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Educación, un ministerio necesario
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El anuncio oficial de la supresión del Ministerio de Educación y de su conversión en una dependencia de coordinación ha merecido en términos mayoritarios un franco rechazo, tanto de los especialistas en materia educativa como de quienes ejercen la docencia en los distintos niveles de la enseñanza, incluida el área universitaria.
La razón determinante de la sorprendente medida se vincula con la necesidad de efectuar reducciones presupuestarias. Se trata de un fundamento a todas luces inconsistente. Si lo que se pretende es ahorrar recursos, lo que corresponde es redefinir funciones y achicar las estructuras burocráticas de ese sector de la administración. Pero de ningún modo puede aceptarse la supresión de un ministerio que, por su tradición y jerarquía, es parte inseparable del desenvolvimiento cultural de la Nación y es, sobre todo, la expresión moral y material de la obligación ineludible del Estado de velar por la formación de las personas y por el desarrollo de la inteligencia en todos los habitantes del país.
No se ha reparado, además, en las bases normativas sobre las cuales se sustenta el Ministerio de Educación, que no pueden ser alteradas sin la aprobación del Congreso, que cuando sancionó la ley federal de educación estableció en el artículo 53 el rol que debía cumplir la cartera ministerial. Entre las funciones que se le asignan se cuentan las de garantizar el cumplimiento de los principios, objetivos y tareas del sistema educativo nacional, ejercer los controles de calidad acerca de planes y programas; realizar el análisis, la evaluación y el seguimiento del proceso educativo, instrumentar las compensaciones por desigualdades en la oferta educativa, brindar asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones, dictar las normas generales sobre equivalencias de títulos y estudios, promover y concertar la creación de una red de formación, perfeccionamiento y actualización del personal docente y no docente, impulsar el desarrollo de planes de investigación, información y documentación, y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y bilateral.
En cuanto a la supuesta área de coordinación que se aspira a crear para sustituir al ministerio, conviene señalar que esa función es justamente la que cumple el Consejo Federal de Educación, organismo que integran los ministros de Educación de las diferentes jurisdicciones provinciales. Si se eliminara el ministerio, ese consejo quedaría como estructura principal del sistema, pero con un nivel de autoridad decididamente insuficiente.
Es, pues, totalmente desaconsejable la supresión de un ministerio de enorme importancia institucional y de presencia invariable en todos los países del mundo que dan a la educación la importancia que le corresponde. Aún más: asombra la medida que se propone si se piensa en la misión que le cabe a la enseñanza en la recuperación de un país en grave crisis, compleja y profunda. En momentos en que más se necesitan los servicios de una educación que contribuya a capacitar para el trabajo, que oriente a la minoridad y a los jóvenes en proyectos constructivos, que disipe el malestar social y que afirme los valores que sustentan la convivencia resulta inaceptable que se intente producir en el país ese retroceso.
El derecho constitucional de enseñar y aprender, la responsabilidad indelegable que tiene el Estado de fijar y controlar las políticas educativas y la necesidad de garantizar el acceso de todos a los distintos niveles educativos reclaman un ministerio nacional que cubra esas funciones en el más alto nivel de eficiencia. Bienvenida la idea de reducir los excesos burocráticos. El Ministerio de Educación que se necesita debe contar con una estructura ágil, pequeña y dinámica. No necesita más para llenar su imprescindible misión.
