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Datos que reducen brechas
Por Natalia Fidel y Marisa Miodosky
En 1995 la ONU celebró en Beijing la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, a partir de la cual surgió la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing a la que adhirieron 189 estados miembros. La misma constituyó el documento de coordinación de políticas públicas más profundo y progresista jamás elaborado para promover los derechos de la mujer. Uno de los objetivos estratégicos de la Plataforma estableció la importancia de "reunir datos desglosados por sexo y por edad sobre la pobreza y todos los aspectos de la actividad económica y elaborar indicadores estadísticos cuantitativos y cualitativos para facilitar la evaluación del rendimiento económico desde una perspectiva de género".
Veinticinco años más tarde, la Ciudad de Buenos Aires es el distrito del país y de la región que más ha avanzado en el cumplimiento de los objetivos que establece dicha Plataforma. De hecho, recientemente fue reconocida por la destacada organización internacional Apolitical como el "Mejor equipo global de servicio público 2019" en la categoría "Impulsores de la Igualdad de Género". Uno de los fundamentos por los que se logró esta importantísima distinción tuvo que ver con la creación del Sistema de Indicadores de Género -el primero para una ciudad en América Latina y el más avanzado del país- y el uso de su marco conceptual y datos para diseñar la Estrategia para la Igualdad de Género.
El acento que pone Apolitical en los "datos" al explicar los argumentos de la distinción está en línea con uno de los mayores consensos en relación a las políticas de género alrededor del mundo: la mencionada ONU Mujeres; el prestigioso Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI); la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre otros, impulsan la producción estadística con enfoque de género como una tarea imprescindible de los gobiernos para planificar, programar, presupuestar y evaluar las políticas públicas.
No existe ninguna política con éxito sostenido en el tiempo que no tenga en el centro de su concepción a los datos como un insumo estratégico. Más aún cuando se trata de problemas complejos y estructurales como la desigualdad de género, cuyas raíces son tan profundas que por momentos se tornan invisibles.
Es cierto que los datos no son recursos novedosos para los Estados, pero representan una nueva forma de institucionalidad en el siglo XXI. Darles esta entidad, implica un mayor compromiso y responsabilidad en el entendimiento de las diferentes dimensiones de un problema y sus potenciales soluciones, y por ende un camino virtuoso hacia la ampliación de derechos y el impulso de grandes transformaciones.
De hecho, la historia reciente de cómo la Ciudad de Buenos Aires es hoy reconocida internacionalmente por su política de igualdad podría comenzar a contarse en 2000, cuando se sancionó la Ley 474 que contemplaba un Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Hombres y Mujeres. Y tendría otros hitos fundacionales en el 2017 y 2019 trabajados conjuntamente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo: primero, con la Ley 5924 que incorporó el enfoque de género a la producción de estadísticas para permitir disponer de datos desagregados por sexo y por identidad de género; y, en segundo lugar, con la Ley 6017 que incorporó la perspectiva de género en el presupuesto de la Ciudad, para poder etiquetar cada partida y saber con mayor exactitud cuánto, dónde y cómo se invierte el dinero destinado a disminuir las brechas.
Uno de los problemas más comunes a la hora de pensar soluciones y marcos jurídicos que ayudarán a avanzar en la meta de igualdad de oportunidades era que cuando se estudiaba la situación objetiva de la mujer en la Ciudad, con frecuencia no se contaban con datos para poder proponer soluciones. Esa situación representaba un problema estructural no menor: no se puede mejorar lo que no se conoce. Sin información precisa y confiable sobre cuál es el nivel de disparidad, dónde se genera y cuánto se invierte: ¿cómo se podría aspirar a desarrollar políticas verdaderamente efectivas?
Sabemos que se puede trabajar sobre hipótesis respecto a la desigualdad u otros temas. Por ejemplo, se suele hablar de una feminización de la pobreza, de una mayor deserción escolar de las mujeres que de los hombres a nivel secundario productos de los embarazos adolescentes, o de que las mujeres están más preparadas que los hombres porque la matrícula universitaria tiene más mujeres que hombres. Pero las hipótesis deben confeccionarse para ser puestas a prueba, y sin datos esto era imposible.
Por eso, fue tan importante para la Ciudad contar con marcos normativos que permitieran acceder a información desglosada por sexo de indicadores básicos estadísticos, ya que no sólo posibilitó tener una visión más clara, sino también un proceso de desarrollo de soluciones y asignación de recursos más eficiente.
Por ejemplo, a partir del análisis de los datos de la encuesta del uso del tiempo realizada en 2016, publicados en el Sistema de Indicadores, se pudo identificar que si bien son cada vez más los varones que dedican tiempo a las tareas del cuidado no remunerado a miembros del hogar, las mujeres les dedican, en promedio, una hora y media más por día que los varones. Este diagnóstico fue fundamental para el diseño de un nuevo régimen de licencias familiares para empleados del gobierno de la Ciudad que, sancionado en octubre de 2018, amplió a 45 la cantidad de días para padres o progenitores no gestantes para cuidar a sus hijos recién nacidos o adoptados, favoreciendo el principio de la coparentalidad y una mayor participación de los varones en las tareas de cuidado.
Los datos también fueron utilizados para la modificación del código contravencional. Según la encuesta Nacional de Victimización, en la Ciudad de Buenos Aires un 45 por ciento de mujeres dejó de salir de noche y un 26 por ciento dejó de usar taxis de la calle, entre otros cambios de hábito por temor. El nuevo código no sólo incorporó una perspectiva de género, sino también la figura de acoso callejero. Esa dinámica de trabajo también se vio reflejada en el nuevo Código Electoral, que incorporó los principios de paridad y alternancia de género en las listas candidatos a legisladores y comuneros. Antes de la aplicación del nuevo código, las legisladoras porteñas sólo ocupaban el 35% de las bancas. Actualmente, las legisladoras ocupan el 45% de las bancas, y se prevé que en la próxima renovación legislativa, gracias al principio de paridad en las listas, se alcance una participación cercana al 50%.
Un dato no sólo es una porción de información concreta sobre un hecho, en política pública es además la llave para visibilizar inequidades, alcanzar consensos y construir soluciones que nos permitan vivir en una sociedad con mayores niveles de igualdad.
Natalia Fidel: diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Vamos Juntos)
Marisa Miodosky: líder de la Estrategia para la Igualdad de Género, Secretaría General del GCBA
