De la memoria “de diseño” del 83 a la admisión de culpas complejas
La violencia había gestado un consenso golpista en amplios sectores de la sociedad argentina
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Para LA NACIONMarcelo Gioffré
Hay un chiste que circulaba en los años 70 y que resulta muy sintomático para ver no solo la diferencia entre táctica y estrategia, sino también la responsabilidad de Perón en el desastre que sobrevendría y la confusión que reinaba en los actores políticos de la época. Toda la cúpula de Montoneros estaba en un paredón, a punto de ser fusilada por decisión del viejo líder. Cuando le apuntan, Firmenich gira levemente su cabeza y le susurra al condenado que tenía al lado: “¡Qué táctica genial del Viejo!”
En esta boutade se cifran muchos matices del drama. El inicial guiño de Perón, desde Madrid, a la “juventud maravillosa”, que introducía la aceptación de la violencia como método político; la necesidad de usar y luego descartar a quienes emprendían la lucha armada; y el giro que produjo una vez que ganó con el voto popular y se instaló en el poder. Ese deslizamiento se ve muy claro después del asesinato de Rucci y el copamiento de la guarnición de Azul, a fines del 73 y principio del 74, cuando resuelve depurar el peronismo y terminar con los “elementos marxistas” y las “fuerzas apátridas”, con lo cual legitimó por segunda vez la violencia, pero ahora inversa.
Cuando sucedió el episodio de Azul, Perón salió a hablar por cadena nacional vestido con su traje de General, como si fuera necesario advertir a la sociedad que él, antes que nada, era un militar y que los militares no serían ajenos al combate contra el “terrorismo”. Esta reapropiación es más significativa a poco que se recuerde el trabajo de Sigal y Verón en el que se demuestra la veleidad peronista: mientras en los años 40 y 50 se presentaban como “nosotros los militares impolutos contra ellos los políticos impuros”, en los años 70 invirtieron la fórmula a “nosotros los políticos puros contra ellos los militares corruptos”. Sin embargo, a fines de 1973, Perón volvió a su primer amor.
La ruptura institucional del 76 marca un salto de escala, la responsabilidad de la corporación militar es absoluta por haber establecido el terrorismo de Estado de modo sanguinario y planificado, pero ese corte no debería ser visto como el único organizador de la historia. En la posdictadura, por entendibles razones pragmáticas, lo más cómodo fue concentrar las culpas en los militares y en la Triple A, dejando a salvo al peronismo, a la mayoría de la oposición “dialoguista” –que votó leyes represivas– y a la sociedad toda, que fue el terreno fértil en el que creció la cizaña golpista.
Con esa memoria posdictatorial recortada, la corporación política quedaba en oposición al mal absoluto, mientras que la sociedad en su conjunto, desde la ajenidad que le confería esa fórmula tranquilizadora, se sentía liberada para horrorizarse por lo sucedido. Pero la historia tuvo entretelas que esta interpretación binaria oculta. Sin desconocer que la política suele plantear exigencias a las que los dirigentes ceden por obligación, cuando el tiempo decanta corresponde correr el velo, hacer zoom sobre aquellas realidades e identificar el escenario con mayor rigor.
En el período 73/76, más allá de las prácticas clandestinas de la Triple A (cuyo órgano de difusión, la revista El Caudillo, patentó un eslogan: “El mejor enemigo es el enemigo muerto”), se auspició un sistema represivo excepcional de carácter legal. Algunos podrán alegar que se cedió a presiones militares, pero lo cierto es que fue articulado por el peronismo con la aquiescencia de casi todo el arco político.
Ya el 2 de octubre de 1973, en la CGT, el propio Perón inició una escalada discursiva con metáforas médicas: había que “erradicar los gérmenes patológicos”. La traducción a la praxis fue una caza de brujas que incluyó a funcionarios –como Esteban Righi– y gobernadores de izquierda –como Oscar Bidegain y Ricardo Obregón Cano–, pero fue el 1º de mayo de 1974 cuando, al pronunciar el vocablo “imberbes”, lanzó una verdadera declaración de guerra que marcaría a fuego toda la década.
Al principio, el peronismo había presentado la lucha armada como un problema de carácter policial, pero al poco tiempo comenzó una fuerte torsión. El día del copamiento del cuartel de Azul, por cadena nacional y vestido con su traje militar, Perón sostuvo: “El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos”. La palabra todos y su vestimenta bélica ya eran indicios potentes. Poco después, en ocasión de una reunión con diputados rebeldes que se oponían a una reforma draconiana del Código Penal, Perón les dijo: “Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley… Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia”. Ocho diputados fueron obligados a renunciar a sus bancas frente a su negativa a votar la reforma. Se iba configurando así un clima favorable al terrorismo de Estado.
Después de la muerte de Perón, mediante distintos decretos se produjeron las clausuras de medios –el diario La Opinión y la revista Satiricón–, se intervino la programación de Radio Rivadavia, se profundizó la censura literaria y cinematográfica y comenzaron los secuestros y asesinatos de periodistas. Asimismo, salió a la superficie algo que ya venía diciéndose en sordina: el Ejército, especialmente en Tucumán, estaba actuando en la represión con el consentimiento del gobierno democrático.
El año 1974 estuvo signado por una espiral cruzada de violencia entre la Triple A y Montoneros. En agosto de ese mismo año el Ejercito asesinó a dieciséis integrantes del ERP, en lo que se llamó la masacre de Capilla del Rosario, operación que fue blanqueada a posteriori por el Poder Ejecutivo y que recibió una feroz respuesta del ERP, desembocando en la muerte de la hija del Capitán Viola, lo que despertó un previsible estupor. En septiembre de ese año se mandó al Congreso el proyecto de Ley de Seguridad, para combatir “el flagelo de la subversión”, que incluía cláusulas confusas e inconstitucionales, a pesar de lo cual Ricardo Balbín acordó dar quórum para “terminar con la ola de violencia”. Poco tiempo después se implantó el estado de sitio.
Ya en 1975 la deriva represiva era nítida: secuestros, desapariciones y centros clandestinos de detención, todo ello mediante la intervención promiscua de las Fuerzas Armadas y con el consentimiento del gobierno. Mientras tanto la economía volaba por los aires. Un poder dual: a punto tal que corrió el rumor de que el gobierno había ofrecido a los militares bordaberrizar el sistema, una suerte de autogolpe: disolver el Congreso y armar un cogobierno. La sola existencia del rumor revela la descomposición de la autoridad.
Así maduró la construcción social de un consenso golpista que caló muy hondo y se reflejaba en los discursos de los curas en las iglesias, en las sobremesas familiares, en las conversaciones en los cócteles de las embajadas y en el repiqueteo constante de algunos medios con datos sobre bombas, secuestros y asesinatos. Primaba un clima de caos, que es lo que siempre activa el miedo de las capas medias y las vuelca a aceptar cualquier solución que reponga el orden. ¿Quién podía proveer ese orden? La corporación militar. En una entrevista realizada en una revista a un famoso conductor de televisión, en el verano del 76, se titulaba desvergonzadamente: “Necesitamos un dictador bueno”.
Los militares no podrían haber cometido las atrocidades que todos conocemos, y que retrospectivamente nos abochornaron, si ese artefacto represivo no hubiera estado precedido por sucesivos pliegues iconográficos en los que fue madurando el convencimiento de que la solución no podía ser sino drástica. El golpe era una derivación lógica de esa combustión entre imágenes y aspiraciones que anidaban en las clases medias.
Ese clima social propicio a la represión puede advertirse en distintas producciones culturales de la época, como lo muestra una interesante investigación de Sebastián Carassai. Ya en 1973 el personaje del teleteatro Rolando Rivas, taxista, un perfecto epítome de la moral popular conservadora cuyas emisiones paralizaban el país, exhibía a la guerrilla como un factor disolvente y entendía que, para vivir en paz, había que terminar con esos desbordes (“Se tiene que terminar”, sentenciaba Rolando, luego de la muerte de su hermano Quique).
Una publicidad de la empresa Austral, que promocionaba sus vuelos a página entera, resulta muy ilustrativa: bajo el título “Con la izquierda, no”, consistía en un texto que señalaba que las azafatas con la mano izquierda solo sostendrían la bandeja, pero toda la atención sería con la derecha, rematando de este modo: “Si alguna vez le sirven con la izquierda, avísenos. Se nos filtró una zurda”. Por debajo de la aparente humorada estaba el mensaje político –que los publicistas suponían que tendría buena acogida en los potenciales viajeros– y una clara invitación a la delación (“avísenos”). Podría pensarse que esto era una excepción, dado que la compañía Austral había sido fundada por William Reynal, cuya familia estuvo luego ligada al equipo de Martínez de Hoz, pero la hipótesis de que fuera así se desvanece al ver un cúmulo de propagandas que apostaban a representaciones similares.
La empresa Bonafide lanzó un exitoso comercial en el cual Antonio Grimau, en un plano corto, disfrutaba de un caramelo, mientras una voz en off decía que eran los extrafinos revestidos en chocolate. Grimau solo asentía con leves gestos de la cabeza, pero cuando la misma voz en off le pedía que convidara sacaba un revólver y mataba al interlocutor. El aviso concluía con esta frase: “Caramelos extrafinos Bonafide. Para egoístas”. Es decir: una estrategia pensada para captar consumidores naturalizaba el crimen.
La violencia como metáfora estaba presente en el constante uso de armas en publicidades, entrevistas e historietas. El “Beto” Alonso y Carlos Monzón posaron con armas en sendas notas de la Revista El Gráfico; Arnaldo André apuntaba con una escopeta en la Revista Gente; en publicidades de cigarrillos Shelton, Ford Farlaine, Dodge 1500, Peugeot 504 y Lord Cheseline los actores empuñaban armas o sostenían que el producto era “un balazo”. Modart hizo publicidades con el slogan “Liquidart” y con la consigna de que sus prendas eran “Para hombres que visten sin compasión”. Las revistas Claudia y Para Ti incluyeron consejos violentos dirigidos a las mujeres. Incluso en Mafalda aparecieron alusiones a que usar una metralleta era estar a la moda. En el imaginario social de los 70 los valores predominantes eran la ausencia de duda y la resolución drástica de los problemas, por eso el marketing de la época, para vender sus productos, apelaba a estos recursos retóricos.
Si una anécdota muestra el enrarecido clima imperante es la del escritor Antonio Di Benedetto: el 24 de marzo del 76, en la redacción del Diario Los Andes de Mendoza, propuso festejar la caída de Isabel; pocas horas después fue apresado en su despacho, sufrió torturas y un largo cautiverio. En aquel criticado almuerzo con Videla al que asistieron Borges y Sabato se tocó el tema Di Benedetto, sin éxito. No era una dictadura a la que se le pudieran pedir favores. Juan Manuel Fangio también fue a hablar con el General Harguindegui, para pedir por unos mecánicos de Mercedes Benz que habían desaparecido en Mar del Plata; la respuesta fue: “No se meta”. El llamado Proceso fue un brutal salto cualitativo en la espiral de violencia, nada morigera la culpa militar, pero el huevo de la serpiente estuvo en la clase política, que inclinó sus simpatías por la represión impiadosa, y en el “sentido común” de las clases medias argentinas que, con su eterno y frívolo menosprecio por la institucionalidad, produjo la implícita delegación para que se cayera en los oscuros sótanos de la barbarie.
Tipo de trabajo:
opinión
