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Cuando el Estado destruye la verdad
En abril de 2006, en medio de una escalada inflacionaria, Néstor Kirchner convoca a Guillermo Moreno a su despacho en la Casa Rosada. El presidente le anuncia que dejará su cargo en la Secretaría de Comunicaciones y desliza: “Me parece que usted les tiene miedo a los empresarios”. Moreno saca pecho: “Yo solo le tengo miedo a Dios”. Kirchner le dice entonces que se hará cargo de la Secretaría de Coordinación Técnica, que hacía los acuerdos de precios.
–Ningún problema –dice Moreno–. Solo necesito dos cosas. La primera es que se llame Secretaría de Comercio, porque nadie entiende su nombre actual. Y segundo, que me diga cuánto quiere de inflación para este año.
–Póngale el nombre que quiera –responde Kirchner–. En cuanto a la inflación, que esté debajo del 11%.
Cuando el funcionario está por dejar el despacho, su jefe lo vuelve a llamar.
–Moreno, venga, venga. Usted me dijo muy rápido que sí. Sería mejor llegar a un 10.
–Así será.
Mientras el país estaba pendiente del paradero desconocido de Loan Peña, mientras el Congreso aprobaba la Ley Bases, mientras la selección argentina le anotaba un agónico gol a Chile en Nueva Jersey, el fiscal Diego Luciani, en un alegato que duró once horas, pedía cuatro años de cárcel para Guillermo Moreno por haber falseado el índice de inflación del Indec en 2007. En una semana tan intensa, y en un país que naturaliza lo inconcebible, vale la pena rescatar este hecho para reparar en el daño que produce un gobierno cuando desde el Estado destruye la verdad. La escena descripta arriba la narra el propio Moreno en su libro En defensa del modelo, publicado en 2017.
Como un soldado con una misión, Moreno asedió a los técnicos del Indec para obtener los datos de los comercios a partir de los cuales se establecía el Índice de Precios al Consumidor. Esos datos son secretos, para evitar que el poder político los manipule. Graciela Bevacqua, entonces directora del IPC, se resistía a las presiones. Moreno la convocó a su oficina junto a Clyde Trabucchi, directora nacional del Indec. Las recibió con policías que les quitaron los celulares y, tras poner música a todo volumen, empezó a increparlas. Les recordó el poder que tenía y las trató de “antipatrias”. Bevacqua alegó que su trabajo era técnico. “El de Videla también lo era”, respondió Moreno furioso.
Tal como en la causa Vialidad, en la que Cristina fue condenada, Luciani hizo en su alegato una reconstrucción detallada de los delitos por los que acusó a Moreno”
Bevacqua fue desplazada a fines de enero de 2007. La reemplazó Beatriz Paglieri. “Es Moreno con pollera”, la describió un vocero de ATE-Indec. Con la cabecera de playa ganada, la tropa de ocupación puso manos a la obra mediante los “topes” (a los productos que superaban un alza del 15% se les imponía ese tope) y las “podadas” (muchos de los productos que subían eran borrados del sistema). En las dos primeras semanas de enero el Indec registró una inflación del 2%. Pero a fin de mes, milagro, descendió a 1,1%. Solo hubo que extirpar del cómputo bienes y servicios de los sectores del Turismo y la Salud. Y a la lechuga.
Cynthia Pok, directora de la Encuesta Permanente de Hogares, se negó a calcular la canasta básica y a medir la pobreza dado que los datos del IPC, un insumo básico, ya venían falseados. Contó en el juicio que durante una asamblea la policía la hizo entrar a una habitación donde, a puerta cerrada y con las luces apagadas, una patota la tiró al piso y le pegó. Terminó en el hospital.
Con estos métodos Moreno conquistó el Indec. Las consecuencias fueron desastrosas. El país ya no tuvo índice de costo de vida ni pudo obtener la inflación real, y eso por supuesto repercutió en los salarios. Los datos de pobreza e indigencia quedaron dibujados. Organismos internacionales como la Cepal o la OIT dejaron de reconocer nuestras estadísticas. La degradación se expandió como una mancha de aceite hasta 2016, cuando Jorge Todesca recuperó la credibilidad del organismo.
Tal como en la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión, el fiscal Luciani hizo en su alegato una reconstrucción detallada de los delitos por los que acusó a Moreno (abuso de autoridad, falsedad ideológica de instrumento público y destrucción de documentos oficiales), avalada con prueba contundente.
Esta suerte de orquestación de la mentira, que dañó sobre todo al sector más desprotegido de la sociedad, fue una pieza clave para instalar al país en la fantasía del relato. En su combate contra la verdad, el kirchnerismo atacó las instituciones encargadas de velar por ella, como el Indec o la Justicia. Los que levantaban la bandera del Estado presente lo llenaron de militantes y en el fondo lo desmantelaron. Pasó de servir a la sociedad, con deficiencias y todo, a ponerse al servicio de un liderazgo alienado. El kirchnerismo nos dejó un Estado ausente. Esa deserción imperdonable resulta omnipresente en el caso de Loan, cuya desaparición puso en foco a un pueblo abandonado a su suerte, similar a centenares de pueblos a lo largo y ancho de la Argentina. Un pueblo que necesita la verdad. Lo mismo que el país. En este y muchos otros casos.
