, lo que revela la estrategia trazada por Cristina es que incluso quienes le oponen resistencia dentro de sus filas dependen del dispositivo de mando que puede activar. Fue ella, a través de Máximo Kirchner, quien ordenó la cuidada estética de la restringida movilización que la acompañó en Tribunales durante su declaración.
El jefe de La Cámpora preside el PJ bonaerense en alianza con los principales intendentes del conurbano, la región del país que concentra el mayor número de votantes y la única en la que Cristina conserva su liderazgo electoral. En esa paradoja se cifra la supervivencia del kirchnerismo. La expresidente se preocupó por ordenar el desfile de los intendentes por el Instituto Patria después de concurrir a Tribunales. Una coreografía para demostrar su preeminencia sobre ellos, pero también para pulsar el estado de ánimo imperante entre ellos con el escándalo que rodea a Alberto Fernández y sus probables consecuencias electorales. Igual que la causa por el atentado en su contra, en la que se investiga al ex presidente por violencia de género dejaría al desnudo las deficiencias de la Justicia para cumplir con su servicio. Julián Ercolini salió sorteado para investigar en esta causa a Fernández. Ercolini ya lo hacía en la causa de los seguros.
Ariel Lijo resultó sorteado para investigar la denuncia de Mariano Macri contra el grupo Socma por supuesto lavado de dinero. Mauricio Macri se había pronunciado contra la candidatura de Lijo a la Corte Suprema. Hay quienes sugieren que es preciso indagar más en el vínculo entre Lijo, Ercolini y Ricardo Lorenzetti, dentro del peculiar universo de relaciones de la denominada familia judicial. Tal vez por eso Fernández esté ensimismado en lograr que la causa pase a la Justicia Federal de San Isidro, con jurisdicción sobre la quinta presidencial de Olivos, el lugar donde habrían ocurrido los hechos que se le imputan. Probablemente al expresidente le interese que esa causa quede en manos de Lino Mirabelli, el titular del juzgado Federal N°2 que tuvo a su cargo la investigación por la denominada “fiesta de Olivos”.
Mirabelli multó con tres millones de pesos al entonces presidente por violar las normas de restricción que él había impuesto por la cuarentena para festejar el cumpleaños de Yañez en la residencia oficial, el 14 de julio de 2020. Mirabelli aceptó el pago de tres millones de pesos propuestos por Fernández y Yáñez para cerrar la causa que, sin embargo, no tiene sentencia definitiva. Algunos sugieren reparar en otro detalle. El juez Sebastián Casanello se declaró incompetente en esa causa a fines de agosto.
La elección de esa fecha no habría sido casual. En Tribunales sugieren, con malicia, que Casanello esperó que termine el turno de Sandra Arroyo Salgado y a que comience el de Mirabelli para adoptar esa medida. Un mecanismo de relojería similar habría funcionado para que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva que sea la jueza electoral, María Servini de Cubría, la que investigue los supuestos aportes de campaña no declarados que efectuó el empresario Ángelo Calcaterra.
Los jueces de ese tribunal, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques, aceptaron la versión de Calcaterra para desvincularlo de la causa de los cuadernos: nunca pagó sobornos. Solo contribuyó a la campaña electoral del Frente para la Victoria en 2015. Una serie de apelaciones contra ese fallo demoran que le sea remitida a Servini de Cubría, ante quien Calcaterra había planteado un recurso antes que se expida la Cámara Federal.
El Juzgado Electoral N°1 controla las elecciones pero no los aportes de campaña, una facultad delegada en la Cámara Nacional Electoral(CNE) que el 6 de agosto emitió un dictamen recordando a la Cámara Federal su competencia e instándole a enviar los elementos que podrían probar que Calcaterra efectuó aportes declarados o no declarados en la campaña del 2015. En su dictamen, la CNE deja constancia que sus auditores no hallaron ninguno vinculado a Calcaterra.
La Cámara Nacional Electoral rechazó la primera rendición de gastos del Frente para la Victoria correspondientes a la campaña de 2015 y tiene pendiente una sentencia definitiva. Las sanciones que puede aplicar a los apoderados de las listas van desde multas a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero incluyen también la posibilidad de denunciar penalmente a quienes incurran en irregularidades.
Axel Kicillof intentó sacar partido de la desgracia de Alberto Fernández pero con mucho menos tino que Cristina. Ayer forzó en la Cámara de Diputados el tratamiento sobre tablas de una iniciativa propia para crear un fondo destinado a que la sociedad cobre conciencia sobre la violencia de género. En apariencias, los recursos para ese fondo iban a ser cubiertos con la reasignación de partidas. Si no se consumó es porque trascendió horas antes. El titular de la Cámara, Alejandro “El langa” Di Chiara negoció que ese fondo funcione con partidas previstas para el ministerio de la Mujer que conduce Estela Díaz.
Los laberintos que conectarían a los intereses del oficialismo y la oposición no reconocerían fronteras. La Legislatura de Chubut designó el 4 de julio a Javier Raidán como miembro del Superior Tribunal de Justicia a propuesta del gobernador Ignacio “Nacho” Torres. Antes que Julián Álvarez sea electo intendente de Lanús, Raidán fue un estrecho colaborador suyo en el estudio jurídico dedicado a la defensa de barras bravas. Una especialidad desarrollada gracias a la influencia que los dos podían ejercer sobre el exfiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari. Raidán fue quien habría gestionado con Ferrari la suspensión del juicio contra Matías “El polaquito” Soto, uno de los líderes de la barra de Lanús. Raidán, además, asistió a Marcelo Schillachi. Junto a los hermanos Martín y Cristian Lanatta, Schillachi protagonizó en 2015 la fuga del penal de máxima seguridad en General Alvear.
La decisiva influencia que se le atribuye a Cristóbal López sobre todo el arco político en Chubut, habría facilitado el ingreso de Raidán al Superior Tribunal a pesar de algunos de sus antecedentes. Un caso similar al de Ricardo Napolitani, designado durante el gobierno de Mariano Arcioni por recomendación a López de Carlos “El chino” Zannini. Napolitani fue antes procurador general en Santa Cruz.
