De Nisman a Stornelli, ataquen al fiscal

En el anecdotario judicial se cuenta que un abogado miembro de un importantísimo estudio, viéndose acorralado por la prueba adversa que se producía en el trámite de un juicio, desesperadamente pidió a su equipo que encontrara una prueba o un argumento que permitiera convencer al jurado de la inocencia de su defendido. Llegado el momento de los alegatos, un colaborador le entregó al prestigioso abogado una carpeta que contenía una hoja con una única escritura que decía: "No hay defensa. Ataque al fiscal".

Más allá de la veracidad de la anécdota, lo realmente cierto es que esta práctica desleal se ha convertido en el recurso habitual de los que abrumados por las circunstancias y la prueba en su contra, ante la falta de otros argumentos válidos, no titubean en defenderse atacando a la persona que los acusa.

Así ocurrió con Nisman y su denuncia, y se repite ahora con el fiscal de la causa de los cuadernos. Respecto del primero, no es ocioso recordar que conocida su muerte, de inmediato se desató desde lo más alto del Poder Ejecutivo una feroz campaña de desprestigio contra el fiscal, tanto en lo personal como en lo funcional. Se lo tildó de corrupto, se ventiló su vida privada, se publicaron fotos íntimas agraviantes ilegalmente obtenidas de su teléfono celular y se dijo que la denuncia que había presentado era un mamarracho jurídico.

Por añadidura, dicha campaña contó con el apoyo de parte del periodismo militante, que rápidamente se enroló en la hipótesis de un suicidio motivado por la vergüenza que supondría para el fiscal la imposibilidad de sostener y fundar su denuncia y por el escarnio que importaría la publicación de los hechos infamantes que se le podrían imputar.

En síntesis, no solo se mató literalmente al mensajero, sino que también mediante una campaña injuriante se pretendió restar credibilidad a la grave imputación que contenía su mensaje.

El mecanismo se vuelve a utilizar ahora en relación con los hechos de corrupción sobradamente acreditados en la investigación del juez Bonadio que impulsa el fiscal Stornelli. En estas actuaciones, no uno sino varios "arrepentidos" confesaron circunstanciadamente reiteradas y sistemáticas defraudaciones al Estado, cometidas desde una asociación ilícita organizada y comandada por encumbrados funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. Como si ello fuera poco, la prueba incriminatoria se completa con las anotaciones registradas en los cuadernos de Centeno, que se desempeñaba como remisero al servicio de los funcionarios corruptos. Este chofer proporcionó una detallada hoja de ruta sobre la forma en la que se recolectaban las coimas y se llevaban al domicilio particular del matrimonio presidencial, en lo que se ha llamado "la bitácora de la corrupción".

Ante la contundencia de la prueba, primeramente se intentó desprestigiar a Centeno diciendo que era un desequilibrado mental, según se desprendería de un expediente militar. Luego, ante el cúmulo de la prueba que ratifica la versión de aquel y los pronunciamiento adversos por parte de la Justicia, se echó mano de la despreciable práctica que se ilustra en la anécdota que encabeza estas líneas: "ataquen al fiscal".

Como último recurso, entonces, se puso en marcha una operación de desprestigio del fiscal Stornelli con el evidente propósito de restar credibilidad a su acusación, tal como sucedió en el caso de la denuncia de Nisman. En ambas oportunidades se recurrió a argumentos que los que estudian la lógica del razonamiento han denominado falacias ad hominem.

Como su nombre lo indica, por medio de esta añeja y extendida forma de argumentación, ante la falta de razonamientos lógicos y válidos, se busca rebatir una opinión -o acusación- desacreditando y descalificando a la persona que la formula. Se trata de una refinada y moderna versión de la antigua práctica de matar al mensajero, que cual manotazo de ahogado, según Freud, presupone el convencimiento de la debilidad de cualquier otra defensa, en el fuero interno del que la emplea.

La similitud de lo ocurrido en los casos de Nisman y de Stornelli salta a la vista y no necesita mayor fundamentación. En ambos se trata de operaciones tendientes a desacreditar acusaciones formuladas contra un mismo grupo de funcionarios que se encuentran acorralados por la prueba reunida en las correspondientes investigaciones judiciales. Tanto en uno como en el otro, los ataques a los fiscales fueron gestados al abrigo de -o encontraron sincronizado eco en- periodistas probadamente reñidos con el respeto a los derechos humanos y la democracia.

La estrategia, el modo de realizarla, los operadores y los beneficiados son siempre los mismos, conformando un modus operandi que los delata y que tiene como objetivo final el ocultamiento de la verdad y la elusión de una condena que se presenta tan próxima como inevitable.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar la gravedad de estas operaciones en cuanto ponen en tela de juicio la credibilidad de nuestras instituciones, extendiendo sus nocivas consecuencias al sistema republicano de gobierno y con ello a todos los que aspiramos a convivir en paz bajo su amparo y protección.

Abogado penalista