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Cuatro propuestas básicas para una nueva Argentina
Políticos, industriales, productores agropecuarios, jubilados, trabajadores, comerciantes, ingenieros, economistas, educadores, científicos, sanitaristas y muchos argentinos de buena voluntad hacen propuestas para mejorar a nuestro país, y bienvenidas sean sus ideas.
Sin embargo, muchos de estos buenos esfuerzos caen en saco roto ante una realidad nacional con defectos de fondo. Antes de aplicarse a la tarea de compilar múltiples propuestas para salir de las crisis crónicas, es indispensable fundarse en cuatro cuestiones previas.
La primera es el sistema electoral, que, con sus listas sábana, elecciones costosas y prometiendo compromisos espurios, no logra encumbrar a los mejores dirigentes. La segunda es un Estado sobredimensionado, que tras cada elección incorpora a los militantes y contribuyentes del partido vencedor, sin desplazar a los funcionarios anteriores y que, tras cada elección genera una administración cada vez más elefantiásica, fláccida, fofa y marchita, deteriorando así su capacidad ejecutiva. La tercera es el sistema de gobierno que opera centralizadamente, concentrándose en el Poder Ejecutivo Nacional cada vez más decisiones y actividades, ignorando a las provincias y al sistema de administración descentralizada, lo que genera una gestión deficiente, con muchas actividades superpuestas y a su vez dictatoriales. La cuarta y última es una geografía política malformada, con una provincia de Buenos Aires gigante, varias medianas y otras chicas, donde la primera no solo influye en el conjunto, sino que con más de ¡130! intendencias heterogéneas es ineficiente en su propia administración.
Esta corta enumeración es sustantivamente más importante que cientos de medidas que, si bien son importantes y pueden fomentar el crecimiento y bienestar de la población, no siempre son coherentes entre sí y respecto de nuestra organización nacional.
El sistema electoral debe ser transformado, limitando sus costos, evitando los orígenes espurios de su financiamiento y mejorando la selección de todos los candidatos mediante un sistema de sufragio cuasi unipersonal en las pequeñas circunscripciones para constituir los órganos colegiados menores, electores a su vez de su propio ejecutivo. De allí en más con un sistema de "elección en cascada", en el que los organismos menores eligen a quienes deben integrar los organismos deliberativos superiores, siendo estos los que eligen al funcionario que debe conducir la dirección ejecutiva y pasando por los órganos provinciales hasta llegar al Estado nacional. En fin, los senadores y diputados nacionales constituidos en asamblea elegirían al presidente, sin que ello implique un sistema parlamentario.
Las provincias no necesitan tener Senado. Los senadores nacionales serían elegidos uno por el Congreso provincial y otro por el gobernador, y representarán a dichos poderes. Las vacantes que se produjeran serían cubiertas por los mismos órganos que eligieron al antecesor y en el mismo momento que ella se produzca, sin esperar una fecha única en todo el país.
En cuanto al gobierno nacional sobredimensionado (y esto también podría aplicarse a los gobiernos provinciales cuando hiciera falta), proponemos: a) gabinete nacional de cuatro o cinco ministerios (dos sustantivos: Defensa y Relaciones Exteriores; y otros dos, o la sumo tres, de apoyo como lo son Hacienda y Gobierno (Interior). No debe haber viceministros ni subsecretarios. Las reuniones de gabinete no pueden ser multitudinarias porque las instrucciones sobre las políticas que se adopten, y que se tienen que trasmitir hacia abajo hasta llegar a las direcciones, suelen distorsionarse en "el camino". Hay que suprimir escalones. Las direcciones con su personal de planta son las verdaderas áreas ejecutivas.
Gobierno descentralizado. Si queremos un país verdaderamente republicano y democrático debemos adoptar el principio de subsidiariedad, según el cual el hombre tiene más derecho sobre la sociedad que esta sobre el hombre, y si esto pudiera dar lugar a una interpretación bidireccional, lo cierto es que las sociedades menores tienen derecho sobre las sociedades mayores. Esto es válido en las decisiones políticas de los pueblos. La descentralización de recursos y funciones aleja el centralismo y es coherente con dicho principio de subsidiariedad, lo que es bueno también para la democracia, aun cuando el gobierno central deba actuar en las emergencias. Una cosa es una situación que genera acciones transitorias, pero no tan definitivas como para que el Estado nacional se adueñe de las funciones no delegadas por las provincias, ni de recursos que las desfinancien. En este sentido hay que tener en claro que el Estado nacional, como rector de la emisión monetaria, mal debiera tener recursos delimitados y disponer de gastos no específicamente asignados. Con el avance tecnológico de 200 años, la menos agraciada de las provincias hoy tiene una administración y capacidad de gestión muy superior a la del Poder Ejecutivo Nacional de 1853.
La geografía política está mal formada. Circunstancias históricas originadas a partir de la instalación del gobierno virreinal y del puerto de Buenos Aires y, en particular, del desarrollo luego acrecentado en tanto que la ciudad de Buenos Aires terminó siendo la capital de la Confederación, así como otras de carácter geográficas a partir de un territorio fértil, de un clima benigno, del acceso a los ríos de la Plata y Paraná y al mar, terminaron generando un crecimiento superior al de las restantes provincias. La de Buenos Aires tiene hoy más de 16.000.000 de habitantes, que representan más de un tercio del total de la población del país. La distorsión entre la provincia de Buenos Aires y las demás respecto del producto bruto interno es aún mayor. Desde el punto de vista del conjunto tales circunstancias son irritantes para un verdadero federalismo dada la disparidad con las demás provincias. También es relevante la gran diversidad de subregiones y recursos dentro de la provincia de Buenos Aires. Un estudio de mi autoría, realizado y publicado en el histórico "Correo" de Francisco Manrique allá por los años 80, proponía dividirla en siete provincias. Tres urbanas (alrededor de la ciudad de Buenos Aires) y cuatro con capitales en Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata y Junín. Esta segregación no debería generar mayores gastos que los que hoy tiene el conjunto.
Estoy convencido de que, si exploramos estos caminos y se tomaran las medidas concretas y factibles tendientes a lograr una planificación efectiva y convincente, la Argentina reconquistaría su progreso. ß
Doctor en Ciencias Económicas (UBA)
