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Demandar para callar: cuando el poder usa la Justicia contra la prensa
Cuando un periodista es llevado a tribunales por expresarse sobre asuntos de interés público, el problema no es solamente de índole individual. Tampoco es una disputa privada entre dos partes que buscan reparar un daño, como se suele presentar. Lo que está en juego es algo mucho más profundo, incluso peligroso: si quienes ejercen el poder pueden convertir a la Justicia en una herramienta para disciplinar la crítica, lo que se pone en riesgo, en el fondo, es el derecho a la información que mide la transparencia de nuestra sociedad.
Ese es el riesgo que plantean las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (o SLAPPs, por sus siglas en inglés): que operan como mecanismos de presión y hostigamiento. Mientras que a la luz se presentan como disputas judiciales, en las sombras persiguen un objetivo que no es el de reparar a un individuo de un agravio sino desgastar, intimidar y desalentar el debate público. De esta forma, el proceso judicial deja de ser un instrumento de justicia y pasa a funcionar como una advertencia disciplinadora. Incluso una pseudo sanción anticipada en algunos casos, con la carga psíquica y física de una sentencia. No hace falta que haya condena para que el mecanismo cumpla su función. El mero proceso basta para producir el efecto buscado: consume tiempo, recursos y energía. Doblega a quien se atreve a preguntar, indagar y echar luz sobre los aspectos más controversiales de un gobierno. Obliga al demandado a concentrarse en su defensa en lugar de continuar con su trabajo, poniendo a prueba su resiliencia en una batalla asimétrica.
Así envía un mensaje claro a quienes observan desde afuera: hablar puede tener consecuencias. En otras palabras, bajo la apariencia de un litigio privado se esconde un mensaje que golpea al conjunto de la sociedad. Aunque no siempre resulte tan evidente.
De ahí que las SLAPPs no pueden analizarse como litigios ordinarios porque su misma naturaleza las define como un proceso marcado por la desigualdad de poder entre las partes, el abuso del sistema judicial, las demandas desproporcionadas, la multiplicación de acciones y todo ello acompañado generalmente por campañas de descrédito.
En la Argentina, esta discusión se volvió especialmente relevante desde el inicio del gobierno de Javier Milei porque de su mano se consolidó un clima de confrontación marcado por discursos agresivos contra el periodismo y la utilización de acciones judiciales como mecanismos de disciplinamiento. Ningún presidente argentino recurrió a la vía penal para acallar la expresión de críticas, información u opiniones referidas a su persona con la recurrencia y liviandad con la que lo está haciendo Milei. Y esto es peligroso. Desde Amnistía Internacional registramos al menos ocho posibles SLAPP iniciadas por el presidente contra los siguientes periodistas: Ari Lijalad, Carlos Pagni, Viviana Canosa, Julia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos.
En el pasado, Argentina fue condenada en dos oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso abusivo de la justicia (penal y civil) contra periodistas. Sin dejar de reconocer el deber del periodismo de informar y verificar razonablemente las fuentes, en Kimel (2008) ordenó adecuar la normativa interna, lo que derivó en 2009 en la reforma del Código Penal eliminando las penas de prisión para injurias y calumnias cuando se refieran a asuntos de interés público; y en Fontevecchia y D’Amico (2011) determinó la responsabilidad del Estado por la violación a la libertad de expresión, sentando estándares clave sobre la protección del debate público y los límites a las sanciones civiles desproporcionadas.
Pese a contradecir estos precedentes, lo que distingue la dinámica del presente es la reiteración de denuncias en un contexto de hostilidad política hacia el periodismo crítico, donde la judicialización aparece acompañada por discursos de estigmatización pública. Cuando esas dos dimensiones se combinan —descalificación pública y persecución judicial—, el efecto amedrentador se vuelve mucho más poderoso y multiplica su capacidad destructiva.
El silenciamiento como política
Las SLAPP no son un fenómeno argentino ni reciente. El término comenzó a utilizarse a fines de los años ochenta para describir demandas destinadas a frenar la participación ciudadana en debates públicos. En las últimas décadas, su expansión se convirtió en una preocupación global. Organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido sobre el uso del sistema judicial como mecanismo para intimidar a periodistas, activistas y voces críticas.
Los efectos de estas prácticas están bien documentadas. Incluso cuando las demandas fracasan, generan lo que el derecho internacional se denomina “efecto inhibidor”: el temor a enfrentar procesos judiciales largos y costosos lleva a periodistas y medios a moderar sus investigaciones o evitar determinados temas. La autocensura no aparece como una orden directa. Surge como consecuencia del miedo.
En la Argentina actual, Milei ha utilizado de forma reiterada sus redes sociales y entrevistas para descalificar a periodistas críticos con expresiones como “mentirosos”, “ensobrados” o “mandriles”, entre otros insultos. “No odiamos lo suficiente a los periodistas” se vuelve un mantra que algunos apóstoles del poder hoy repiten como estrategia de cuestionamiento pero que otros abrazan como un credo. Por estas razones ese tipo de discursos dista de ser inocuo. Cuando el poder político identifica públicamente enemigos, crea un terreno fértil para la intimidación. Incluso para la descarga física y la violencia psicológica.
Los datos disponibles reflejan ese retroceso. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH registró un “deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina”, vinculado a la baja tolerancia del Poder Ejecutivo frente a las críticas. Fopea, por su parte, reportó 278 casos de violencia contra periodistas en 2025, de los cuales 119 tuvieron al presidente como principal agresor. En 2024 habían sido 179, con una mayoría de agresiones provenientes del Estado o de actores vinculados al poder.
En ese contexto se inscriben los ocho casos mencionados. Algunos ya tuvieron movimientos en la Justicia: el juez Daniel Rafecas desestimó las denuncias contra Carlos Pagni y Ari Lijalad, aunque en este último caso Milei apeló y la causa sigue abierta, trabada en una instancia de conciliación que fracasó porque el propio abogado del presidente tenía la instrucción de no acordar sin una retractación. También Julia Mengolini fue denunciada por injurias a partir de sus expresiones sobre el vínculo entre Javier y Karina Milei y los perros del mandatario. Y, como en el caso de Lijalad, los tribunales no pusieron un freno temprano al proceso, sino que lo dejaron avanzar. La pregunta es inevitable: ¿cómo es el día a día de un periodista que, mientras intenta informar y aportar al debate público, debe defenderse en causas penales y civiles impulsadas nada menos que por el presidente de la Nación?
El patrón es evidente más allá de las particularidades de cada causa. Se trata de periodistas que cuestionaron al poder y en consecuencia enfrentan procesos criminales iniciados por el blanco de sus críticas. Argentina no es ajena a un escenario global de retroceso para la libertad de prensa: judicialización abusiva, criminalización del disenso, encarcelamiento de periodistas y expansión de la autocensura. Informes recientes señalan tendencias preocupantes en países como China, Turquía, Paraguay o Estados Unidos.
Las SLAPP prosperan con mayor facilidad en contextos donde las instituciones democráticas se mantienen formalmente en pie, pero el espacio de deliberación pública se reduce. En esos contextos, donde las reglas republicanas existen, pero se debilitan en la práctica, el rol del Poder Judicial se vuelve clave como último resguardo de los derechos constitucionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue categórica al respecto: cuando funcionarios públicos utilizan demandas penales para silenciar críticas sobre su actuación, se viola la libertad de expresión. Por eso los jueces tienen la obligación de desactivar rápidamente estos procesos y evitar su efecto intimidatorio. La lógica es clara: quienes ejercen funciones públicas deben tolerar un nivel más alto de escrutinio y crítica. El honor de los funcionarios puede protegerse, pero no mediante el derecho penal cuando lo que está en discusión es el debate democrático.
Si estas prácticas se consolidan, el problema ya no será sólo la denuncia. Será la validación institucional de un mecanismo que debilita el debate en las sociedades modernas. Porque en definitiva las SLAPP no buscan necesariamente ganar una puja en los tribunales sino subyugar a quien se anima a alzar la voz frente al poder. Por eso su impacto trasciende al periodista demandado.
Defender la libertad de expresión frente a las SLAPP no es proteger un privilegio corporativo. Es garantizar el derecho de la sociedad a recibir información, debatir ideas y demandar la rendición de cuentas a quienes gobiernan. Porque cuando el poder acciona para callar al otro, lo que se pone en riesgo no es sólo la libertad de quien habla. Lo que se afecta es la libertad de todos los argentinos, a quienes se les priva del derecho a conocer el pensamiento ajeno para formar el propio.
Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
