Educación femenina, de 1823 a hoy

Un 12 de abril de 1823, por iniciativa de Bernardino Rivadavia, ministro de gobierno de Buenos Aires en la gobernación de Martin Rodríguez, comenzaba a funcionar la Sociedad de Damas de Beneficencia, emparentada con lo que hoy conocemos como asociaciones mutuales o de socorros mutuos.

Fomentar la educación femenina y garantizar la organización de establecimientos apropiados fueron sus objetivos determinantes, asignándole a la mujer un papel relevante en la misión educativa, rol omitido o descuidado por aquel entonces. Eran tiempos donde no existía la perspectiva de género.

La Sociedad de Beneficencia funcionó como tal hasta septiembre de 1946, cuando el presidente Juan Domingo Perón ordenó su intervención, imponiendo a su adlátere Armando Pérez de San Martín al frente de la entidad.

Un dato no menor fue que Perón montó en cólera cuando se vetó el nombramiento de la primera dama argentina, María Eva Duarte, como “presidenta de honor”. Fundamento de ese veto fue la juventud de Evita, entre otras inhabilitaciones. Consecuentemente, las funciones de la Sociedad de las Damas de Beneficencia intervenida fueron loteadas en secretarías que se publicitaban como logros de la esposa de Perón. Previsiblemente, la Sociedad de Beneficencia dejó de existir un año más tarde cuando en su reemplazo se constituyó la Fundación Eva Perón.

Ahora bien, desde sus prolegómenos la gestión de dicha sociedad de beneficencia estuvo en manos de mujeres las que debían encargarse, -entre otros objetivos- de la educación de las niñas en una ciudad como la de Buenos Aires que, hasta ese momento, no contaba con escuelas para ellas.

A partir del surgimiento europeo del “socorro público” (siglo XV), se combinaron el ideal solidario de humanismo cristiano con las necesidades de control social y las de atemperar pobrezas, propias de una incipiente sociedad burguesa y capitalista, sin responsabilidad social.

Si de humanismo cristiano femenino se trata, el cura José Gabriel del Rosario Brochero (1840/1914) -santo pastor de las traslasierras cordobesas- desde el inicio de su curato o ministerio, se ocupó personal y abnegadamente por la educación femenina y la promoción de la mujer.

Lo hizo en cada recomendación educativa a jovencitas de las serranías o de las ruralidades, logrando para ello la construcción de una escuela para niñas, espacioso edificio (hoy como histórico Museo Brocheriano funciona en la primitiva Casa de Ejercicios Espirituales construida por el cura Brochero en 1877, edificio declarado Monumento Histórico Nacional el 9 de Mayo de 1974) destinado a colegio interno en dónde se proporcionaba una vasta y sólida instrucción femenina, tan útil y necesaria para un digno y autónomo desarrollo de la mujer en un adverso y dificultoso alto interior del interior.

Finalmente, triste y vergonzosamente, aún estamos ante una política educativa extraviada, sin novedad, cuando no se valora apropiadamente a sus maestros, cuando no se actualizan y adecúan contenidos curriculares, cuando no se forman formadores, mentores y docentes. En síntesis, cuando se posterga de tal manera a la Educación en general, una y otra vez, negando cínicamente dignos salarios, equipamientos apropiados en las aulas, edificios y demás infraestructura escolar (urbana, rural, zonas/regiones geográficamente desfavorecidas, etc.); procrastinando así, prolongada e injustamente, derechos de ciudadanía como el de la educación; no solamente femenina.

Ello desnuda y denuncia una ausencia absoluta de ecuanimidad y equidad presupuestarias, mientras se realizan escandalosos dispendios en otras áreas o poderes (que no funcionan) privilegiados en exceso; por ejemplo, las grandes empresas del estado, los legislativos nacional y provinciales, etcétera.

Luego, si el interés es la medida de la acción, los hechos de la dirigencia política en funciones revelan claramente que, en la Argentina, la educación no es prioridad oficial, no obstante las expresas previsiones contenidas en la Ley de Educación Nacional 26.206/06, artículo 3º: “La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.

Experto en Cooperativismo de la Coneau