El aborto, rumbo a una definición por penales

Ni el alto nivel de civilidad con el que, a lo largo de dos meses, se debatió en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre un tema tan sensible para la sociedad como la legalización del aborto ha podido acercar dos posiciones hasta ahora irreductibles. A tal punto que es probable que el 13 de junio, un día antes del inicio del Mundial de Fútbol de Rusia, asistamos en la Cámara baja a la primera definición por penales. La disputa no enfrentará a Messi y Neymar, sino a los partidarios de consagrar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo y quienes rechazan tajantemente esta alternativa anteponiendo los derechos de la persona por nacer.

Observadores del mundo parlamentario ven una llamativa paridad de fuerzas que podría terminar siendo dirimida por una veintena de diputados que permanecerían indecisos. Impulsores de la despenalización admiten hoy que la votación se definiría por muy escasos votos y que si la iniciativa supera Diputados, encontraría serios escollos en el Senado.

A juzgar por ciertos sondeos de opinión pública, la ola de apoyo a la habilitación de la interrupción voluntaria del embarazo ha perdido algo de fuerza. Una encuesta de Isonomía, concluida el 23 de abril entre 2000 personas de todo el país, da cuenta de que el 46% de la población está en contra de la despenalización del aborto y el 45% a favor, en tanto el 8% no sabe o no contesta. Hasta aquí, un empate técnico. Pero cuando se les pide a los encuestados que imaginen una política pública de salud que contemple educación sexual integral y planificación familiar, y que el Estado asegure, ante casos de embarazos no deseados, el acceso a un sistema sanitario completo, con controles frecuentes de la madre y el hijo, contención psicológica y asistencia al parto para facilitar la adopción del niño, el 60% se inclina por la promoción de esta normativa, al tiempo que se reduce al 25% la preferencia por permitir el aborto por cualquier motivo.

Otra encuesta, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, finalizada el 27 de abril entre 620 personas en la ciudad de Buenos Aires, indica que el 51% de los consultados está de acuerdo con la despenalización, el 37% se manifiesta en contra y el 12% no sabe o no responde. Sin embargo, el sondeo advierte también sobre un alto desconocimiento de que, en la Argentina, el aborto es legal bajo determinadas circunstancias específicas como los casos de violación o de peligro de muerte materna: el 58% indicó que no lo sabía.

A la incertidumbre sobre el resultado del debate que tendrá lugar dentro de dos semanas en Diputados, se suma cierto desconcierto en el oficialismo, por la posición favorable a la despenalización que manifestó el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, durante su reciente exposición en el plenario de comisiones. Con numerosos datos estadísticos de la Argentina y de otros países, sintetizó así su postura:

• "El aborto existe y no podemos soslayarlo.
• "Los países con marcos legales restrictivos no reducen el número, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros.
• "La despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales."

El ministro de Salud pareció dar razones a las organizaciones que hacen campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y provocó críticas por parte de quienes esgrimen que el primer derecho humano es el derecho a la vida, y que esta comienza desde el momento de la concepción y no después de las 14 semanas del proceso gestacional. Entidades antiabortistas han multiplicado sus acciones instando a "cuidar las dos vidas" y buscando crear conciencia de que "para salvar la vida de una mujer, no hace falta eliminar la de su bebito".

Pero la exposición del ministro planteó otra arista preocupante, cuando informó que el porcentaje de embarazos no intencionales en el país alcanza el 58,4%, y que se eleva al 67,5% entre las adolescentes de 15 a 19 años y al 84,9% entre las menores de 15 años. Tal situación revelaría graves deficiencias en materia de educación sexual y de acceso a métodos anticonceptivos. También, que se torna necesario actuar sobre las causas antes que sobre las consecuencias de los embarazos no deseados.

Un temor que manifiestan diputados que no son partidarios de la despenalización es que esta alternativa termine reemplazando a los métodos anticonceptivos. El aumento de los casos de sífilis en los últimos meses señala que el uso del preservativo se viene relajando.

Las propias estadísticas del Ministerio de Salud dan cuenta de otros problemas que afectan a la mujer. En 2016, se registraron 245 muertes maternas en nuestro país, de las cuales 43 fueron por abortos, sin que se pueda distinguir entre los ilegales y los espontáneos. En el mismo año murieron 525 mujeres por deficiencias de nutrición y anemias nutricionales, sin que se produjeran movilizaciones ni debates legislativos por este problema cuya solución no requiere costosos medicamentos, sino algo mucho más simple: comida.

La argumentos de Rubinstein a favor de la despenalización sembraron también discordia en las filas de Cambiemos. Joaquín De la Torre, ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, lo puso de manifiesto: se preguntó si el titular de la cartera de Salud habló a título personal o como representante de un gobierno, cuya máxima autoridad, el presidente Mauricio Macri, ha dicho que no comparte la idea de permitir la interrupción voluntaria del embarazo. Junto al primer mandatario, varios de los principales referentes de la coalición oficialista, como la propia Vidal, Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Elisa Carrió y Marcos Peña se han pronunciado en contra de la legalización del aborto.

Desde que Macri instaló en marzo el debate sobre la despenalización del aborto en la agenda legislativa, aun sin coincidir con esa propuesta, se supuso que apuntaba a relegar a un segundo plano las cuestiones económicas en la opinión pública. Está visto que si ese fue el plan, no terminó como se esperaba: la consolidación del proceso inflacionario, la crisis cambiaria y las subas de tarifas se terminaron imponiendo como principal preocupación. Pero la discusión sobre el aborto dividió transversalmente a buena parte de las fuerzas políticas, además de profundizar la grieta que separa a quienes defienden la vida de la persona por nacer de quienes consideran que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo debe permitirle interrumpir voluntariamente un embarazo.

Cualquiera sea el desenlace del debate parlamentario, la jugada de Macri de habilitar la discusión puede no estar exenta de riesgos políticos. Si la despenalización es sancionada, los sectores antiabortistas podrían responsabilizarlo por haber puesto el tema sobre la mesa. Y si es finalmente rechazada, los portadores de pañuelos verdes podrían culpar de su fracaso a la plana mayor del oficialismo.

Pese a la madurez con que ha transcurrido el debate en las comisiones parlamentarias, los sectores en pugna no han podido mostrar hasta ahora capacidad para encarar alternativas superadoras a la opción por sí o por no a la legalización del aborto. Tal vez la discusión esté requiriendo un plan B, que ponga el foco en otro eje. Más concretamente, en la lucha contra la pobreza, que continúa siendo el principal factor de riesgo de mortalidad materna, y en la promoción de mejores políticas de educación sexual y salud reproductiva, a partir de las cuales se logren disminuir tantos embarazos no deseados.