Despolitizar la Justicia

El caso del juez Eduardo Freiler, denunciado en el Consejo de la Magistratura por diversas irregularidades y por la comisión de delitos tales como enriquecimiento ilícito, ha dejado un sabor amargo en la ciudadanía y ha deteriorado más la imagen del Poder Judicial. Ante pruebas evidentes para su destitución, la instrucción de la ex presidenta a su grupo de seguidores para impedir su juzgamiento bloqueó la iniciación del juicio político del mencionado magistrado federal.

El episodio pone en evidencia la crisis y la paralización del Consejo de la Magistratura para la designación y para la remoción de los jueces. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación deberán debatir luego de las elecciones la integración y el funcionamiento de dicho organismo.

A nivel institucional, hemos recuperado el funcionamiento del Congreso de la Nación como un lugar donde existen debates parlamentarios, sin un partido político que imponga sus ideas y condiciones en forma hegemónica. Se han sancionado más de 80 leyes, producto del consenso entre los distintos bloques legislativos. Entre ellas, no podemos dejar de mencionar la demorada ley de acceso a la información pública, que hoy ya cuenta con su respectiva reglamentación; la de un debate presidencial obligatorio; la de un presupuesto nacional para el año en curso sustentado en estadísticas y datos confiables, y una normativa que ha limitado los superpoderes vigentes hasta el corriente año. Lamentablemente, no podemos aún incluir en este rubro la reforma electoral, para modificar un sistema ya agotado.

Estas leyes significan un avance importante en materia de transparencia, ética y respeto por la división de poderes, lo que nos permite caminar en el sendero de un país más previsible para quienes vivimos aquí y para los que desde el exterior ven una oportunidad de inversión más segura. Falta mucho por hacer, pero el cambio prometido en la campaña electoral de Mauricio Macri comenzó a materializarse.

El presidente de la Nación se comprometió a despolitizar la Justicia. Ha transcurrido un período prudencial desde su asunción y hay una importante asignatura pendiente respecto de la influencia de la política en la Justicia para la designación y remoción de magistrados.

En la última década, el funcionamiento del Poder Judicial fue empeorando por los ataques sistemáticos que sufrieron sus integrantes y su independencia, lo que impidió cambiar todo lo que ya había que corregir. Durante dicho período sólo fue posible defender y apoyar a los jueces, fiscales y otros funcionarios valientes que resistieron como pudieron la ofensiva gubernamental kirchnerista, que utilizó todas sus armas para tratar de sojuzgarlos, desde el dictado de leyes absurdas e inconstitucionales como el paquete de seis normas para la "democratización de la Justicia" -que finalmente la Corte Suprema declaró inconstitucional- hasta amenazas, denuncias penales, nombramientos digitados y otras maniobras que destruyeron la confiabilidad del Poder Judicial.

El Ministerio de Justicia hizo circular a principios de 2016 un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, para el que se consultó a distintas instituciones de abogados, jueces y académicos. Se les solicitaron aportes y críticas a la iniciativa oficial, que posteriormente se enviaría al Congreso y que formaba parte de un conjunto de propuestas legislativas que tenían como objetivos fundamentales afianzar la independencia judicial y lograr una más eficaz prestación del servicio de justicia. En sus fundamentos, señalaba que una de las falencias institucionales más graves de los últimos años fue la falta de selección de magistrados de los tribunales inferiores, función más relevante que justificó su creación en la reforma constitucional de 1994.

El propósito principal del proyecto era lograr una estructura que le diera operatividad y le permitiera cumplir al Consejo el rol original para el cual había sido creado. Entre sus cambios más significativos se podía resaltar el reemplazo de los legisladores por representantes de éstos. Los futuros consejeros, que deberán ser elegidos entre juristas de reconocido prestigio y con especial conocimiento en el funcionamiento judicial, permitirán que la actividad de este organismo no gire en torno a las presiones políticas partidarias en la designación o remoción de magistrados y tampoco en la agenda legislativa del Congreso.

Si bien éste es un año electoral y sensible para el tratamiento de una reforma como la propuesta, debería existir la voluntad política del Poder Ejecutivo de remitir el proyecto al Congreso para su tratamiento y posterior aprobación después de octubre.

Ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires