El acceso al alquiler es acceso a la vivienda

Ante el debate público sobre el alquiler y la reforma de la Ley 27.551, sancionada en 2020, es necesario mencionar un componente de la norma que tuvo poca trascendencia pero que sigue siendo indispensable atender: el alquiler social.

La mencionada Ley de alquileres crea, en su Art. 17, “el Programa Nacional de Alquiler Social, destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal”.

Entendemos por alquiler social aquel que debe contemplar a una población que no accede a las viviendas ofrecidas por el mercado, y cuya situación excede los puntos generales de la ley. Es decir: requiere una atención diferente por parte del Estado, que considere las particularidades y características propias de la problemática.

Este programa de alquiler social debía estar dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, pero hasta el día de hoy no se ha implementado ni parece haber posibilidades al respecto. Definitivamente hay unanimidad respecto a su necesidad e implementación, pero no está en debate ni aparece en agenda.

La Ley de alquileres implica un reconocimiento de derechos y consideramos que el alquiler social tiene un potencial de reducción del déficit habitacional aún no considerado. Para su implementación, el Estado y el trabajo coordinado con distintos sectores podrían operar a través de herramientas para la implementación de respuestas, como ya ocurre en otros países.

El programa de Alquileres Tutelados de Hábitat para la Humanidad Argentina fue creado hace más de 10 años para demostrar que, bajando las barreras formales de acceso, familias que alquilaban precariamente sostienen un alquiler “de mercado”. En el edificio, construido íntegramente por la organización donde antes había un conventillo deshabitado y en malas condiciones, los nueve departamentos son alquilados a familias que tienen el dinero para pagar un alquiler, pero que no pueden acceder a él.

Hoy, miles de familias en todo el país deben vivir en inquilinatos, hoteles-pensión o conventillos pagando precios similares al de un alquiler formal, pero con pésimas condiciones, lo que produce enfermedades, ausentismo laboral y escolar, y hasta la muerte. La ausencia de controles hace que queden por fuera de la órbita del Estado y del mercado.

Desde nuestro lugar seguiremos visibilizando la problemática y abogando por la implementación de las posibilidades mencionadas y aún no exploradas de la Ley para que los derechos sobre la vivienda en alquiler avancen y no retrocedan, incluyendo cada vez a más personas. Es necesario empezar a confeccionar planes y programas que den respuesta al alquiler social como forma de acceso a la vivienda y a la ciudad considerados como derechos humanos.

Directora Hábitat para la Humanidad Argentina