Disparos en el alma: del libertarismo a la verdad oficial
Gobierno: impulsado por el triunfo electoral y con renovado espíritu reformista, materializó una idea tan sorprendente como esquiva para las verdaderas mentes libertarias: una reversión del kirchnerista Nodio, destinada a rastrear y desmentir todo artículo e información periodística contrarios a los intereses del poder
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Es notable cómo las principales figuras del Gobierno oscilan pendularmente entre la humildad –esa virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento– y la soberbia, entendida como cólera e ira expresadas a través de acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas. En estas dos definiciones antagónicas puede encontrarse la doble personalidad del mileísmo: una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde vernáculo, que muta de acuerdo con las emociones provocadas por los sucesos de su propia gestión.
Cabe recordar la actitud sosegada, reflexiva e incluso más respetuosa que el Presidente y su equipo mostraban en los días previos a la elección legislativa de octubre pasado, cuando el recordado rugido de la campaña presidencial devino aplacado y temeroso murmullo entre las filas libertarias ante la posibilidad cierta de una derrota que afectara severamente el rumbo reformista trazado por el Gobierno.
Sin embargo, luego del imprevisible y rotundo éxito oficialista en la votación de octubre, la ilusión de una construcción política civilizada e inclusiva fue cediendo su lugar al resurgimiento del león herido: el Mr. Hyde de caricatura y manual, el que encarnó el presidente Milei el domingo pasado al inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, ridiculizando empresarios y agrediendo opositores desde el efímero atril del poder. El de la soberbia venciendo a la humildad.
Fue en ese contexto poseleccionario que, impulsado por el triunfo y con renovado espíritu reformista, el Gobierno materializó una idea tan sorprendente como naturalmente esquiva para las verdaderas mentes libertarias: la creación de la llamada “Oficina de Respuesta Oficial”, reversión del kirchnerista Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio), destinada a rastrear y desmentir todo artículo e información periodística que resulten contrarios a los intereses del poder.
El hecho, lamentable, revela un problema profundo: la tentación de institucionalizar la verdad. Y devela, a su vez, una faceta irritante y contradictoria de un gobierno que decide erráticamente destinar recursos públicos –así sean magros– a designar burócratas oficiales como rectores y decisores de lo cierto y lo falso, eliminando matices, pensamientos alternativos, interpretaciones diversas y conclusiones individuales.
Desde su concepción, la Oficina introduce un sesgo autoritario evidente. No propone debatir, ni contrastar, ni enriquecer el intercambio público. Propone dictaminar. Lo que emane de ese despacho será la versión correcta, la oficial, la verdadera. Fin.
La ORO no contempla interpretaciones alternativas. No admite miradas distintas. No reconoce que un mismo contexto puede ser leído de modos diferentes. La complejidad del debate público queda reducida así a una resolución administrativa. Y cuando un gobierno asume el rol de árbitro del discurso, el resto de las voces pasan a ser –por definición– sospechosas.
Incluso si se suspendiera por un momento la discusión filosófica, la creación de esta Oficina resulta torpe desde el punto de vista estratégico para el propio Gobierno. El objetivo de escrutar y desmentir lo que publiquen miles de medios, sitios web, blogs y plataformas digitales instala una paradoja monumental: todo aquello que no sea expresamente desmentido por la Oficina podrá interpretarse como verdadero. Frente a la lógica incapacidad material de revisar cada publicación, detener cada rumor o cada “operación” –en palabras del propio Gobierno–, el silencio oficial terminará otorgando a mil mentiras un certificado tácito de veracidad.
Lo más sorprendente es la contradicción ideológica que brota de los poros de este nuevo Gran Hermano tuerto: un gobierno que se define libertario –y que ha hecho del mercado de las ideas un pilar conceptual– ha decidido crear un órgano estatal para intervenir, precisamente, ese mismo ámbito que había sacralizado. Bastaría releer a Murray Rothbard, uno de los pensadores más reivindicados por el presidente Javier Milei –cuyo nombre incluso lleva uno de sus “hijos de cuatro patas”– para advertir el choque frontal. Rothbard sostenía que el Estado no debe intervenir en el discurso público ni erigirse en moderador de la información, pues cualquier intento en ese sentido implica censura indirecta o vigilancia.
Desde esa óptica, la injerencia estatal en el flujo informativo contradice el principio de libertad, y la noción de “verdad oficial” estigmatiza la crítica. Así como el mercado de ideas debe autorregularse exclusivamente mediante competencia y escrutinio ciudadano, los recursos públicos no deberían destinarse a señalar, perseguir periodistas o controlar publicaciones. La paradoja es casi literaria: el mismo pensamiento que condena la intervención estatal es desmentido por una nueva intervención estatal. La primera resolución de la Oficina de la verdad será desmentir a su creador.
El poder siempre sintió fascinación por la idea de administrar la realidad. No es nuevo ni exclusivo de ningún signo político. Lo novedoso, aquí, es la contradicción interna. Porque cuando desde el Estado se asume la función de verificador permanente, el debate público deja de ser horizontal: se verticaliza. El ciudadano ya no contrasta fuentes; espera el comunicado. Y esta conducta no sabe de izquierdas y derechas, o mejor dicho, sabe de ambas, pues allí donde se tocan los extremos se encuentran los rasgos arquetípicos de la conducta totalitaria. Sobran pruebas al respecto, de antiguos y recientes gobernantes, en nuestra región y en el resto del mundo.
La democracia no se fortalece creando despachos que certifiquen lo cierto y lo falso. Se fortalece tolerando la incomodidad del pluralismo. En una reciente nota de opinión publicada en este diario, Arturo Pérez-Reverte señala con agudeza los riesgos que entraña el fin del diálogo verdaderamente democrático, aquel que se practica con honestidad intelectual, sin censuras ni temores frente a las ideas del otro.
El Gobierno y sus funcionarios, naturalmente, tienen todo el derecho a contestar, discutir y exponer su punto de vista sobre cualquier tema, pero ese derecho se diluye y se evapora ante la pretensión totalitaria de adueñarse de la verdad.
La creación de este inverosímil despacho verificador es, en esencia, la consecuencia venenosa de un error de concepción: la fantasía de que el Estado puede adjudicarse la potestad de ordenar el pensamiento público. Es el intento –ancestral y siempre fallido– de moldear la realidad desde un escritorio. Y es, sobre todo, un acto de autolesión política: un gobierno que se dice libertario disparándole directamente al alma de la libertad.
Tipo de trabajo:
opinión
