Decisiones políticas que destruyen valores
La decadencia de la educación, el estallido policial y la emergencia energética ponen en evidencia el deterioro de la vida social avalado desde las máximas responsabilidades del Estado
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PARA LA NACIONDaniel Larriqueta
Marta Velarde, abogada laboralista y ex diputada nacional por Santiago del Estero, lleva un juicio contra la Anses y el gobierno provincial para que se reconozcan los "adicionales" en el cálculo jubilatorio de cientos de policías retirados. El pago en negro escondido en el argumento de los "adicionales" es de tal volumen que un agente de policía retirado con 25 años de servicio cobra allí en el orden de los 2800. El reclamo administrativo previo fue rechazado con el argumento de que se trata de sumas no remunerativas y no bonificables, con lo que a la Nación y la provincia les parece normal esa mentira de unos adicionales que suman más que el sueldo.
Lo de Santiago no es excepción. En las policías de casi todo el país sucede lo mismo y una parte principal de los reclamos turbulentos del mes pasado están referidos a este delito que tiene consecuencias irrecuperables sobre las jubilaciones y que raramente conocen o comunican los periodistas que hablan del asunto. En todas las jurisdicciones y desde hace años el Estado ha adoptado esta peculiar política previsional, como lo atestiguan aquí en la ciudad autónoma las recurrentes trifulcas con los empleados de la cultura, en el Teatro Colón, para no ir más lejos. Esa política conforma un delito a tres bandas: el empleador paga en negro, el empleado debe ser su cómplice y ambos defalcan a las cajas de jubilaciones o a la misma Anses.
En los que involucran a las fuerzas de seguridad, que no tienen modo de reclamar y cuyas carreras terminan tempranamente en una jubilación, el tema es angustioso. Pero además coloca los valores en un lugar insostenible. En lugar de la tan cacareada "tolerancia cero" tenemos la honradez cero, porque quienes ingresan en esos empleos para luchar contra el delito empiezan con un contrato de trabajo delictivo. Así se destruyen valores: honradez, transparencia, probidad en lo previsional, salario justo y, claro, principio de autoridad.
Pero el tema policial permite también ver otras deformaciones. En la provincia de Buenos Aires, los policías han pugnado por un salario de algo más de ocho mil pesos. Los legisladores provinciales tienen una dieta de seis cifras y disponen entre dieta y gastos de funcionamiento de unos seiscientos mil pesos mensuales. ¿Se supone que los policías bonaerenses no tienen conocimiento de esta disparidad? ¿Y que alguien tiene autoridad para llamarlos al sacrificio y la austeridad frente a tales muestras de insolidaridad? Esos policías son los encargados de proteger la vida, la familia, los bienes y la respetabilidad de sus legisladores?
Todas las policías del país conviven con un creciente clima de corrupción. También los otros ciudadanos, pero sucede que a los policías les pedimos que se jueguen la vida y, por su especialidad profesional, disponen de mucha mayor y más próxima información sobre los chanchullos de los funcionarios de alto nivel, empezando, en muchos casos, por los gobernadores y sus parientes. Así también se incendia la honradez y ¡qué decir de la autoridad!
Dejemos ahora los temas policiales que tanto dolor nos han provocado y pasemos a asuntos menos calientes. Estamos inmersos en una llamada "crisis energética" que en realidad es una minusvalía que se viene anunciando de lejos y que venimos generando con las conductas colectivas. El Gobierno decidió que valores tales como el ahorro y la solidaridad no debían usarse en la cuestión energética. Decidió también que la Argentina es un país ubérrimo y que por lo tanto no hay que hablar de contención o racionalidad en el gasto. Llevamos años de actitudes energéticas de derroche: las tarifas no inducen al ahorro, el sistema de transportes es energético-derrochador, los autos que fabricamos son de tecnología antigua y gastadora, los horarios de los espectáculos y esparcimiento se olvidan del gasto energético, la arquitectura se ha olvidado de la aislación y no hay campañas públicas de educación energética, hoy, cuando la compañía eléctrica de Francia hace grandes avisos en los horarios centrales de la TV ¡para que la gente no se olvide de desenchufar el cargador cuando ha terminado de cargar el celular! Porque el mundo va hacia un nuevo concepto de la energía: energía escasa o cara y los países de vanguardia -grupo al que nosotros hemos elegido no pertenecer- instalan programas de desarrollo global bajando el consumo energético.
¡Pero nosotros tenemos Vaca Muerta! ¡Cómo no íbamos a tener un milagrito que nos evitara el esfuerzo de rediseñar el consumo y cumplir todos una parte del esfuerzo! Pero la Vaca está lejos en el tiempo, supone grandes inversiones que no tenemos, tecnología importada y acaso provoque daños ambientales. ¿No sería más inteligente seguir adelante con el proyecto de petróleo y gas de esquisto, pero, al mismo tiempo, restablecer los valores de ahorro, uso racional y solidaridad en el consumo energético? Gastaríamos menos en Vaca Muerta, negociaríamos mejor con los inversores sin la angustia de la crisis y generaríamos más excedentes exportables.
Una parecida desazón provoca el otro gran tema de estos días cuando se lo mira de cerca. Me refiero a la crisis de la educación. Las pruebas PISA han vuelto a mostrarnos en toda nuestra desnudez, pero tenía que ser un informe internacional porque los internos están prohibidos. Sí, así de extraño.
Durante todo 2013, en nuestra Fundación País Porvenir hemos recibido testimonios reservados de ex ministros de Educación y especialistas académicos para tratar de comprender no los alcances de la crisis educativa, que tiene innúmeros matices, sino dónde se encuentran los principales obstáculos para superarla. Se trató de una exploración política, en el sentido noble que debe tener el término y no de un estudio sectorial.
Lo más sorprendente y hasta escandaloso del sistema educativo argentino es que carece de procedimientos idóneos de control. La ley federal de educación sancionada en 2006 establece en su artículo 97: "La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia". Ya está, que nadie se inquiete. Los queridos valores de transparencia, mérito, emulación y excelencia están eliminados de la educación nada menos que en el texto mismo de esta ley. Y por si esto fuera poco, según informó a la Fundación uno de los especialistas, la ley usa en 16 ocasiones la expresión"deber"con sus variantes y en 129 la palabra "derechos".
Así tenemos una vasta cofradía de corporaciones que intervienen en la educación a las que confiamos la formación de nuestros niños y jóvenes y entregamos treinta mil millones de dólares por año -el famoso 6% del PBI-, pero protegidos de cualquier acción de auditoría o control. Y al destruir la transparencia de la información educativa, privamos a la escuela y a la universidad del mejor aliado del Estado en su conducción, la decisión de los padres, ahora privados de información comparativa.
En los tres temas explorados, de rigurosa actualidad, se puede entrever el fondo de la crisis argentina. A veces la información detallista da la impresión de que se dice todo, cuando en verdad se está ocultando lo crítico, lo decisivo, lo inquietante. Los tres asuntos están cruzados por el abandono, la destrucción premeditada o el desinterés por los valores que hacen a la vida de la sociedad en sus aspectos más sensibles. Y si éste es el modelo político que hemos elegido, es legítimo sentir que la Argentina está amenazada de disolución. Simplemente, porque el país se construyó con todos esos valores que ahora arruinamos y que nadie puede prever cómo serán reemplazados. Y qué sociedad resultará en lo porvenir.
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